Apoyemos la institucionalidad

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Editorial

Coincido plenamente con el Presidente en que para hacer valer una opinión no se necesita afectar los derechos de terceros, porque cuando se bloquea una vía de mucho flujo vehícular y se altera la movilidad, se afecta también el derecho al trabajo y, por ende, la calidad de vida de las personas. Eso sin contar las cuantiosas pérdidas que han generado a los comerciantes los daños causados a sus negocios.

Bienvenida la decisión del Presidente Iván Duque Márquez de iniciar lo que ha denominado Gran Conversación Nacional para construir entre todos los sectores del país una hoja de ruta que acelere el
trabajo de cerrar brechas sociales. Su apuesta por el diálogo social, en el que la unidad es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una nación con equidad, nos debe llevar a respaldar la institucionalidad, sin desconocer, desde luego, el derecho que tiene la sociedad a disentir.

Pese a que asumió el manejo del país con compromisos ya adquiridos por administraciones anteriores, el mandatario le ha venido cumpliendo a los colombianos con un presupuesto histórico para la educación, que alcanza los 44,1 billones de pesos y la puesta en marcha de políticas públicas que buscan beneficiar a los indígenas y a las minorías étnicas, comunidades para las cuales se tiene contemplada una inversión cercana a los 29 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Tras las jornadas de movilización que ha vivido el país, el Gobierno ha invitado a los colombianos a presentar sus propuestas a través de distintos espacios de participación, incluidos los temas que más preocupan a la sociedad, para ampliar la agenda actual. Resaltamos la actitud de quienes salieron a las calles de manera pacífica a ejercer su derecho a expresarse -pilar básico de una democracia-, pero condenamos la conducta de quienes con sus actos vandálicos- atribuidos a una minoría-, afectaron el transporte y el comercio de ciudades importantes como Bogotá y Cali, donde los saqueos y ataques con objetos contundentes, obligaron a las autoridades a
tomar medidas de excepción. 

Coincido plenamente con el Presidente en que para hacer valer una opinión no se necesita afectar los derechos de terceros, porque cuando se bloquea una vía de mucho flujo vehícular y se altera la movilidad, se afecta también el derecho al trabajo y, por ende, la calidad de vida de las personas. Eso sin contar las cuantiosas pérdidas que han generado a los comerciantes los daños causados a sus negocios y la caída en las ventas entre 70 y 90 por
ciento por el recorte de horarios y el cierre temporal de los establecimientos.

Los gremios calculan que la afectación por el paro llega a los 1,4 billones
de pesos.

Por eso el camino a seguir es el diálogo. Instituciones como el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, han tendido puentes para que estudiantes, trabajadores, indígenas y demás sectores que han salido a las calles en las últimas semanas, comiencen a trabajar con el Gobierno Nacional en la búsqueda de transformaciones concertadas que garanticen el interés general.

Con la Gran Conversación Nacional que se ha iniciado, los colombianos tendrán la posibilidad de presentar hasta el 15 de marzo próximo las propuestas que consideren indispensables para definir un agenda que responda a las necesidades actuales. Sin duda, un paso en la dirección correcta, en la que el liderazgo presidencial será clave para corresponder a los anhelos de un sector amplio de la población, pero sobre todo para unir al país alrededor de un propósito común. No puede haber alternativa diferente a la de un diálogo genuino y transparente para generar confianza y dejar de lado cualquier prevención por el bien de la Nación.

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