¿Cómo se prepara el país para el año electoral?

Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha.

Este año la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y demás entidades responsables de la organización de las consultas interpartidistas del 26 de mayo y de las elecciones regionales del 27 de octubre, tendrán que ejecutar un trabajo calculado y de precisión que garantice la eficacia y la transparencia de unos intrincados comicios en los cuales los votantes recibirán hasta cinco tarjetones.

Con un incremento sustancial en los asesinatos de líderes sociales en los territorios, el presupuesto que se le asigne a la Registraduría, así como la articulación de todas las instituciones que participen de la planeación de las jornadas electorales (especialmente las que asumen los retos de seguridad), serán claves para garantizar un ejercicio democrático transparente y sin violencia, en unas elecciones que son cruciales para la paz.

Con casi 37 millones de ciudadanos inscritos para las elecciones regionales de 2019 (17.795.720 hombres y 19.009.359 mujeres), más allá de las consultas internas que tendrán los partidos políticos para determinar quiénes serán sus respectivos candidatos, este año la Registraduría deberá disponer de la logística para que se elijan 20.428 cargos de elección popular (32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, más de 12.000 concejales y 6.814 ediles). Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no solo suscritas a un proceso de paz, sino con un partido político consolidado, la importancia histórica de estos comicios es evidente, pero se ha visto ensombrecida por la presencia de grupos armados al margen de la ley y por el preocupante aumento en las amenazas y los asesinatos de líderes sociales, un diciente y desolador termómetro de lo que está pasando en las regiones del país.

Aumento de amenazas y violencia política

De acuerdo con el director del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral (MOE), Camilo Vargas, aunque en 2017 sí se sintió en los territorios el desmonte de las FARC, la lentitud en la implementación de los acuerdos de paz ha reproducido espacios de violencia, y la situación actual es en esencia la misma a la que se vivió hace cuatro años. En este sentido, la primera gran amenaza sobre la que advierte la MOE está relacionada con las intimidaciones ejercidas a los líderes políticos, sociales y comunitarios.

El sustancial incremento en el asesinato de líderes sociales vaticina unas elecciones regionales complejas en materia de seguridad, a razón de que los líderes políticos, sociales y comunitarios son movilizadores de votos e influenciadores en los territorios.

Aclarando que la MOE monitorea de manera permanente a los líderes en los territorios y no únicamente en periodo electoral (en razón a que ellos llevan a cabo un ejercicio de representación que hace parte de la democracia), estos se han convertido en un referente permanente de la situación de una determinada región. En este sentido la Misión ha señalado que, entre más local es el poder que ejerce un líder, más letal es la amenaza contra el mismo y en las fechas más significativas del calendario electoral coinciden picos y aumentos de la violencia.

“Es innegable que en una campaña electoral los líderes políticos, sociales y comunitarios trabajan de manera conjunta y todos ellos son actores, movilizadores de votos e influenciadores. Por eso las consultas de partidos el 26 de mayo, la inscripción de candidatos entre el 27 de junio y el 27 de julio y por supuesto la realización misma de las elecciones en octubre (que si las tendencias se mantienen lo convertirán en el mes más violento del año), son fechas a las que toca poner especial atención”, afirma Vargas.

Aunque a comienzos de 2018, la MOE monitoreó 177 municipios con presencia de grupos armados ilegales, del ELN, EPL y disidencias de las FARC cada vez más fortalecidas, hay algo mucho más preocupante sobre lo que la Misión está alertando: la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley como las Águilas Negras, que para cualquier efecto no existen, pero que están matando a los líderes en las regiones.

“Es indiscutible que hay en Colombia unos fenómenos de ilegalidad y violencia política que no están bien diagnosticados y frente a los cuales el Estado no está bien preparado para enfrentarlos. Las Águilas Negras han aparecido en todo el país, hacen amenazas con panfletos a personas que terminan siendo asesinadas, pero no existen. No existe un grupo armado ilegal con ese nombre. En algún momento el Ministerio de Defensa desinformadamente dijo que sí pero no. Y un fenómeno como ese hace que nos preguntemos: ¿quién está detrás de esas amenazas?”, añadió.

Ante esta situación, la recomendación emitida por la MOE es que las entidades competentes y los partidos políticos cambien el enfoque de protección que siempre han privilegiado, por uno de prevención en el que se fortalezcan y articulen los espacios preventivos ya existentes. Pedir esquemas de protección en unas elecciones que van a tener más de 120.000 candidatos es utópico para la Unidad Nacional de Protección (UNP), que ya se ha visto en ocasiones desbordada. “Es por eso que nuestro memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior busca que ellos coordinen esos espacios con todas las entidades (gobiernos municipales, fuerza pública, partidos, organizaciones sociales, etc.) a través de las Comisiones de Seguimiento Electoral. El año pasado se hizo la primera y en ella se aprobó el Plan Nacional de Garantías Electorales que es la hoja de ruta para la organización de los comicios”, concluye.

La Misión de Observación Electoral (MOE) acordó con el Ministerio del Interior trabajar de manera conjunta para hacerle frente a los principales retos de las elecciones regionales de este año. La MOE hace monitoreo permanente a las acciones que ponen en riesgo la democracia y la institucionalidad.

Presupuesto en negociaciones

El registrador delegado para las Elecciones, Jaime Hernando Suárez, solicitó más presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para garantizar la eficiencia y la transparencia durante la jornada electoral.

Con un estimado de inscripción de 120.000 candidatos (hace cuatro años se presentaron 112.904 aspirantes), el registrador delegado para las Elecciones, Jaime Hernando Suárez, asegura que su entidad ya tiene lista la tecnología, las plataformas y el software que garantizará la transparencia y la inmediatez de los resultados, aunque reitera que el éxito de la logística de los comicios dependerá del presupuesto que le asigne el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“Dependemos de eso. Lo digo claramente: en las consultas internas los problemas que se han dado como el uso de fotocopias en lugar de tarjetas electorales, se ha debido a una falta presupuestal”.

Tras señalar que tanto la Registraduría como el Ministerio de Hacienda aún se encuentran en un proceso de definición del mismo para 2019, Suárez es claro en admitir que su entidad está pidiendo un poco más de recursos y que por eso no se han pronunciado con relación a una cifra. Así mismo explica la diferencia que un aumento de presupuesto haría, por ejemplo, frente a las mesas de votación (aún por definir).

“Para nosotros sería ideal tener un máximo de 330 votantes por mesa para que sea más rápida y cómoda la votación. Esta es una elección en donde se van a entregar hasta cinco tarjetones electorales a una misma persona que, por ágil y joven que sea, y así tenga claro por quien va a votar, inevitablemente se va a demorar. Por eso la Registraduría ha señalado que no es bueno tener tantos votantes por mesa, pero eso, nuevamente les digo, depende del presupuesto que se nos asigne”, agrega Suárez.

Otras de las acciones que puntualmente quiere llevar a cabo la entidad que está sujeta a los recursos que le entreguen (y que suele ser el blanco de denuncias de fraude), tiene que ver con la digitalización de los formularios E14 para que los resultados se conozcan el mismo día de las votaciones y se fortalezca la transparencia alrededor de los mismos.

“El nuestro es un proceso electoral que goza de las mayores garantías en materia de transparencia y muchos de los problemas que tenemos no son parte del proceso electoral como tal, sino de la cultura electoral colombiana. Es por eso que nuestro sistema ha dado la talla para ser certificado en calidad por la Organización de Estados Americanos, OEA”

Uno de los grandes riesgos que se han identificado para estas elecciones es el de los formularios E14. La Registraduría planea digitalizar estas plantillas, altamente cuestionadas durante los comicios presidenciales de 2018.

Estas plantillas, que son las que llenan los jurados de votación tras el conteo de votos, fueron altamente cuestionadas en las elecciones presidenciales de 2018 y eso es lo que este año se quiere evitar.

De acuerdo con Camilo Vargas, uno de los grandes riesgos que se han identificado para estas elecciones es el de estos formularios.

“Los disturbios y los intentos de asonadas no necesariamente se presentan en contextos de conflicto. En Cundinamarca vimos asonadas simplemente por lo estrecho de los resultados y por la percepción de ilegitimidad en los mismos. El año pasado los números de estos formatos se veían amañados y eso dio una sensación de fraude que se magnificó por los memes que circularon en redes”, recuerda.

Invirtiendo en tecnología

Según la Registraduría, estas serán unas elecciones que, de aprobarse el presupuesto para las herramientas que se quieren utilizar, tendrán mucha tecnología. Es por ello que para los comicios de octubre se le están solicitando recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para incorporar unas plataformas que cruzan la información que proveen los partidos políticos, con las bases de datos contenidos en el Archivo Nacional de Información.

“Estos programas hacen mejores cruces de la información, hacen un control de la cuota de género de las listas, y les permiten a los organismos de vigilancia del Consejo Nacional Electoral tener toda la relación de candidatos. Algunas de estas plataformas son nuevas y otras ya existían, pero se les han hecho adecuaciones porque siempre estamos innovando en nuevos procesos”, asegura el registrador delegado.

Los medios digitales de la Registraduría se han rediseñado para facilitarle a los votantes toda la información relativa a los comicios de este año.
En un trabajo articulado con el Consejo Nacional Electoral y otras entidades públicas, la Registraduría espera que los comicios de este año se lleven a cabo sin ningún contratiempo logístico

Adicionalmente, la inscripción de cédulas de ciudadanía que se está llevando a cabo desde el 27 de octubre del año pasado se está haciendo con biometría automática, “y vamos a hacer lo mismo con los testigos electorales y con los jurados de votación, sobre quienes siempre hay muchas intrigas. De esta manera podrán ser verificados por todos los partidos y por todos los 

candidatos. Esto es tecnología y seguridad informática y para eso, repito, se requieren recursos”, sostiene el funcionario.

Por su parte, la MOE ha llamado la atención sobre la trashumancia electoral, la infiltración en los jurados de votación, la inscripción irregular de cédulas y el débil sistema de escrutinio. Es por eso que esta entidad le está solicitando al Ministerio del Interior otras bases de datos más actualizadas para que el cruce de información sea más efectivo y permitan identificar con precisión quienes están habilitadas para votar y en la región del país que corresponde.

Finalmente, frente al escrutinio, el director del Observatorio Político de la MOE, Camilo Vargas, dijo que para asegurar la transparencia del proceso, Colombia está en mora de modificar el Código Electoral vigente (Decreto 2241 de 1986) que tiene procedimientos “arcaicos, anacrónicos, onerosos y difíciles de vigilar, que hoy por hoy están hibridados con software difíciles de auditar y que no tienen todas las condiciones de seguridad que nosotros quisiéramos. Es fácil hacer fraude en los escrutinios”, advierte Vargas, quien resalta el excelente trabajo sin precedentes que hizo la Fiscalía en las elecciones de hace cuatro años, cuando esta entidad realizó capturas contra candidatos, algunos por delitos electorales, incluso antes de los comicios.

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