“Clan del Golfo” inicia formalmente proceso para acogerse a Ley de Sometimiento

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Uno de los requisitos para quienes se sometan a la Ley es mostrar su compromiso para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. 


Se inició el proceso formal de entrega a la justicia del “Clan del Golfo” tras una reunión en la que participaron el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero; el vicepresidente, Óscar Naranjo, un representante de la Fiscalía y los abogados que representan legalmente a la organización criminal liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias de ‘Otoniel’.

En este encuentro las partes discutieron cuáles son los requisitos que deben cumplir los miembros del grupo armado ilegal que quieran someterse a la nueva ley sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos.

Según medios locales, los abogados fueron informados sobre todos los puntos legales que deben cumplir los miembros del “Clan del Golfo”. Una vez los revisen con sus representados y recopilen todos los documentos necesarios, el siguiente paso será la presentación oficial de la solicitud de sometimiento a la justicia, de acuerdo con las versiones difundidas este martes.

Mientras el Ministerio de Justicia prepara la reglamentación de la nueva norma que incluirá la concentración de los integrantes de estos grupos en granjas agrícolas, la Fiscalía deberá verificar la legalidad de esta solicitud e iniciar los trámites para la judicialización de los miembros de la organización criminal dispuestos a acogerse a la ley.

El “Clan del Golfo” cuenta actualmente con 1.423 integrantes, cifra  que según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,  ha disminuido un 19 por ciento. el Gobierno está listo “desde el punto de vista logístico y de seguridad” a acoger a los miembros de este grupo que quieran “someterse a la justicia”, dijo el funcionario.

La ley de Sometimiento cuenta con un procedimiento especial para que los grupos armados se sometan a la justicia con un acercamiento al Gobierno y la posterior judicialización ante Fiscalía y ante los jueces. Además, fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar a la delincuencia organizada en las regiones donde opera.

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