Agua que no bebamos, dejémosla…

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El agua es el alma del planeta, pues de ella depende la supervivencia del ser humano. Su importancia ha llevado a la generación de acuerdos de cooperación regional de Colombia, hoy reconocido como uno de los países continentales con más recursos hídricos disponibles por km2 sobre el planeta, siendo por ello un país privilegiado, no obstante, las disparidades y diferencias entre las regiones y cuencas del país, no solo en cantidad sino en calidad de las aguas disponibles.

Sin embargo, clave es señalar que los sistemas naturales que aportan los principales recursos hídricos del país enfrentan un gran riesgo y una incertidumbre irreductible frente a la oferta y demanda de agua, producto no solo de las complejidades que se enfrentan por los patrones de ordenación, ocupación y uso económico y productivo de sus territorios, sino por fenómenos como el cambio climático global, hoy científicamente reconocido, a pesar de algunas consideraciones políticas que en muchos casos lo niegan o simplemente lo ven con indiferencia.

A esto se suma que, a nivel administrativo, las diferentes autoridades están dotadas de mandatos mayoritariamente sectoriales para, por ejemplo, garantizar la oferta de energía, desarrollar la agricultura y/o acceder a los recursos hídricos a conveniencia de los diferentes actores interesados. Sin embargo, estos mandatos se encuentran dispersos, encontrándose desde diferencias fundamentales en la priorización o soberanía particular a cada sector, hasta obstáculos burocráticos e intereses específicos de dominio por parte de algunas entidades, organizaciones o ministerios.

De hecho, el análisis de los documentos disponibles de política energética, minera y más recientemente agrícolas ha demostrado que, a nivel de los sectores del “desarrollo económico”, existen diferentes expectativas y objetivos con respecto a la gestión integrada de los recursos hídricos, donde el agua, antes que resultar esencial, se considera como un elemento necesario, pero no sujeto de consideración especial.

El agua es el alma del planeta.
Acodal busca generar un equilibrio integral en el acceso al agua.

En Colombia, tanto a nivel regional como nacional, es cada día más evidente el surgimiento de tensiones entre los ciudadanos, al reconocer que los actores estatales, no estatales y diversos grupos de la sociedad civil se oponen entre ellos por causa de los proyectos de obras públicas o por aquellos que demandan grandes cantidades de agua para su desarrollo; de igual forma, los grupos sociales compiten por disminuir el suministro de agua en áreas agrícolas y pecuarias extensivas, al punto que la gobernanza del agua, entendida como la práctica dinámica de negociar las formas de gestionar los recursos hídricos compartidos, empieza a verse como un medio para mantener la cooperación y evitar que las tensiones sociales se conviertan en conflictos de gran complejidad y activen nuevos escenarios de violencia en el país.
Los hechos señalados demandan del Estado la adopción de políticas asertivas para responder a las condiciones cambiantes que se vienen registrando, casi sin control, en múltiples escalas de tiempo y espacio; aspectos estos que, de no atenderse con responsabilidad, pondrán en alto riesgo, a mediano y largo plazo, la sostenibilidad ambiental, económica y social del país, siendo esencial pasar de la retórica a las acciones integradas y concertadas, de cara a las necesidades regionales y sectoriales, en muchos casos apremiantes.

Sobre lo planteado, y a pesar de los avances logrados, vale reconocer que las políticas vigentes, teóricamente orientadas a la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), exigen ser revisadas y ajustadas, considerando en su conjunto las realidades locales y la legitimidad en su aplicación, en especial si se acepta que la adopción de remedios universales en la Gestión Integral de los recursos hídricos (GIRH) en muchos casos han conducido a la resistencia, conflictos y, en última instancia, a grandes fallas de Estado.
Ejemplo de ello son los altos costos de salud pública (4% del PIB anual) derivados de la falta de tratamiento de las aguas servidas (sólo 43.5% de los municipios del país tratan las aguas residuales, siendo el 70% de tipo primario). También son un ejemplo los conflictos presentes en varias regiones del país derivados de las actividades mineras y petroleras argumentados sobre el riesgo de “atentar” contra la oferta y calidad hídrica regional.
La necesidad de atender los conflictos por parte de las instituciones gubernamentales, en muchos casos enfrentadas por diferentes criterios y mandatos, puede ser abordada de forma integrada y consensuada por los instrumentos de política disponibles, pero integrando y fortaleciendo en ellos la seguridad institucional con una visión estratégica, misma que obliga a reformar el concepto holístico de la GIRH, incorporando el concepto de “paz y seguridad hídrica” como un nuevo pilar de la gestión del agua, el cual demanda una amplia comprensión de los objetivos sociales y del desarrollo sostenible adoptados por el país de cara a los mismos planteados por las Naciones Unidas.

Para ello, la gama de medidas de política a ser propuestas e implementadas deberá abarcar todo el espectro de enfoques jerárquicos, orientada a generar un equilibrio integral en el acceso al agua con visión sostenible, sobre prioridades claras, y no sobre la red de usos y demandas particulares de los diferentes sectores de la economía, al reconocer que el sistema de políticas sectoriales, además de complejo, no es armónico, pues requiere principalmente de una definición clara de los diferentes roles de los sectores, las regiones y los actores sociales dentro de ellas, sus desafíos y objetivos, así como sus estilos y medidas de gobernanza.
Para ello, en los escenarios de política, se deberá considerar e incorporar la etnografía de los usuarios del agua y sus necesidades, exigencias y las respuestas de los grupos de la sociedad civil a los proyectos de desarrollo promovidos por el Estado.

Así mismo, en las áreas propensas a conflicto, se deberán generar y emplear datos medibles y verificables sobre los recursos hídricos, en especial si se reconoce que disponer de información confiable facilita a los responsables de la implementación de las políticas, las ONG y los actores locales, tomar acciones más específicas y certeras, siendo claro que, a mayores niveles de investigación y más datos, mejor será el resultado de la formulación e integración de las políticas públicas y mejores y reales sus consecuencias para el conjunto de la sociedad.
Así, toda agua que no bebamos, no la afectemos, dejémosla correr limpia y garanticemos que otros la empleen con respeto y dignidad, porque sin agua no hay vida, desarrollo, ni futuro.

“Paz y seguridad hídrica” como pilar de la gestión del agua.
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