De la administración de la Rama Judicial y la Jurisdicción Disciplinaria

Pedro Alonso Sanabria Buitrago Presidente Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura

En la Constitución Política se introdujo el modelo de Estado Social de Derecho, con nuevos órganos para dar cumplimiento a los fines esenciales: la Corte Constitucional, como guardiana de la superioridad normativa de la Carta Magna; la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador en materia penal; la Defensoría del Pueblo, como institución encargada de promover, proteger y divulgar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; y el Consejo Superior de la Judicatura, creado con la finalidad de administrar a la Rama Judicial, e investigar y sancionar disciplinariamente abogados, funcionarios judiciales, Fiscales, Magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales.

En relación con los Actos Legislativos introducidos a la Constitución desde 1992 a la fecha, debe destacarse la reforma de equilibrio de poderes, a través de la cual se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, estas dos últimas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en sentencias 285 y 373 de 2016, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2º del artículo 254 de la Constitución.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En virtud de las facultades otorgadas a la jurisdicción disciplinaria a través del acto legislativo No. 02 de 2015, que modificó igualmente la Constitución Nacional, en lo que respecta al conocimiento de las investigaciones contra empleados de la Rama Judicial, se hace necesario para efectos de garantizar los principios de eficiencia y eficacia de la administración de justicia, y evitar la congestión judicial; ante el alto número de empleados 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, fue la encargada de presentar modificaciones a la Rama Judicial, entre estas la creación del Consejo Superior de la Judicatura.

adscritos a la Rama Judicial – correspondiente a Altas Cortes, Tribunales, Consejos Seccionales, Comisión Seccional de Disciplina Judicial, Fiscalía General de la Nación y Juzgados -, lo cual impactará necesariamente en la resolución de los asuntos sometidos a la jurisdicción, y la adopción de medidas  que garanticen la prestación del servicio jurisdiccional disciplinario, en forma  pronta  y cumplida, la creación de Jueces Disciplinarios del Circuito, que asumirían la primera instancia de todas las actuaciones tendientes a ejercer la potestad disciplinaria de dichos empleados judiciales,  surtiéndose la segunda instancia ante las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, conservando en las antes mencionadas el conocimiento de los procesos disciplinarios contra funcionarios en primera instancia y como superior funcional, esta Comisión que además continuará conociendo de las actuaciones en contra de los aforados.

Lo anterior, como hemos venido indicando, a partir de las siguientes normas expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha asignado competencia a la jurisdicción disciplinaria, para conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten contra: 1. Funcionarios judiciales y empleados de la Rama Judicial; 2. Quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional; 3.  Particulares y demás autoridades que administren justicia de manera permanente, transitoria u ocasional, y 4. Abogados por faltas cometidas en el ejercicio de la profesión.

Competencia de la jurisdicción disciplinaria

De conformidad con lo anterior, la jurisdicción disciplinaria tiene competencia para investigar y sancionar a más de 330.000 juristas, que actualmente se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Abogados, a los que debe sumarse quienes habiendo concluido la carrera de derecho tenga licencia temporal, pues ello los habilita provisionalmente para el ejercicio de la profesión.

Es importante también señalar, que la jurisdicción disciplinaria, también tiene competencia para investigar a los funcionarios judiciales– aproximadamente 12.000 entre Magistrados, jueces y fiscales-, y empleados de la Rama Judicial – alrededor de 80.000 entre servidores de juzgados y corporaciones judiciales, administrativos, de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde 1991, se han venido creando nuevas autoridades judiciales, tales como: Jueces administrativos, jueces de control de garantías, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, jueces penales de adolescentes, jueces civiles de ejecución, jueces de pequeñas causas y de competencia múltiple, y jueces de restitución de tierras, entre otros, sujetos destinatarios de la ley disciplinaria, a los que debe sumarse los árbitros, conciliadores, notarios, jueces de paz, auxiliares de la justicia, autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, como defensores de familia, las superintendencias, y quienes atienden la jurisdicción coactiva.  También se suman, los miembros de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, respecto de las atribuciones jurisdiccionales en materia de policía judicial.

Ello explica con suficiencia, el grado ascendente de la carga laboral que afronta la jurisdicción disciplinaria, que según las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, entre 1992 y febrero de 2019, ha recibido 139.730 procesos.

Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura, de izq. a der. Alejandro Meza Cardales, Jualia Emma Garzón, Camilo Montoya Reyes, Presidente, Pedro Alonso Sanabria, Fidalgo Javier Estupiñán, Magda Victoria Acosta y Carlos Mario Cano.

Demanda creciente

Pese al importante crecimiento del ámbito de competencia, la nómina de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, no ha tenido cambio alguno, lo que evidencia el esfuerzo institucional que se hace para atender la demanda creciente del servicio, lo que según las estadísticas oficiales refleja un índice de evacuación del 95%, con más de 20.000 abogados sancionados y más de 2.700 funcionarios judiciales.

Así las cosas, son suficientes las razones para crear los Juzgados de Disciplina Judicial y lograr, una pronta, adecuada y proporcional distribución de la carga laboral y mejorar la cobertura de servicio en el ámbito territorial.

De la Acción de Tutela

Es considerada el mecanismo principal para la defensa de los derechos fundamentales a partir de la Constitución de 1991, el cual puede ejercerse ante cualquier Juez de la República, siendo su esencia una herramienta ágil, expedita y eficaz, con la que cuentan los ciudadanos para verificar los derechos y garantías constitucionales que se presumen vulnerados.

Las Comisiones Nacionales de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales, atendiendo la naturaleza y esencia de sus funciones de índole jurisdiccional, son importantes en aras de permitir el acceso expedito a la Administración de Justicia y la resolución de las acciones que se ventilan ante la Rama Judicial; resulta necesario que como operadores de justicia, también sean Jueces Constitucionales, y por lo tanto, tengan conocimiento de la Acción Constitucional de Tutela en primera y segunda instancia.

Doble instancia

El artículo 29 de la Constitución Política, exige que todo juzgamiento se lleve a cabo con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entre estas, que son señaladas por la ley, la posibilidad de instaurar recursos contra las determinaciones que se van adoptando en el curso del trámite procesal o al finalizar el mismo; ahora bien, tal como se concibió en el Acto Legislativo 01 No. 2018, que permite la doble instancia en los procesos penales que se adelantan contra aforados, se hace necesario para que dentro del régimen disciplinario, surja una competencia delimitada y concreta para conocer de las faltas disciplinarias que se hayan cometido dentro del ejercicio del cargo y en relación o con ocasión de las funciones judiciales desempeñadas, y se dé la posibilidad de acudir a una segunda instancia, pues la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tiene Tribunal que le sea superior.

De las faltas disciplinarias que cometan los aforados legales, conocerá, en Sala Especial de primera instancia en investigación y juzgamiento; contra las decisiones de fondo y sentencias que profiera dicha Sala corresponderá el conocimiento a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, procediendo el recurso de apelación.

Descongestión Judicial

Es innegable el impacto de las nuevas realidades institucionales y funcionales que se han venido asignando a la jurisdicción disciplinaria, siendo insuficiente la planta de personal para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial,  por lo que se requiere la adopción de medidas permanentes tendientes a satisfacer la demanda del servicio en toda la jurisdicción. Como lo es, la creación de cargos profesionales, técnicos y/o asistenciales en las Secretarías Judiciales y en los despachos de los Magistrados.

En definitiva, los cambios que se proponen en el presente documento buscan afianzar la confianza en la administración de justicia, a cargo de la Jurisdicción Disciplinaria y de quienes la gobiernan.

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