Según un informe presentado ante la JEP fueron más de 400 Víctimas de la comunidad kankuama por grupos al margen de la ley

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En el marco del conflicto armado y como consta en informe presentado ante la Justicia Especial para la Paz, fueron más de 400 muertos de la comunidad kankuama, víctimas de los grupos al margen de la Ley y del mismo Estado.


La familia Torres Maestre, como muchas otras, no fue ajena a este flagelo de la violencia y como cuenta el Cabildo Menor de la Comunidad de Atanquez, Jhon Torres Maestre, vivieron en carne propia un capítulo en sus vidas que jamás quisieran repetir.

“El 5 de agosto de 1997, hace su primera incursión el paramilitarismo, de eso quedaron 4 personas asesinadas en frente de la plaza, todas las familias las obligaron a ir a la plaza para que presenciaran el acto criminal y como no teníamos fuerza pública, en ese entonces, a algunos se los llevaron y los fueron matando en la carretera y nosotros atrás en los carros de la comunidad, los mismos que ofrecían el transporte público, en esos mismos vehículos recogimos a nuestros muertos para darle cristiana sepultura. Pero no sólo era eso, la guerrilla también presionaba por el otro lado”.

Jhon, no puede ocultar el dolor que aún siente por el recuerdo de ese episodio trágico que vivió en su comunidad, entre lágrimas cuenta que en el año 99 tuvo que trasladarse a Valledupar, huyendo de la violencia y buscando nuevos horizontes, pero solo fueron promesas, asegura, porque el conflicto siguió creciendo.

“El conflicto era muy fuerte, eran asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, pero también por parte de la guerrilla. Comenzó una guerra fría entre los grupos armados. El alcalde de Valledupar de la época nos prometió todo para regresar al pueblo, pero fueron mentiras, el conflicto siguió creciendo”.

El Congreso de la República no ha sido ajeno al tema de Ley de Víctimas, el senador Didier Lobo Chinichilla, del partido Cambio Radical, explicó el proceso de justicia transicional.

“La Ley 1448 de 2011 y Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, específicos para las comunidades y pueblos étnicos establecen, en el marco de un proceso de justicia transicional, un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Desde el Congreso, seguiremos en pie de lucha para que nuestras víctimas del conflicto sean dignificadas a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Fueron 500 familias de Atánquez, las que salieron desplazados por la violencia de la época, compuestas por aproximadamente 3 mil personas. Pero el conflicto era una bola de nieve que crecía y destilaba sangre a su paso, cobró la vida de otro integrante de la familia Torres Maestre y la cabeza de la familia, el padre, fue declarado objetivo militar.

“En el año 2003 el ELN asesinó a mi hermano a la salida de Atanquez, eso hizo que nos desplazáramos hacia Valledupar, mi papá se enfureció, lo extorsionaban, le robaron sus animales, no lo dejaban ir a la finca, sin embargo, nunca nos abandonó”, recuerda Jhon.

Con Impotencia, dolor y llanto, pero la esperanza de salir adelante, asegura que no estaba dispuesto a pasar hambre en Valledupar y regresó a su territorio. Allí, comenzó otra odisea: su hermano Randy Julio Torres ingresa a las filas de los paramilitares.

 

En el año 2015 confirmaron que la guerrilla de la FARC, fue la que se llevó a su hermana y en este momento están a la espera que la Unidad para las Victimas, le entreguen los restos para darle sepultura.

 

La comunidad de Atánquez, a pesar de los episodios amargos, ha respaldado por varios años a Jhon, como Cabildo Menor. Su liderazgo y trabajo en equipo, ha hecho que todos legitimen sus decisiones porque es un hombre que ha actuado en justicia y lo único que quiere ahora es salir delante de la mano de su gente para que las cicatrices no lleguen nunca al alma y el corazón.

Cortesía de el Senado. 

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