Constitucionalización de la justicia

Constitucionalización de la justicia
Alfonso Gómez Méndez Ministro de Justicia y del Derecho (2013-2014) Fiscal General de la Nación (1997-2001) Procurador General de la Nación (1989-1990)

En la búsqueda de la consecución del tan loable fin consagrado en todas las constituciones desde el siglo XIX de alcanzar una “pronta y cumplida justicia”, los colombianos hemos cometido el recurrente error de considerar que para lograrlo debemos estar cambiando permanentemente la Constitución Política. Buena parte de las múltiples reformas introducidas a la Carta, se justifican en gran medida, con el argumento de hacer una “reforma judicial”.

Un rápido barrido de lo que ocurrió en el siglo XX y en lo que va corrido del XXI así lo demuestra. En la exposición de motivos de la que fuera la gran reforma de 1945, el Presidente Lleras Camargo expuso ampliamente la necesidad de mejorar el sistema de administración de justicia. En el proyecto de reforma Constitucional elaborado por la ANAC y que sesionó, en momentos de la ruptura institucional después del cierre del Congreso el 9 de noviembre de 1949 y elaborado en 1952, se incluían varias disposiciones sobre nombramiento de magistrados y jueces y la creación de la Fiscalía General de la Nación, entre otras materias.

Orígenes

El plebiscito de 1957 se ocupó del tema de la justicia, y entre otras cosas estableció el sistema de la cooptación, y determinó la inamovilidad de los magistrados en su cargo. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reversó todo lo que hizo el plebiscito 34 años atrás.

Considerando que una de las causas de la violencia liberal-conservadora había sido la politización de la justicia, el plebiscito de 1957 -que creó las instituciones del Frente Nacional para afianzar la paz y la unidad nacional- se ocupó del tema de la justicia. Entre otras instituciones, se estableció la paridad que determinaba que solo podían acceder al poder judicial quienes pertenecieran a los partidos Liberal o Conservador, desde los jueces promiscuos municipales hasta los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Para evitar esa politización, originada en parte porque el Congreso escogía a los magistrados de las Altas Cortes de ternas elaboradas por el Gobierno, se instauró el sistema de la cooptación, en virtud de la cual las vacantes eran llenadas por la propia corporación sin injerencia alguna de la política. Para garantizar la independencia de los magistrados se determinó su inamovilidad, en la que permanecían en sus cargos hasta que llegaran a la edad de retiro forzoso (65 años), siempre y cuando observaran buena conducta. 

Hay que decir que el plebiscito significó la participación electoral más alta en la historia de Colombia, ya que no solo votaron las mujeres por primera vez sino que hubo una abstención apenas cercana al 15%. 

La Reforma Constitucional de 1968, impulsada por la administración Lleras Restrepo, se ocupó de su jurisdicción y creó la Sala Constitucional al interior de la Corte Suprema, para el ejercicio de control. Valdría la pena recordar que en la primera vuelta de ese Acto Legislativo se alcanzó a crear la Corte Constitucional. 

El Presidente Alfonso López Michelsen, consciente también de la gravedad del problema judicial, hizo aprobar del Congreso un acto legislativo en virtud del cual se creó una Asamblea Constituyente, con el fin exclusivo de reformar el régimen departamental y municipal y la administración de justicia. Como es sabido, la Corte Suprema en el conocido fallo del 5 de mayo de 1978, tumbó esa reforma con el argumento de que según el artículo 218 de la CN -que venía de la reforma plebiscitaria- las reformas constitucionales solo podía hacerlas el Congreso. 

Qué ironía que 23 años después la misma Corte autorizó el cambio de la Constitución por un procedimiento que no estaba previsto, como era el de una constituyente convocada por un decreto de Estado de Sitio. En la Reforma Constitucional de 1979, impulsada por el gobierno de Turbay Ayala, se incluyeron varias normas relativas a la administración de justicia de las que destacaríamos la creación del Tribunal Disciplinario y de la Fiscalía General de la Nación. Esa reforma también fue declarada inexequible en noviembre de 1981 por la misma Corte Suprema de Justicia.

Instituciones iniciales

En la Asamblea Nacional Constituyente se volvió otra vez a plantear la necesidad de reformar el tema constitucional de la justicia, y en ella se crearon el Consejo Superior de la Judicatura, que por cierto es una de las entidades cuyo funcionamiento ha sido objeto de excesivas críticas en la opinión, y la Fiscalía General de la Nación. Esta fue, sin duda, un acierto para centralizar y fortalecer la investigación Criminal. Se reversó todo lo que se había hecho en 1957 para despolitizar la administración de Justicia. 

Se pasó de la cooptación amplia a una restringida con el cedazo poco acertado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Administración de la Judicatura. Aun cuando no ha creado dificultades, se le devolvió al Senado la facultad de nombrar magistrados, en este caso de la Sala Constitucional. 

Y lo peor: El “regalo envenenado” del que habla el constituyente Hernando Yepes, de darle tantas atribuciones electorales -extrañas a la función judicial- que han contribuido a la clientelización de la justicia. Entró la politiquería a la administración de justicia, por la puerta de atrás.

Constitución de 1991

Desde 1991 a hoy, todos los proyectos de reforma judicial, fallidos en su mayoría, se han orientado a enmendar los errores de la Constituyente. Varias veces, sin éxito, se ha querido despojar a las Altas Cortes de sus funciones electorales. Casi todas las reformas tienen que ver con períodos -algo que no ocurría antes del 91-, edad de acceso o de retiro, inhabilidades o incompatibilidades. Y en buena parte no han funcionado por esa relación que se estableció en la Constitución del 91: magistrados y congresistas se juzgan mutuamente.

Época reciente

En 2015, con el “Equilibrio de Poderes”, se mezclaron los temas políticos con los judiciales, que adoptaron cambios constitucionales respecto al balance y ajuste entre las varias instituciones que conforman el Estado colombiano. Por ejemplo, Gustavo Petro, al ser el segundo candidato presidencial con mayor votación en 2018, ocupó, por ley, una curul en el Senado, gracias a esa reforma.

Los magistrados -cosa que no ocurría antesvan a las Cámaras a defender sus intereses. El momento más difícil se vivió cuando por ese cruce en la reforma de 2012, el país se dio cuenta de que ese proyecto estaba lleno de “micos”, y que favorecían bien a los magistrados o a los congresistas. Para que no entrara a regir, el Presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que recurrir al poco ortodoxo expediente de “objetar” un Acto Legislativo, que como se sabe, se perfecciona con los ocho debates -que los hubo- y no requiere sanción presidencial, que es el momento en el que se pueden presentar objeciones. El país jurídico se tragó ese “sapo” para evitar el “orangután” que había en la reforma. En el mal llamado “Equilibrio de Poderes” aprobado en 2015, se mezclaron los temas políticos con los judiciales, y buena parte de sus disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Lo curioso es que una de las pocas normas que quedó vigente fue la que creó el “Consejo de Disciplina Judicial”, en reemplazo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que aún hoy no ha podido entrar a funcionar. Y la gran reforma que era la creación del “Tribunal de Aforados”, para evitar la impunidad política y judicial de los altos funcionarios -lo que ha hecho que este sea el único país de la región en donde no ha sido posible procesar a presidentes o expresidentes-, se quedó en veremos por una curiosa interpretación de la Corte Constitucional. Dicha lectura consideraba que reemplazar a la desprestigiada Comisión de Acusaciones, significaba una “sustitución” de la carta del 91, a pesar de que como es suficientemente conocido, esa comisión no fue creada en ese año ya que viene desde el siglo XIX.

Conclusión

Como se ve, la reforma que la justicia requiere no está unida a la regulación constitucional, que solo se ocupa de distribuir el poder en las altas cortes. La gran revolución judicial consistiría en cumplir los términos procesales y para eso no se necesita cambiar la Constitución. Hay que cambiar sí, la formación de los abogados, tener un régimen disciplinario severo y ágil, modificar la estructura del Ministerio de Justicia, depurar la legislación para hacerla más sencilla, aplicar -como ya comienza a hacerse- de manera plena la tecnología, entre otras cosas. Podríamos dejar quieta la Constitución por un tiempo y dedicarnos a actuar antes que persistir en el fetichismo normativo.

Comparte este contenido en tus redes sociales