Consideraciones sobre una propuesta de reforma a la justicia

Consideraciones sobre una propuesta de reforma a la justicia
Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho (2017-2018). Presidente del Consejo de Estado (2008-2009) Excomisionado de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

Es apremiante una reforma estructural a la justicia en Colombia. La implementación del modelo constitucional dispuesto en la Carta Política de 1991 ha evidenciado graves falencias y múltiples desajustes que a la larga han creado desconfianza en el aparato judicial y en las mismas decisiones jurisdiccionales, en no pocas oportunidades por escándalos mediáticos que han develado el verdadero funcionamiento del aparato judicial y los hechos negativos originados en la falta de juicio y en la superposición de intereses particulares del operador judicial al momento de tomar una decisión en el caso concreto.

Una verdadera reforma a la justicia no puede limitarse a efectuar modificaciones o variaciones tibias en el funcionamiento y la operación de las altas cortes, así como revaluar la distribución de sus magistrados ni la estructura de sus despachos. Sin demeritar la importante función que cumplen los máximos tribunales en las distintas jurisdicciones, el nudo o la gran dificultad en la operatividad de la justicia se ubica en los despachos judiciales de categoría municipal, de circuito y tribunales, cuyos componentes técnicos y humanos se han quedado cortos en demasía frente a la avalancha diaria de procesos y tramites urgentes, como las acciones de tutela que exigen una decisión pronta y debidamente fundamentada. 

De manera general, una reforma estructural e integral a la administración de justicia puede enmarcarse en tres ejes fundamentales que abarcan las problemáticas más significativas que se han evidenciado luego de la definición de un sistema por parte del Constituyente. Estos tres ejes son: I) El mejoramiento de la educación jurídica o de la enseñanza del derecho; II) La descongestión judicial y el fortalecimiento de la justicia en los despachos de menor rango; III) La evaluación y redistribución de los poderes electorales de los jueces.

El mejoramiento de la educación jurídica o de la enseñanza del derecho

En el país, argumenta Gil Botero, es necesario recuperar el prestigio de la profesión de abogado y darle un enfoque humanista y de servicio social.

El primer eje o pilar de una necesaria reforma a la justicia gira en torno a la educación jurídica o a la formación del abogado en Colombia. Sin duda, el estudiante de derecho y el profesional en ciencias jurídicas desempeñan un rol definitivo de cara al correcto, oportuno y eficiente ejercicio de la función jurisdiccional. El capital humano tiene un alto porcentaje de participación e impacto en el funcionamiento del sistema judicial, de ahí el imperioso afán de mejorar la calidad de la educación jurídica. 

Se hace necesario recuperar el prestigio de la profesión de abogado y darle un enfoque humanista y de servicio social. A la Rama Judicial no solo deben llegar los mejores juristas, sino los más virtuosos, con las más altas calidades éticas que sirvan de fortaleza frente a las inevitables propuestas oscuras e indecentes que siempre estarán latentes, sean de tipo económico o político, por parte de quienes tienen intereses en los casos sometidos al conocimiento de la jurisdicción. 

Se trata, entonces, de revaluar completamente el sistema educativo respecto de las ciencias humanas y sociales y, en particular, en lo referido a la formación jurídica, con el propósito de establecer unos mínimos de calidad que habrán de cumplirse en los programas de pregrado de derecho, aspecto que precisamente ha dado lugar a establecer el examen dispuesto por la Ley 1905 de 2018. Aquí se insiste vehementemente en la necesidad de ahondar en una formación jurídica con bases sólidas desde lo ético y lo humano. La correcta y efectiva enseñanza de la ética social es un compromiso fijado por el mismo Constituyente desde 1991 (art. 41), de manera que en las facultades de derecho deberá privilegiarse la construcción de un ciudadano íntegro y formado en ética y valores, condiciones que a la larga redundará en la titulación de profesionales capaces de asumir los retos propios del abogado, pero con sentido humanista y mejor preparado para desempeñar adecuadamente la función de administrar justicia. 

Sin el ánimo de limitar o restringir indebidamente el principio de libertad de cátedra y demás garantías inherentes a la educación superior, hay lugar a proponer una reforma al sistema educativo para la formación de los abogados que no limiten sus conocimientos a circunstancias de técnica jurídica, sino que, además, se formen en habilidades humanas y en principios básicos del comportamiento que a la postre se reflejará en jueces probos y que ejerzan su cargo con dignidad y decoro, por convicción propia y en beneficio de la justicia. 

La filósofa española Adela Cortina, en su obra denominada: ¿para qué sirve realmente la ética?, nos enseña que esta trata o se refiere a “… la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos”. De esta manera, la ética tiene sentido porque nos permite ser conscientes de que tanto las personas como las instituciones tenemos la capacidad de cambiar y dirigir el curso de nuestras acciones, de conformidad con las reglas de la moral y del derecho. Forjar un buen carácter es uno de los fines mismos de la vida, además de cultivar hábitos que sean positivos, a través de la educación, de una educación humana de calidad.

La descongestión judicial y el fortalecimiento de la justicia en los despachos de menor rango

Según Gil Botero, para mejorar el sistema de justicia en el país, es necesario fortalecer la educación jurídica, descongestionar la rama judicial, y evaluar y redistribuir los poderes electorales de los jueces.

Ahora, el aspecto más sensible y de mayor relevancia operativa y funcional para el aparato judicial está condensado en el segundo pilar o eje propuesto para la reforma. Es urgente la adopción de medidas tendientes a descongestionar los despachos judiciales, a priorizar en recursos humanos y técnicos tendientes a depurar el número de procesos en trámite y a facilitar los medios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, haciendo énfasis en los juzgados municipales, promiscuos y de circuito que presentan altos niveles de congestión y preocupantes estadísticas de rendimiento. Las decisiones judiciales deben ser adoptadas con prontitud, pues una justicia tardía no es justicia. Los elevados índices de congestión de casi todos los despachos judiciales del país han derivado en la imposibilidad de acceder oportunamente a la administración de justicia, ya que la agilidad y celeridad en la expedición de los autos y sentencias en cada proceso es una garantía constitucional e inherente al ser humano que confía sus intereses a la jurisdicción. 

La congestión repercute negativamente en la eficacia de los mecanismos dispuestos para la justicia formal, generando desconfianza en la función jurisdiccional, razón por la cual es necesario establecer instituciones y procedimientos de orden gerencial que revisen constantemente los índices de rendimiento y adopten al respecto medidas efectivas que solucionen las trabas y retrasos, según el caso. Se trata de establecer un verdadero sistema de gestión judicial, administrado bajo parámetros gerenciales con capacidad de distribuir eficientemente los recursos técnicos y humanos conforme a las necesidades advertidas y brindar soluciones administrativas, más no jurídicas, a las falencias operativas que presente el aparato judicial. 

Se debe proponer, entonces, un plan serio, riguroso y eficiente para afrontar los problemas de congestión de la justicia, una medida efectiva y con resultados prontos, aspecto que claramente exige la asignación de cuantiosos recursos a la rama judicial, pero antes que eso, la definición de una política pública de gestión judicial bajo parámetros gerenciales propiamente dichos. 

Un aspecto importante tiene relación con la jurisdicción de lo contencioso administrativo, frente a la cual se ha evidenciado la necesidad imperiosa de escindir el conocimiento de las acciones ordinarias y las acciones o juicios de ejecución, siendo procedente y útil para el sistema la redistribución de competencias mediante la creación de despachos especializados en conocer y definir procesos ejecutivos. Son especiales las condiciones del juicio ejecutivo en materia administrativa, razón por la cual, la asignación de estas competencias a despachos especializados, impactará positivamente en los índices de congestión de esta jurisdicción. 

Y por último, definir de una vez por todas que las Cortes -Consejo de Estadono es un órgano de instancia o de rituación de procesos.

La evaluación y redistribución de los poderes electorales de los jueces

Uno de los efectos de la congestión judicial es el hacinamiento carcelario que supera el 150% de la capacidad del sistema.

En cuanto al tercer eje o pilar de la reforma hay que resaltar que, la función natural del juez no es otra que administrar justicia, por eso, es menester revisar las funciones o facultades electorales conferidas constitucionalmente a las autoridades judiciales y, en especial, a las altas cortes, toda vez que estas circunstancias secundarias o accidentales, que son del todo ajenas a la jurisdicción y que se han convertido en serios distractores que perjudican el óptimo desempeño de la función propia de jueces y magistrados.

No se trata de un asunto novedoso, pues en ocasiones anteriores ya se ha puesto de presente la intención del Gobierno Nacional y del mismo Legislativo de abordar las competencias que en materia de elección fueron encomendadas a los funcionarios judiciales. Tan cierto es lo anterior, que para el caso de la elección del Contralor General de la República se propuso, tramitó y expidió la normatividad modificatoria del sistema de selección correspondiente (Acto Legislativo 02 de 2015), revaluando al respecto las competencias de las altas cortes para elaborar la terna respectiva y determinando en este sentido la necesidad de adelantar un procedimiento abierto sin la participación de autoridades jurisdiccionales. 

En la actualidad, la Constitución Colombiana tiene varias normas que disponen facultades electorales y nominadoras en cabeza de los miembros de la rama judicial, tanto para funcionarios del mismo cuerpo jurisdiccional, como para proponer o elegir el Fiscal General de la Nación, el Registrador General, el Auditor General y el Procurador. Esta asignación de competencias de orden electoral merece un riguroso debate tendiente a establecer si es o no necesario, pertinente y procedente que los funcionarios destinados al ejercicio jurisdiccional se ocupen de asuntos electorales y en no pocas veces “electoreros”, del todo ajenos a su esencia y naturaleza. Habrá que definirse en este sentido si hay lugar a sustraer estas facultades de elección a las altas cortes tratándose de los cargos ajenos a la rama judicial o si, también, habrá necesidad de revaluar el esquema de elección de los mismos magistrados y del Fiscal General de la Nación. 

Del todo sano resulta pensar en apartar a los jueces de estas dinámicas que afectan la imagen de la judicatura e inciden, negativamente, en la sagrada independencia de la magistratura y de la función jurisdiccional, pues pesa más el afán político y de protagonismo electoral que la sapiencia y el juicio en la adopción de decisiones de orden propiamente judicial a través de autos y sentencias. La experiencia nos ha demostrado que estas facultades distrajeron en asuntos políticos a muchos magistrados, aspecto que de alguna u otra forma se ha convertido en causa de la crisis actual. 

No es poco el tiempo que los jueces ocupan en la realización de elecciones, ello en desmedro de la descongestión judicial. Existe a este respecto una evidente equivalencia entre congestión y tiempo desgastado en la realización de debates electorales y definición de contiendas netamente políticas y ajenas a la jurisdicción.

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