Encuesta afirma que para el 62% de las personas en Colombia no se garantiza el derecho a la vida

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De acuerdo a una encuesta realizada por la Corporación Excelencia a la Justicia, el senador Nicolás Araújo (Centro Democrático) indicó que para el 62% de las personas encuestadas en Colombia no se garantiza ni se protege el derecho a la vida; el 59% afirmó que el grado de corrupción en la Rama Judicial es muy alto y el 5% de las noticias criminales evacuadas terminan en sentencia. A la fecha, hay 2 millones 741 mil noticias represadas, 99% antes del 2020, el 16% de la población privada de la libertad, 5 mil 800 personas están detenidas más de 25 meses a la espera de definir su situación jurídica.


Los datos fueron entregados en debate de control político citado por el congresista, en la Comisión Tercera, sobre el gasto en el sector justicia y la eficiencia en la ejecución de dichos recursos para la administración de justicia en pro de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos.

“Si no tenemos la justicia, que es la reina de las virtudes republicanas, tenemos dificultades para sostener la igualdad y la libertad”, senador Araújo.

De acuerdo a encuestas del DANE, Araújo sostuvo que los picos de inseguridad han alcanzado los niveles más altos, en un 94% la falta de sanción a los corruptos es el elemento que más contribuye a la corrupción en el país, la percepción de justicia ha venido deteriorándose. Agregó que, en estudios realizados, “se evidencia la ineficiencia del gasto ya que teniendo en cuenta el tamaño de los recursos públicos orientada a la operación de los cortes, los indicadores del tiempo en cumplir un contrato y los costos del mismo deberían ser mucho más favorables”.

Respuesta del Ministerio de Justicia y la JEP

Francisco Chaux, viceministro de Justicia, aclaró que “el Ministerio de Justicia no es el ejecutor de la Rama Judicial, no es el administrador de recursos, es el enlace, el articulador entre el Gobierno Nacional, la Rama Judicial y los Órganos autónomos. Esa función pasó en la Constitución de 1991 a lo que denominamos hoy en día al Consejo Superior de la Judicatura”.

De acuerdo con el funcionario, para el Ministerio de Justicia “la gran reforma a la rama Judicial en Colombia es la digitalización, nos permitirá ahorrar costos en papel y habrá facilidad en el litigio, pero también se necesita transparencia. Tenemos para este fin un memorando de entendimiento suscrito con el Gobierno Nacional, Altas Cortes y Consejo Nacional de Judicatura. Las Cortes han escogido programas pilotos para empezar este proceso y destaco a la Corte Constitucional que con temas de acciones de tutela es más ágil y ya no es un tema de expedientes de volumen y papel”.

En cuánto al tema de la política carcelaria para prevenir el delito, aseguró que esta cartera se encuentra estableciendo medidas alternativas para combatir el hacinamiento en las cárceles con “programas como ‘Casas de la Libertad’, arraigo judicial, casa por cárcel que nos ha permitido que no reincidan en la criminalidad”.

A su turno, la secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón, señaló que “en el 2018 la JEP tuvo apropiación de $132.800 millones, recibió recursos de funcionamiento y los recursos de inversión fueron asignados en octubre de 2018, logrando una ejecución de un 88% de ellos, en 2019 tuvo $284.585 con una ejecución del 93% y en el 2020 $316.342 millones con una ejecución de noviembre 30 del 88%”. En este punto, por el COVID-19, en la vigencia del 2020, “fue necesario bloquear recursos en entidades del Estado, en la JEP de 4 mil 633 millones, por eso este año la apropiación de recursos es de $312.187”, agregó.

Finalmente, Bahamón afirmó que “la JEP ha recibido 328 informes de organizaciones víctimas e instituciones del Estado a partir de los cuales se inician los macroprocesos, ha atendido 479 versiones voluntarias, 108 audiencias públicas, 35.907 decisiones judiciales, 7.662 órdenes de policía judicial, ha expedido 6.378 comisiones judiciales, 6.010 víctimas que han recibido asesoría jurídica sicosocial y material, 2.899 víctimas individuales, ha asesorado 6.074 comparecientes para garantizar el acceso a la justicia, ha atendido 283 sujetos colectivos en representación de víctimas”.

En representación de la Fiscalía, la directora de Planeación, Gladys Zambrano, dijo que el presupuesto para combatir la corrupción es de $160 mil millones para las vigencias 2020-2021, la cual cuenta con un equipo de fiscales, servidores policiales que apoyan investigaciones relacionadas con la corrupción.

Senadores expresan sus posiciones

El senador Rodrigo Villalba (Partido Liberal) hizo un llamado al Ministerio de Justicia. “No hay cupo en las cárceles y eso preocupa, sobre todo en las ciudades donde se ha incrementado la inseguridad, deben mancomunar acciones con la Fiscalía porque es un problema muy grave”.

Para la congresista María del Rosario Guerra (Centro Democrático) el país tiene un gran reto para que la justicia “sea más eficiente, los aumentos presupuestales deben dar resultados, tengo la ilusión que se puedan acelerarse los procesos judiciales con la digitalización”.

Finalmente, el senador citante Nicolás Araújo (Centro Democrático) concluyó el debate afirmando que “es necesario hacer una reforma fiscal en el país, para tener un Estado mucho más liviano y austero para que sea expansivo en términos sociales sin recargar a los sectores productivos y económicos”.

Tomado del Senado

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