Colombia: un país que lucha contra los cigarrillos ilegales

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En los últimos años las autoridades colombianas han hecho esfuerzos sin precedentes en el decomiso de cigarrillos ilícitos; sin embargo, en 2020 la pandemia creó el escenario perfecto para que las mafias criminales, dedicadas al contrabando, se fortalecieran y mantuvieran su nivel de productividad con el tráfico diario de cajetillas ile- gales de cigarrillos.


Entre las nuevas modalidades que el contrabando ha adaptado en la época de covid-19 para seguir manteniendo los niveles ilegales de producción, se destaca transportar la mercancía en las fronteras a través de personas que ven en este negocio una forma de subsistir generando un mercado negro importante. Se ha incorporado también el manejo de la tecnología para ofrecer los productos y la entrega de pedidos, por medio de redes locales, que evaden los protocolos de bioseguridad y cuidado.

Por su parte, en 2019 el comercio ilícito de cigarrillos alcanzó máximos históricos con un 30 %, la cifra más alta desde 2011 (Estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia – 2019. Invamer).

Evaluación del porcentaje de cigarrillos ilegales en Colombia

Según el estudio más reciente entregado por Invamer, los departamentos que reflejan los volúmenes más altos de comercio ilícito son: Magdalena con 90 %, La Guajira con 89 %, Cesar con 79 %, Norte de Santander con 78 %, Atlántico con 52 % y Antioquia con 33 %, este último presentando un aumento de 20 puntos porcentuales en comparación con la incidencia registrada en el 2018 de 13 %.

Las causas del contrabando en Colombia

Junto con los comportamientos culturales relacionados con la permisividad de la ilegalidad, se identifican dos causas críticas para el incremento del contrabando en Colombia: el aumento del impuesto al consumo y la cantidad y falta de control de las Zonas Francas en donde se ha visto florecer el delito. Frente al primero, las cifras muestran cómo el incremento acelerado del impuesto al consumo sobre el tabaco se asocia con el auge del comercio ilícito. En 2016: 1 de cada 10 cigarrillos era de contrabando. Hasta el 2020, 1 de cada 3 cigarrillos era ilícito. De continuar la tendencia, en 2025 el 50 % del mercado será contrabando.

La principal dificultad que tiene la industria legal es competir con los productos ilegales de contrabando que, al no pagar impuestos, son una opción más accesible en precio para los consumidores. 56 % del precio de una cajetilla de cigarrillos son impuestos, por lo que una cajetilla legal, no compite con el valor de una ilegal.

De acuerdo con Invamer, 84 % de los fumadores adultos adquieren marcas ilegales porque son más baratas. La diferencia entre los precios de las marcas ilegales frente a las legales es hasta un 43 % por debajo, lo que las hace más atractivas para el consumidor (una cajetilla legal de cigarrillos tiene un precio promedio de $5.951 pesos, una ilegal sólo llega a $3.344 *precios 2019 – Invamer).

Por otro lado, la cantidad de Zonas Francas en el país (según ProColombia en 2015 había 102 espacios de este tipo frente a uno en Brasil) junto a la falta de controles efectivos y la libertad del comercio, hace que ingresen productos para la rexportación o el consumo interno de esos espacios, facilitando que gran parte de los cigarrillos que ingresan evadan los controles y penetren los mercados colombianos. Este caso, aunque presente en todas las regiones con más o menos cobertura, ocurre principalmente en La Guajira, uno de los puntos de entrada del contrabando más importante del país.

Otro factor determinante que incide en el incremento del consumo de cigarrillo ilegal en el país es que esta actividad es desarrollada por estructuras criminales organizadas. Estos grupos utilizan el dinero producto de esta acción comercial, para aumentar su alcance. Según las autoridades, el contrabando de licores y cigarrillos son fuentes estables y crecientes de recursos para organizaciones ilegales.

Han pasado a ser sólo malos recuerdos, aquellos años de la época dorada del narcotráfico, en la que las autoridades descubrían escondites con dólares en efectivo provenientes del delito. Hoy, a pesar de innumerables esfuerzos de las autoridades, se buscan formas cada vez más sofisticadas de ingresar dinero al flujo económico a través de mercancía de alto movimiento. 

El interés de las grandes organizaciones delictivas por estas actividades se centra en diversificar sus fuentes de ingreso y participar de una actividad que les permite convertir en pesos colombianos lo obtenido producto de negocios ilícitos. Así mismo, las bandas delictivas y de narcotráfico, están usando los productos de contrabando como mercancía de cambio y como pago para sus redes. Mientras la economía colombiana se contrajo 6,8% en 2020, la caída más grande desde 1975 (DANE), a causa de la desaceleración de la industria productiva del país por la pandemia, las mafias criminales dedicadas al contrabando han mantenido su productividad en niveles de 30 %, es decir la cuarta parte del mercado nacional de cigarrillos es ilegal.

De esta manera, las marcas de cigarrillos de contrabando, que evaden impuestos e incumplen todo tipo de regulación, han sido las grandes ganadoras en medio del aislamiento preventivo obligatorio y el esfuerzo del Estado por combatir la pandemia del covid-19.

 

Las víctimas del contrabando SOMOS TODOS

La cantidad de personas adultas fumadoras de cigarrillos ilícitos creció pasando de 18 % en 2018 a 22 % en 2019. En 2016 era de 9 %. Esto quiere decir que el contrabando de cigarrillos genera graves consecuencias, no solo en ingresos a la Nación, sino en lo que se refiere a las metas del Ministerio de Salud. Los cigarrillos de contrabando no cuentan con advertencias sanitarias, hacen promoción a consumidores y por su punto de precio son accesibles a menores de edad, evadiendo de esta manera la ley 1335. La industria legal por su parte cumple con líneas claras sobre autorregulación vinculadas a comercialización para adultos, estrictas normas de información de productos, daños y riesgos de consumo, entre otros.

Sin una política eficiente de lucha anti-contrabando en combinación con medidas tributarias que incentivan que este delito sea más lucrativo, no se generarán los resultados esperados en materia de salud, ya que no hay disminución del consumo de la categoría de cigarrillos sino del producto que paga impuestos

Cerca de 700 mil millones de pesos es la pérdida de recaudo generada por el contrabando con efectos nefastos para las regiones en materia de salud, educación, deporte y empleabilidad, destino natural de los ingresos impuestos al consumo.  A las pérdidas de empleo formal por el covid-19, se suman las pérdidas de trabajo ocasionadas por el contrabando. Según la ANDI, si no existiera contrabando habría 156 mil empleos más, 6,1% más en la producción nacional, y un aumento de 16,86% de valor agregado por la industria manufacturera colombiana. (Carta INVAMER, ANDI para Ministerio de Comercio Industria y Turismo y DIAN, abril 2018).

Para Daniel Rico, investigador de temas de narcotráfico, a esto se suma que la producción y distribución de productos de contrabando es una actividad a menudo atractiva para la clase menos favorecida y en condición de desempleo, quienes una vez en el mundo del contrabando y la criminalidad cometen otros delitos, como el tráfico de drogas ilegales, el tráfico de personas y el lavado de dinero. En algunos casos, el contrabando ayuda a financiar grupos paramilitares y terroristas y desconoce totalmente temas como Derechos Humanos. El hueco que este flagelo le hace a las finanzas públicas territoriales a partir de los impuestos que se dejan de percibir por el consumo de cigarrillos de contrabando, y que son una de las principales fuentes de ingresos para financiar la salud en los departamentos, ascendió a 1 billón de pesos, entre 2017 y 2019. Estos recursos equivalen a 16 veces el presupuesto 2020 del Instituto Nacional de Salud, recursos que evidentemente podrían ser utilizados en la construcción de más hospitales para fortalecer el sistema de salud.

El contrabando no puede seguirse considerando como un delito de impacto menor y las políticas tributarias deben incluir en sus evaluaciones esta realidad. Sin el apoyo y el soporte de las autoridades quienes permanentemente se entrenan, investigan y realizan acciones puntuales para frenar este flagelo, el aumento del contrabando hoy tendría cifras inimaginables. Restarle importancia al contrabando y aumentar impuestos en la industria legal, es una grave equivocación, pues este delito hace parte fundamental de la delincuencia organizada transnacional que como lo ha indicado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es una economía ilegal mundializada.

 

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