¿Qué pasa con la política de Estado para las comunidades indígenas?

¿Qué pasa con la política de Estado para las comunidades indígenas?

La lucha de la tierra en Colombia es la génesis de un conflicto que parece nunca acabar y más aún cuando se trata de las comunidades indígenas y campesinas que habitan a lo largo y ancho del país. El reclamo de los recursos, las asignaciones presupuestales, la titulación de tierras y los mecanismos para fortalecer y respetar sus autonomías a través de estrategias de seguridad y programas productivos ha sido el común denominador de un problema que no es de inversión: es, como siempre lo ha sido, una situación compleja derivada de la falta de una política de Estado permanente frente a ese sector de la población.
Aunque el Presidente Iván Duque (quien como varios de sus predecesores heredó este histórico conflicto) tiene toda la intención de llegar a un acuerdo definitivo con los líderes mingueros, para lo cual su Gobierno proyecta destinar cerca de 10 billones de pesos, 820 mil millones de ellos para mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades étnicas, el problema aún subsiste.
¿Cuál es su raíz y por qué se mantiene?

Consciente de que los compromisos adquiridos en el pasado por el Estado sobrepasaban la realidad fiscal colombiana, el Gobierno de Duque se propuso buscar un acuerdo “responsable” para encontrar una solución de raíz al conflicto con las comunidades ancestrales, que nuevamente acudieron este año a los bloqueos en la Vía Panamericana, para exigir el cumplimiento a lo pactado con anteriores administraciones. 

La delegación oficial, de la que hicieron parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Alto Comisionado de Paz, Miguel Antonio Ceballos y la directora del Departamento de Planeación Nacional, Gloria Alonso, se pusieron al frente del proceso de negociaciones, para lo cual se crearon mesas técnicas y se establecieron los puntos centrales a desarrollar con los pueblos indígenas. 

Pese a que el Gobierno Nacional logró llegar a un consenso con la Minga del Cauca para suspender la protesta social, después de concertar sobre “diversos problemas que históricamente habían quedado sin resolver”, las pérdidas económicas, sumadas al anuncio de supuestas filtraciones de grupos armados ilegales a dichas movilizaciones, representaron aún más tensión entre las partes. 

Aunque el Ejecutivo ha expresado su voluntad de dialogar para hacer efectivo, de una vez por todas, “el cierre de las brechas que afectan históricamente a las comunidades indígenas”, varios sectores coinciden en que esta movilización no ha sido el único y desafortunado problema que hereda Iván Duque. Proyectos inconclusos, así como un déficit presupuestario y una deuda en derechos humanos, son algunos de los fantasmas que dejaron gobiernos anteriores. Y es que el presidente insiste en que no quiere caer en los mismos errores de administraciones pasadas que “suscribieron acuerdos imposibles de cumplir porque no tienen una dimensión fiscal ni se sabe el costo de los compromisos adquiridos”. 

Las consecuencias para el país

El bloqueo de la Vía Panamericana, por más de 27 días, representó cuantiosas pérdidas económicas a los gremios agrícolas, avícolas, de transporte y turismo y produjo desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos en al menos seis departamentos del suroccidente colombiano. Sin embargo, durante el Taller Construyendo País en el municipio de Timbío, Cauca, el Jefe de Estado anunció medidas para contrarrestar los efectos de las protestas sociales y “ayudar a las personas que se vieron afectadas en sus pequeños, medianos y grandes negocios, y en la generación de empleo”, por la parálisis a que se vio sometida esa zona agroindustrial del país.

Fue claro, además, en que este paquete de medidas corresponde al capítulo destinado a los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que se van a asignar cerca de 10 billones de pesos durante los cuatro años de período presidencial. “Esa no solamente es una cifra importante, sino que es la más alta que se ha destinado en nuestro país, y donde monitorearemos indicador por indicador para producir los resultados, eso muestra el compromiso que tenemos”, aseguró el mandatario en su intervención.

Históricamente, ¿por qué las negociaciones no logran su objetivo?

Remontémonos a los orígenes del dilema. En 1991, se expidió en Colombia una nueva Constitución que reemplazó la antigua Carta Política que regía desde 1886. Esta modificación significó cambios importantes para el país, pues se conjugaron las demandas del movimiento indígena con las declaraciones internacionales para establecer una de las reformas más avanzadas de América Latina en materia de derecho territorial y autonomía étnica. El propósito era pacificar la sociedad colombiana mediante el aumento de las autonomías territoriales, incluyendo a los cabildos indígenas. La nueva institucionalidad quería echar las bases de un Estado Social de Derecho y relegitimar al Estado. 

Más allá de ser un problema de vieja data, la eterna lucha que han emprendido los mingueros por el reconocimiento a sus derechos los sitúa en un contexto cultural y social distinto al de las demás regiones colombianas.

Para el coordinador de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Carlos Corredor, en departamentos como ese, “los procesos culturales y étnicos mantuvieron históricamente niveles de autonomía que les permitieron desarrollar sus propios procesos en función de dos cosas: la primera, recuperar y preservar formas conformes a su identidad y su cultura, como la justicia, la lengua y la educación; y la segunda, el acceso a condiciones materiales que les permitan mejorar sus condiciones de vida”.

 No se puede desconocer que la Constitución reivindicó derechos de propiedad colectiva, así como la autonomía para salvaguardar los medios de vida de pueblos indígenas, muchos de ellos amenazados por la explotación de los recursos naturales en sus tierras. 

El Ejecutivo logró llegar a un consenso con la Minga del Cauca para poner fin a 27 días de bloqueos en la Vía Panamericana y cuantiosas pérdidas económicas en varios sectores comerciales del país.

La nación les garantizó, de igual forma, autonomía étnico-política, incluyendo derechos a transferencias para invertir en salud, educación, saneamiento y otros servicios sociales en los distintos resguardos. 

Es decir, se trata de un tema estructural, de entender que los recursos, no harán por sí solos que la tierra sea algo más que un factor productivo. “Aparte de asegurar, lo que se necesitan son programas para incentivar la tierra productiva a través de capacitaciones y acompañamiento permanente al campesino. De esa manera, los recursos realmente beneficiarían a las comunidades y sus tierras”, sostiene Corredor. De acuerdo con el líder indígena del Cauca, Darío Tote, “el único camino que nos queda es la unidad como pueblos, la autonomía, nuestra cultura y la movilización.

“La razón por la que fracasan siempre los diálogos es porque aún no han reconocido que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas”

No peleamos la plata, es una mala interpretación que se nos ha dado. Es un tema de acompañamiento”, señala. 

En esto coincide el exgobernador del resguardo de San Lorenzo (Caldas) y actual coordinador general del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Norman Bañol, quien asegura que la razón por la que fracasan siempre los diálogos es porque aún no han reconocido que hay una deuda histórica con las comunidades étnicas. 

También, aclara que es pertinente generar los mecanismos que “permitan ir resolviendo ese cúmulo de necesidades que tenemos como comunidades indígenas para nivelarnos e ir a la par en términos de acceso a los bienes y servicios básicos”.

¿Qué se plantea?

Para que las promesas no queden en el aire, el Gobierno de Iván Duque se comprometió con estos pueblos indígenas a crear un capítulo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo y destinar cerca de 10 billones.

Palabras más, palabras menos, lo que se plantea es la descentralización y el reforzamiento de las instituciones territoriales, un tema que ha estado en el centro del debate, pero que nadie ha querido sacar del horno

Para que se vuelvan a honrar los acuerdos pactados entre los gobiernos y la minga indígena, es necesario mirar qué tanto el Estado ha respondido de manera acertada a las peticiones de estos pueblos a lo largo de las últimas décadas en Colombia. 

Según Carlos Corredor, una solución a largo plazo radica en que se sigan fortaleciendo espacios de administración en alcaldías y se formalicen “de una vez por todas” las entidades territoriales indígenas. 

“Que se reconozcan formas y que estas comunidades administren sus territorios con responsabilidad”, explica. 

Palabras más, palabras menos, lo que se plantea es la descentralización y el reforzamiento de las instituciones territoriales, un tema que ha estado en el centro del debate, pero que nadie ha 

 

querido sacar del horno, solo hasta ahora, con la aprobación de la Ley de Regiones en la Cámara de Representantes, la cual busca organizar y ejecutar proyectos de interés mutuo entre departamentos para generar desarrollo y competitividad desde los territorios. 

Sin duda, la oportunidad del Gobierno de proveer soluciones y trabajar para que sus promesas no queden en el aire, está servida en bandeja de plata. Su disposición para sostener los diálogos con las comunidades indígenas y campesinas, así como para llevar a buen puerto las bases del PND, es una tarea que tendrá que hacer con un presupuesto limitado. No será nada fácil, pero, si lo logra, será su legado más importante. 

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