Crisis de agua en La Guajira


Columnistas Opinión

Nalliber Andrea Ruiz Torres
Estudiante de Maestría en Trabajo Social de la Universidad del Sur de California (USC). 

La primera vez que viví una crisis de agua fue en el año 2015, en California, EEUU, donde solo se podían regar los jardines ciertos días de la semana y el hecho de malgastar el preciado líquido implicaba una multa de hasta $500 dólares. Sin embargo, a unos miles de kilómetros se presentaba una situación mucho más devastadora. De acuerdo con el Washington Post, 5.000 niños han muerto en La Guajira, Colombia, por la escasez de agua.

Factores naturales y antropológicos son la causa principal de la calamidad que han vivido y siguen viviendo las comunidades Wayuu. El fenómeno de El Niño del 2014, que generó en La Guajira las peores sequías y las más bajas precipitaciones en 40 años, dejó como consecuencia la muerte de 20.000 cabezas de ganado y a su población aún más vulnerable de presentar problemas de desnutrición.

Por otra parte, la extracción de carbón de una de las minas más grandes de Latinoamérica, El Cerrejón, ha generado la desviación del río Ranchería, principal fuente de agua potable para la tribu Wayuu. Producto de ello, cada día los niños de esa región recorren hasta tres horas el desértico y agotante territorio de La Guajira en busca del preciado líquido. Desesperados y en cuestión de minutos recogen el agua que pueden y la beben muchas veces sin saber que está contaminada con partículas de metales pesados, lo que los coloca en riesgo de infecciones intestinales que pueden derivar, incluso, en su muerte.

Como ciudadana colombiana, comparto el dolor de ver a cientos de niños indígenas desnutridos, algunos de los cuales han muerto en sus hamacas por la falta de agua y alimentos. Esto me lleva a pensar que más que espectadores podemos ser agentes de cambio social en esta crisis.

La comunidad internacional ha estado atenta a la situación, y es así como el Banco Mundial le concedió un préstamo de nueve millones de dólares al Gobierno colombiano en el 2OO7 para garantizar a la comunidad Wayuu el acceso a ese servicio vital. Sin embargo, según líderes indígenas, no hubo el seguimiento necesario para la realización de los proyectos que se tenían en mente. Tampoco ha sido posible terminar la hidroeléctrica, cuyo costo inicial fue de 650.000 millones de pesos, con la cual se busca proveer del líquido a más de 354.000 habitantes en esa zona del Caribe colombiano. De los 365 reservorios que hay en el municipio de Uribia, solo uno posee agua potable. ¿Podrá Colombia seguir contando con la existencia de la tribu Wayuu con las pocas medidas que se han tomado, algunas de ellas aún sin ejecutarse?

“El aumento de compañías privadas mejoraría la eficacia en los procesos de desalinización y con el aumento de la oferta los precios por el agua disminuirían eventualmente”.

Con la pregunta no se busca señalar culpables, sino identificar soluciones viables por medio de la colaboración mutua y responsable de quienes están interesados en que se ejerzan políticas de acción a nivel holístico y así proteger los derechos fundamentales de la población Wayuu.

Actualmente, existe una empresa internacional privada en La Guajira que desde el 2016 proporciona agua potable por medio del procedimiento de desalinización, aprovechando las fuentes de energía altamente renovables como el viento y la energía solar, que reducen el costo de la reversión de osmosis. Aunque esta compañía trae esperanza para el departamento, se requieren más empresas con innovación tecnológica, ya que la necesidad es mucha y las comunidades étnicas cada día van desapareciendo.

El aumento de compañías privadas mejoraría la eficacia en los procesos de desalinización y con el aumento de la oferta los precios por el agua disminuirían eventualmente.

Cabe recordar que Colombia es parte del Acuerdo de París y se ha unido a la lucha por reducir los efectos del cambio climático en el mundo, con el compromiso de bajar las emisiones de carbono en un 20% para el año 2030. También, uno de los propósitos del Gobierno colombiano como parte de OECD es trabajar con entidades locales, regionales y empresas privadas nacionales e internacionales, con el fin de fomentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en comunidades de riesgo o situaciones adversas por eventos naturales.

Estas medidas, en conjunto con la innovación del sector privado y la colaboración de las tribus indígenas en su amplio conocimiento de la tierra y sus recursos, solucionarían a largo plazo la crisis de agua en La Guajira, y colocarían a Colombia en la plataforma internacional como un modelo de desarrollo sostenible socio-económico para el mundo entero.

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