“Trabajamos con las víctimas para que conozcan la hoja de ruta. Estamos defendiendo sus derechos”: Mónica Sánchez, representante del Ministerio Público.
El general (r) Mario Montoya firmó este miércoles el acta de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dentro de su sujeción deberá presentar ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP un plan sobre la forma como contribuirá a la verdad, así como las modalidades de reparación.
“Son más de 70 las víctimas que fueron reconocidas por la JEP para esta etapa inicial que corresponde a la audiencia de sometimiento y firma del acta del general(r) Mario Montoya ante la jurisdicción”, explicó Pedro Díaz Romero, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas,
El jurista le recordó a Montoya que ya hay más de 450 víctimas identificadas dentro del proceso y que su caso es significativo porque es el general de más alto rango que acude ante esa jurisdicción.
El general es acusado por las víctimas del conflicto armado, de participar presuntamente en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2010, así como de tener supuesto vínculos con los grupos paramilitares que operaban entonces en el país.
Diaz Romero señaló que el proceso apenas comienza y que la JEP podrá solicitar a los organismos de investigación más información sobre las denuncias que cursan en contra del exoficial colombiano e identificar más víctimas de las ya registradas.
Durante la audiencia, algunas víctimas abandonaron el recinto con el argumento de que la Sala de Jurisdicción estaba dándole prioridad al perpetrador. “Somos desconocidos en esa sala, solo se escucha al general Montoya”, afirmó Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, quien habría sido asesinado a manos de miembros Batallón de Contra Guerrilla No. 57 “Mártires de Puerres” del Ejército.
“Acá estamos hablando de un general en cuyo mandato se cometieron 2.400 ejecuciones extrajudiciales, según la Fiscalía. Si la JEP no tiene la centralidad de las víctimas y su protección, no estamos asistiendo sino a una burla hacia ellas”, indicó el abogado Germán Romero.