BOGOTÁ NO PUEDE ESTAR A MERCED DEL MICROTRÁFICO

Por, Horacio José Serpa

Horacio José Serpa

El microtráfico en Bogotá es un problema grave y parece escapársele de las manos a entidades como la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a la Policía Metropolitana e incluso al mismo sistema judicial.

Son alrededor de 19 bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico las que operan en Bogotá, según cifras de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, bandas que además están estrechamente relacionadas con otros delitos como homicidios y hurtos, que se incrementaron este año en comparación con el 2016. Por ejemplo, entre enero y agosto de 2017, hubo 20.981 robos, que representan 1.643 más que en el mismo periodo del año pasado.

Uno de los aspectos más preocupantes en la lucha contra el microtráfico es que las incautaciones han caído a niveles históricos. En 2015 se confiscaron 5.8 toneladas de marihuana, en 2016 tres toneladas y en lo que va de 2017 un poco más de una tonelada. Las cifras sugieren que algo se está haciendo mal, a pesar del interés, los esfuerzos y las estrategias puestas en marcha por la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, los resultados no se ven, el enfoque con el que se ha direccionado la política contra las drogas está centrado en el eslabón más débil de la cadena.

Las autoridades deberían revisar si lo fundamental es seguir concentrando las tareas en atacar a los “jíbaros” de los barrios y a los consumidores o, por el contrario, tener todo el foco puesto en la desarticulación de estructuras criminales, incautando sus bienes, desmantelando los expendios y centros de acopio de drogas ilícitas y capturando a sus jefes. En efecto, apuntando a sus finanzas, donde realmente se golpea su capacidad delictiva.

Incluso la Fiscalía General de la Nación reconoce abiertamente que se está presentando un desgaste institucional. Estamos de acuerdo con que la estrategia no es efectiva. La mayoría de capturas por microtráfico se dan a consumidores, quienes generalmente portan cantidades que no superan la dosis mínima, pero terminan inmersos en un proceso de judicialización engorroso para al final quedar libres.  

El Distrito debería acoger herramientas que han funcionado muy bien en el escenario nacional, como la “justicia premial” establecida en el Código de Extinción de dominio que establece que, si un ciudadano evidencia que en un inmueble se están realizando actividades de microtráfico, tiene la posibilidad de denunciar y si su colaboración resulta efectiva, puede recibir hasta un 5% del valor de ese bien enajenado (se tiene un tope de $1.800 millones de recompensa).

Este incentivo y otros más crean cercanía y confianza entre los ciudadanos y las autoridades policivas, lo que genera una buena comunicación y podría ayudar a disminuir hechos de violencia.

Las herramientas están disponibles, lo que hace falta es usarlas con mayor rigor. La ciudadanía exige resultados a las autoridades, pero también tiene el deber de denunciar, para que las instituciones puedan responder eficientemente en el combate del microtráfico, un problema que de no tratarse con urgencia terminará convertido en una especie de cáncer, que dañará profundamente a nuestra sociedad.

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