DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN RURAL EN COLOMBIA

Por, Rafael Eduardo Palau Salazar, representante a la Cámara.

Rafael Eduardo Palau Salazar

La realidad de la población trabajadora rural del territorio colombiano, distinta a la población urbana, nos invita a pensar en función de ellos, en su bienestar y la retribución que se le debe al campesinado por su invaluable labor de ser los que proveen la despensa de 47´000.000 de colombianos.

Para nadie es un secreto que los trabajadores del campo de Colombia no gozan de los mismos beneficios que un trabajador que reside en los cascos urbanos. La diferencia no solo parte de la informalidad en el contrato de trabajo y las garantías laborales sino en temas como la afiliación y prestación del servicio de atención en salud y el poco o nulo acceso a una pensión.  

Las cifras en afiliación a seguridad social en el sector rural, son alarmantes, pues solamente un 12,1% de la población ocupada tienen cotización en pensiones, y aunque el 90% de la población está afiliada al sistema de salud, el 80% pertenece al régimen subsidiado y existe una alta ausencia a la afiliación de riesgos laborales.

El problema fundamental en el mercado laboral del sector rural no es el desempleo sino la falta de una normatividad diferenciada y específica para este sector que debe ser tratado con dignidad y justicia diferencial laboral.

La regulación laboral en Colombia no se compadece con las realidades propias del sector rural. En la actualidad, si bien las relaciones de trabajo en el sector rural se rigen por la normatividad general contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, la misma no responde a las características de especialidad, temporalidad e informalidad propias de la ejecución de actividades en el campo; situación que “incide en la calidad de vida de este tipo de trabajadores afectados por la inestabilidad laboral y económica y, el nomadismo, además que frente a la poca duración de las relaciones laborales, acompañada de la baja remuneración, se genera como consecuencia que las sanciones en caso de incumplimientos legales o contractuales por parte del empleador, sean insignificantes y por ende, no susceptibles o atractivas de reclamar por la vía judicial.”  

Bajo este panorama, queda demostrada la necesidad de legislar en favor del trabajador del campo que debe ser recompensado, con las garantías laborales y con un sistema de seguridad social que se cumpla a cabalidad, porque el trabajador rural ha sido olvidado y marginado, siendo ya la hora de cerrar las brechas de la desigualdad.

El  proyecto de ley No. 123 de 2017, “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la dignificación del trabajo de la población rural en Colombia y el establecimiento de un piso de protección social mínimos” (del cual soy ponente coordinador),  es un propuesta legislativa cuyo objeto es establecer un piso mínimo de protección social que dignifique a los habitantes del sector rural que desarrollen actividades agrícolas mediante contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios o, en general, cualquier otra forma y/o modalidad de vinculación, en favor de otros o por cuenta propia, de tal suerte que puedan acceder a beneficios mínimos en materia de protección para su vejez, salud, así como para cubrir los riesgos derivados del ejercicio de cualquier actividad agropecuaria, cuando no cumplan con las condiciones de acceso a los regímenes contributivos de la seguridad social.

El debate está abierto y es justamente con los gremios, la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC), la Federación de Cafeteros de Colombia y Asociaciones de Campesinos, con quienes debemos trabajar unidos para que esta iniciativa legislativa pueda llegar a ser Ley de la República.

De ser aprobado este proyecto de ley, se hará justicia social, toda vez que, como lo ha reiterado en innumerables jurisprudencias la Corte Constitucional: “los campesinos y trabajadores agrarios son una población vulnerable que se ha encontrado históricamente invisibilizada”, es por esta razón que no solo hay que pensar en que tenemos tierras productivas en Colombia, sino en que debemos dignificar el trabajo de nuestra población rural.

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