¿Cómo salvar el proceso de paz?

¿Cómo salvar el proceso de paz?
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La crisis por la que atraviesa el proceso de paz con las FARC, derivada de la captura en abril pasado del exjefe guerrillero Jesús Santrich, las denuncias sobre irregularidades en la ejecución de los recursos para el posconflicto y la demora en la implementación de los programas de reincorporación de los excombatientes, ha llevado a distintos sectores sociales y políticos, así como a la comunidad internacional, a plantear alternativas para salvar los acuerdos que permitieron la desmovilización en 2016 de la mayor y más antigua guerrilla de la región.

Los recientes acontecimientos preocupan al mundo en general, especialmente a los países garantes de la negociación, que han pedido al Estado colombiano garantizar la protección del acuerdo final, con su estricto cumplimiento, incluidas las disposiciones relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue diseñada y acordada para preservar la verdad, justicia, reparación y no repetición. Tanto Cuba como Noruega consideran que, ante el momento difícil que vive la paz en Colombia, se requiere acelerar las acciones dirigidas a asegurar la reintegración a la vida civil de los exguerrilleros de las FARC.

Conscientes de que los múltiples obstáculos que se han presentado para la implementación de las reformas económicas, políticas y sociales pactadas en La Habana pueden dar al traste con los esfuerzos realizados para poner fin a un conflicto armado que ha dejado más de 230 mil muertos y alrededor de ocho millones de desplazados, sectores sociales y políticos han pedido al Gobierno Nacional y al naciente partido Fuerza Alternativa del Común perseverar en la consolidación de la paz.

A la captura de Santrich, a quien Estados Unidos pide en extradición para que responda por el delito de narcotráfico, acusación que la antigua guerrilla de las FARC atribuye a un “montaje” de los enemigos del proceso, se suman los atrasos e incumplimientos a lo pactado en la mesa de negociación, como los proyectos productivos y las alternativas económicas para facilitar la reincorporación de los miles de excombatientes a la sociedad.

A esta situación se agregan también las denuncias sobre malos manejos de los fondos para la paz, lo que ha llevado al Gobierno Nacional a una revisión profunda para garantizar transparencia en las adjudicaciones que se hagan. La Fiscalía General de la Nación descubrió la existencia de procesos para direccionar contratos de la entidad responsable de los recursos y alertó sobre la presencia de una red de intermediarios que estaría interesada “en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos”.

No obstante, la confianza de la comunidad internacional en el proceso se mantiene. Países como Noruega, que sirvió de garante de las conversaciones de paz con las FARC, anunció que seguirá acompañando los esfuerzos para poner fin a la confrontación armada en el país. “Estamos decididos a apoyar el diálogo tanto financiera como políticamente”, dijo la primera ministra noruega Erna Solberg, en su reciente visita a Colombia.

Para evitar que los acuerdos fracasen, se creó un bloque de congresistas electos de la Alianza Verde, Partido Liberal y de la llamada lista de la Decencia, que buscará garantizar su implementación de manera participativa durante la legislatura 2018-2022. La estrategia contará con el acompañamiento de organizaciones sociales, agrarias y de derechos humanos que han venido trabajando en la defensa de las víctimas y el campesinado, la participación política y las garantías de seguridad requeridas.

“Es necesario persistir en una bancada que consolide una nueva época que debe estar signada no solo por la convivencia y la democracia, sino también por buscar acabar con las causas sociales y económicas que ha tenido este conflicto”, señaló el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien explicó que el nuevo bloque defenderá el proceso de paz y “estará muy atento a cualquier intento de contrarreforma de los acuerdos” que se firmaron en 2016.

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, considera que los acuerdos de paz que alcanzaron el Gobierno y las FARC en La Habana deben ser modificados a fondo por quien asuma como presidente el 7 de agosto próximo. La legisladora opositora propone, por ejemplo, que los exjefes guerrilleros queden bajo la justicia ordinaria para evitar que incurran de nuevo en delitos, y que el Estado empodere a los organismos de inteligencia para garantizarle protección a los ciudadanos frente a las nuevas expresiones de violencia que han surgido. “El acuerdo de paz se salva con voluntad de las partes, así de sencillo, pero si los bandidos beneficiados quieren seguir delinquiendo, ¿quién es el culpable?”, se preguntó la representante a la Cámara.

Su colega, el senador Alfredo Rangel, se inclina por hacerle ajustes a los acuerdos para que ganen legitimidad, confianza y credibilidad ante la opinión pública. En los cambios que se hagan será clave el trabajo del nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio próximo. “Eso es perfectamente posible, porque en Colombia, como en cualquier democracia, los órganos del Estado son independientes uno del otro. El documento de La Habana fue firmado por el Gobierno Nacional y no compromete ni al sistema judicial, ni al Congreso, que puede hacer las reformas que se necesiten en el tema del narcotráfico y la impunidad”, subraya el parlamentario.

Desde el Congreso se han escuchado voces que reclaman el apoyo del Legislativo a las reformas que están pendientes para la implementación de los acuerdos de paz. La congresista liberal, Olga Lucía Velásquez, considera que aún hay tiempo para salvar los proyectos que se quedaron en el camino, en medio de una campaña electoral agitada y un país sumido en una profunda polarización.

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Angélica Lozano, coincide en que para salvar el proceso se deben implementar las reformas acordadas, pero de manera legal y correcta. “Aquí se han saboteado proyectos como el de Catastro Multipropósito, el del punto de tierras y la misma reforma política”, agrega la parlamentaria.

Para el legislador del Polo Democrático, Germán Navas Talero, la solución al momento difícil que enfrentan los acuerdos de paz no es su destrucción. “Lo que tenemos que hacer los congresistas es dejar de pensar en nosotros y pensar en el país, porque aquí hay partidos políticos que aplauden cuando se daña el proceso de paz”, sin evaluar los perjuicios que eso trae a la población.

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Desde el congreso se han escuchado voces que reclaman el apoyo del legislativo a las reformas que están pendientes para la implementación de los acuerdos de paz.

La captura del exjefe de las FARC y su posible extradición a los Estados Unidos tendrá sin duda efectos en el proceso. Así lo dejó claro el propio Iván Márquez, quien lo calificó como un “golpe” a la negociación que puso fin al enfrentamiento armado con esa organización. Según la defensa de Santrich, en su detención se cometieron toda clase de irregularidades, como por ejemplo no haber informado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la orden de arresto internacional. Esa instancia será la que determine legalmente si el presunto delito de narcotráfico, del que se le acusa al líder guerrillero, se cometió antes o después de firmados los acuerdos de La Habana.

Aunque los medios de comunicación han revelado las presuntas pruebas que tendría la justicia americana, como videos y conversaciones telefónicas que vincularían a Santrich con el envío de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos, el naciente partido político de las FARC insiste en la tesis de un montaje de la DEA y la Fiscalía colombiana para acabar con el proceso de paz. Lo ocurrido no solo deja en riesgo a la exguerrilla de perder una curul en el Congreso, sino que ha sembrado desconfianza entre los delegados del ELN que participan en las conversaciones de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los cuales han exigido un blindaje jurídico para evitar que se repita esa situación. Lo cierto es que el tema de la extradición de Santrich quedará en manos de quien asuma la Presidencia en agosto próximo, decisión nada fácil de tomar por las implicaciones que tendrá para el país.

La captura de Jesús Santrich fue calificada por Iván Márquez como un montaje  de estados Unidos y la Fiscalía

 

Aunque el proceso enfrenta dificultades que han venido creciendo con el asesinato de líderes sociales, reclamantes de tierra y excombatientes, el gobierno es optimista de sacarlo adelante. En una evaluación de la implementación de los acuerdos alcanzados con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que a los colombianos no les va a quedar grande la paz y los invitó a perseverar en ese propósito.

“Nadie dijo que esta paz, o que la reconciliación, iban a ser fáciles. Sabíamos que íbamos a tener detractores, muchos obstáculos. Y vendrán más dificultades, sin lugar a dudas, vendrán más desafíos. Pero juntos, todos los colombianos, vamos a superarlas”, enfatizó el mandatario. Sin embargo, reconoció retrasos en el cumplimiento de algunas de las cosas pactadas con la insurgencia, que poco a poco se irán solucionando. Al margen de las críticas que ha recibido el proceso, lo cierto es que ha traído beneficios para el país, como la desmovilización histórica de la mayor guerrilla de la región, su incursión a la vida política, tras la entrega de las armas, y la posibilidad de que las víctimas conozcan algún día la verdad de lo sucedido en el conflicto, con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y logren la reparación. El gran problema según los analistas es la aguda polarización que existe en el país, que les impide a los colombianos avanzar hacia la reconciliación.

Las FARC denuncian el incumplimiento a lo pactado en la Habana para su desmovilización.

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