Ley de Víctimas está desfinanciada: Procuraduría

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Tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia.


Para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la Ley de Víctimas en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129.29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28.4 billones.

Según la CSMLV, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de $13.5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de 10 años adicionales.

Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno Nacional asignó, entre 2012 y 2018, $76.9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanzó el 56% del total asignado.

La Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.

Resulta imperativo que el Estado realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real del financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Con información de la Procuraduría General de la Nación. 

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