“Hay que mirar para adelante, no para atrás”

Actualidad Gestión

Los gremios de la producción presentaron un documento al nuevo Gobierno en el que trazan las líneas de acción que consideran indispensables para la reactivación económica, la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento institucional. La revista El Congreso dialogó con el presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), Jorge Humberto Botero sobre las expectativas que se tienen para incrementar la productividad, así como sobre la reforma pensional y el proceso de paz.

Como presidente de esta importante organización gremial, ¿Cuáles han sido los principales logros de su gestión?

Sirvo ese honroso cargo solo por este año, que es el de la transición entre los gobiernos de Santos y Duque. Los logros son de la colectividad de los 21 gremios que represento en los asuntos de interés transversal que ellos decidan tratar. Durante la campaña, abrimos los espacios del Consejo para que los candidatos a la Presidencia pudieran exponer ante los representantes de los empresarios sus visiones del país, a los que entregamos un documento que recoge los objetivos que tenemos del desarrollo de Colombia en el cuatrienio que recién comienza. Digno de mencionar también es la interlocución con el gobierno saliente en la implementación de los acuerdos con las FARC.

Juntamente, con un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría General, pedimos a los candidatos a la Presidencia suscribir un compromiso en pro de la transparencia y en contra de la corrupción. Todos lo hicieron. En la actualidad, estamos en la tarea de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Presidente Duque frente a esa red cívica.

Fuimos persistentes en pedir al entonces presidente Santos que se abstuviera de expedir el decreto que establece la llamada “Línea Negra”, un mecanismo para proteger los hitos sagrados de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Creemos que, si bien el propósito es loable, ese estatuto genera un grave desbalance en contra de la población no indígena que habita en la costa Caribe. Hemos puesto de presente al nuevo Gobierno la necesidad de reabrir un debate que fue mal definido el último día del pasado gobierno.

Desde el Consejo Gremial Nacional se entregó un pliego de propuestas al presidente Iván Duque para la reactivación de la economía. ¿Cuáles son las principales iniciativas que se plantean en el documento?

Entre los temas que plantea ese documento, vale la pena mencionar la necesidad de que las empresas mejoren su competitividad y productividad de tal modo que el país pueda competir mejor en los mercados externos y en los domésticos con la producción extranjera. Este objetivo tiene múltiples dimensiones. Mejor educación y capacitación para el trabajo; continuidad en los programas de infraestructura vial; seguridad jurídica y buena gestión macroeconómica. Se requieren también reformas estructurales en materia de pensiones y salud: igual ocurre con la reforma a la justicia, un anhelo que, a pesar de muchos esfuerzos, el gobierno pasado no logró concretar.

Gremios económicos entregaron propuestas al Presidente Iván Duque para reactivar la economía e impulsar productividad y competitividad.

El presidente Duque ha hablado de realizar una reforma al sistema pensional. ¿Qué recomendaciones le hace desde el CGN?

Aún no conocemos en detalle las propuestas del Gobierno. Creo que hay que tener en cuenta que la situación actual es insostenible y que tiende a agravarse con el paulatino e inexorable envejecimiento de la población colombiana. Tenemos en frente nuestro, por así decirlo, dos “bombas” que están a punto de estallar: a) La de orden social: un gran número de ancianos pobres que carecen de protección, mientras que para aquellos que reciben un subsidio, se encuentra por debajo del ingreso necesario para salir de la pobreza extrema. B) La de orden fiscal: el pago de las pensiones está devorando el Presupuesto Nacional. Gastamos más en pensiones, en pro de un segmento reducido de la población, que en educación y en salud.

Sin duda, serán muy complejos los debates para la reforma pensional, como lo son en todas partes del mundo por una razón poderosa: los beneficios se cosechan a mediano y largo plazo; consisten en la disminución de la carga que soporta el fisco, y en la disminución de los pasivos pensionales desfinanciados que transferimos a la generación siguiente. Por el contrario, para los cotizantes actuales surge la preocupación sobre sus derechos adquiridos y expectativas legítimas. Sin duda, los primeros deben ser preservados; con relación a los segundos, es preciso encontrar un punto medio para la transición entre el régimen existente y el que lo sustituya.

 

¿Qué expectativas tienen frente al anuncio del mandatario de instalar una mesa permanente con el sector?

Tenemos la certeza de que, como ya ha comenzado a suceder, el nuevo Gobierno desplegará una intensa interlocución con los distintos estamentos de la sociedad civil de la que hacemos parte.

 

La mayor preocupación de los gremios es la productividad y la competitividad, ¿Cómo cree que se pueda mejorar?

Debo reiterar que esas preocupaciones son graves: la productividad del trabajo de los colombianos. El valor de lo que, en promedio, producimos todos los trabajadores, formales e informales, no está mejorando. Esta circunstancia impide que los salarios reales crezcan como todos quisiéramos. Aumentar los salarios por ley o decreto al margen del desempeño de la productividad, y por encima de los índices de inflación, seguramente se traduciría rápidamente en incrementos de los precios y en aumento de la informalidad laboral. ¡No podemos perder de vista el trágico referente de Venezuela!

Ahora bien: reiterando lo que dije al contestar la primera de las preguntas, debo decir que la agenda para mejorar la competitividad y la productividad es múltiple. Abarca reformas educativa, tributaria, judicial y de la salud. Acciones encaminadas a avanzar en la agenda de infraestructura y, para poner un énfasis, seguridad jurídica. Los abusos que se están cometiendo por la vía de las consultas previas y acciones de tutela injustificadas, y mediante la frecuente violación de la regla de la confianza legítima por las autoridades, entre ellas la Contraloría General, están impidiendo que los sectores productivos desplieguen todo su potencial de generación de riqueza y empleo.

 

El Presidente Iván Duque prometió alivios en cargas tributarias durante reunión con integrantes del Consejo Gremial Nacional.
El Jefe de Estado junto al vicepresidente del Consejo Gremial Nacional Jorge Bedoya.

¿Qué beneficios traería para los trabajadores una eventual reducción de los impuestos a las empresas, a propósito de la reforma tributaria que ha anunciado el presidente Duque?

Está demostrado que la tasa de tributación efectiva promedio (no necesariamente es el caso de las actividades que gozan de beneficios

tributarios) es superior a la que pagan las empresas de otros países con las que competimos dentro y fuera del país. La corrección de esta desventaja debería traducirse en mayor crecimiento de la demanda por los bienes y servicios colombianos, lo cual tendría efectos positivos en el nivel general de empleo formal y en la remuneración del trabajo. Por supuesto, estos beneficios se cosechan con el paso del tiempo, en unas empresas más pronto que en otras, y de manera diferencial entre todas ellas. No son automáticos ni uniformes.

 

Desde su perspectiva, ¿en qué estado se encuentra el sector agropecuario y financiero del país?

Me limito, por las razones ya expuestas, a opinar sobre mi sector, que es el de los seguros, para decir que los seguros relativos a los riesgos de la naturaleza (incendio, terremoto, inundación) crecen bien en beneficio de las poblaciones aseguradas; lo mismo sucede con los ramos de vida, automóviles, hogar, etc., aunque los grados de cobertura en el país son todavía bajos y, por lo tanto, grande es la posibilidad de continuar creciendo para asumir las contingencias que afectan a la sociedad. En cuanto se refiere a las coberturas propias del sistema pensional (rentas vitalicias y seguros de invalidez y muerte), los grados de incertidumbre son elevados. La reforma pensional debería devolver dinamismo a estos productos, de cuya importancia para los trabajadores no hay duda.

 

Usted fue uno de los negociadores del TLC con Estado Unidos, ¿qué balance hace de este acuerdo y, en su concepto, qué beneficios le ha traído a Colombia?

A mi juicio, los beneficios hay que sospesarlos de manera indirecta, no mediante la fórmula errada, pero de uso común, consistente en mirar los resultados de la balanza comercial bilateral. Se supone que, si se exporta a un determinado país más de lo que de él se importa, resultamos ganadores, de lo contrario salimos perdiendo. La forma correcta de hacer el análisis es otra: establecer la participación del comercio exterior total (importaciones + exportaciones) de nuestro país con el mundo para luego relacionar esa cifra con el Producto Interno Bruto, PIB. La experiencia internacional demuestra que existe una fuerte correlación entre apertura al comercio exterior e ingreso per cápita. En suma: los países abiertos tienen mejor nivel de ingreso que aquellos que no lo son.

 

Sobre el acuerdo de paz, ¿cuáles son los aspectos que esperan sean revisados por el presidente?

El Acuerdo de Paz con las FARC suscitó una aguda confrontación entre los colombianos que terminamos divididos entre enemigos y amigos de la paz. Esos supuestos “enemigos” ganaron el Plebiscito de octubre de 2016, a pesar de lo cual el Gobierno, luego de renegociar el texto acordado con las FARC, lo llevó al Congreso para que este lo refrendara, tal como en efecto sucedió. Las etapas siguientes fueron las de implementación por el Congreso y homologación por la Corte Constitucional.

En términos generales, cabe señalar que las aristas que mayores diferencias suscitaban fueron moduladas y que, además, esos procesos en el Congreso y la Corte cerraron los déficits de legitimidad democrática de que adolecían los acuerdos celebrados con las FARC. Sin perjuicio de algunas modificaciones como las que ha propuesto el presidente Duque, la urgencia de la hora consiste en avanzar en la reincorporación de los guerrilleros desmovilizados, recuperar para la sociedad, en especial para los estamentos campesinos que las habitan, los territorios que fueron escenario del conflicto, y combatir con energía los otros grupos armados que subsisten o han surgido recientemente. Hay que mirar para adelante, no para atrás.

Los miembros del Consejo Gremial Nacional escucharon las propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia, entre ellos Gustavo Petro.

¿De qué manera los gremios económicos están aportando a la construcción de paz en el país?

Los gremios son actores importantes de la sociedad civil reconocidos así, en plena igualdad con los representantes de los trabajadores, por la Carta Política. Por eso participan intensamente en los debates que constituyen la agenda pública nacional. No menos valioso es el papel de los empresarios, los cuales, asumiendo los riesgos que hacerlo implica, organizan los medios de producción -capital y trabajo- para generar riqueza y, en pos de ella, empleo. Si tienen éxito, lo cual no siempre sucede, tendrán una utilidad.

De esta manera, gremios y empresas contribuyen a la “construcción de paz en el país”.

 

¿Cuáles son los principales retos que tendrá que afrontar el CGN con la llegada del nuevo Gobierno?

Son los mismos que tiene en frente la sociedad entera. Paz, crecimiento, equidad social, entre otros.

ALGUNAS PROPUESTAS

Ampliar el universo de personas naturales obligadas a tributar.
– Simplificar el impuesto predial e implementar el catastro multipropósito.
– Ampliar la brecha entre el salario mínimo y el medio.
– Fortalecer los canales formales de búsqueda de empleo.
– Adelantar una reforma integral al sistema de pensiones y ajustar el esquema cada 5 años, según los parámetros demográficos.
– Hacer que, quienes no cumplen con el requerimiento mínimo de capital para pensionarse, accedan al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y obtengan una pensión de 1 salario mínimo.
– Fortalecer la Superintendencia de Salud para prevenir el abuso.
– Diseñar e implementar un esquema de pago por resultado para las EPS.
– Poner en funcionamiento La Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte, y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.
– Sacar adelante el proyecto de ley de tierras, salvo el artículo 11 que podría legalizar el testaferrato de las FARC.
– Hacer un censo que identifique a las comunidades étnicas, los territorios que ocupan y su zona de influencia.

Comparte este contenido en tus redes sociales
  • 6
  •  
  •  
  •