El Catatumbo en permanente crisis social y humanitaria


Cámara de Representantes Columnistas Opinión Paz

Jairo Cala
Representante a la Cámara por Santander
Partido FARC

Desde hace décadas el Catatumbo viene presentando una grave crisis humanitaria y social que hasta el momento deja más de 10.000 desplazados que huyen de la confrontación armada1, esto sumado al histórico abandono del Estado, convierten a esta región en un campo de guerra donde hacen presencia la insurgencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el Ejército Nacional, posicionando al Norte de Santander como el tercer departamento donde más asesinatos de líderes sociales ocurren en el país2.

El Catatumbo es una región estratégica, no solo por su ubicación geográfica fronteriza, sino también por su variedad climática y su riqueza natural traducida en petróleo, carbón, uranio y agua, lo que paradójicamente la ha condenado a la intervención de la locomotora minera y petrolera que poco o nada deja para sus habitantes, junto a la incursión militar, que solo ha dejado miseria y despojo de tierras para sus comunidades, a quienes se les ha limitado la posibilidad de hacer uso del suelo apto para una agricultura diversificada y una producción agraria encaminada a fortalecer la economía de sus pobladores.

Es evidente que el abandono estatal ha privado a las comunidades de derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y empleo digno, sumado a la precaria situación de la ruralidad expresada en la falta de infraestructura, apoyo técnico, financiación y un mercado justo que permita comercializar la producción campesina.

Esta crisis ha facilitado la proliferación de cultivos de uso ilícito, el despliegue de redes del narcotráfico y la confrontación entre los actores armados por disputas del territorio, lo que ha generado la violación sistemática de Derechos Humanos y un desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Como medida de protección, fueron impulsados por las comunidades alrededor de 34 refugios humanitarios en los municipios de Tibú, Convención, Teorama, La Playa de Belén, Ocaña, Hacarí y San Calixto, siendo estas dos últimas poblaciones las que presentan el mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. Y así mismo, nació la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, para visibilizar la grave situación de la región y articular acciones de protección para las comunidades y procesos organizativos.  Esta comisión está integrada por representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo.

Pese a estas iniciativas, preocupa el tratamiento que el Gobierno Nacional le da a esta problemática: el aumento del pie de fuerza y la represión armada; la decisión de volver a las fumigaciones con glifosato y a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito; y las garantías económicas y de seguridad para fortalecer la perjudicial agroindustria.

Así lo demostró el presidente Iván Duque en su más reciente visita al Catatumbo, quien ofreció un consejo de seguridad para militarizar aún más la zona y luego inauguró un centro de producción de aceite de palma con empresarios de este sector, para las 20.000 hectáreas de palma ya existentes en esta región; pero poco y nada ha propuesto para fortalecer la economía campesina y combatir el narcotráfico a través de la inversión social.

Ante este escenario, lo que queda por hacer es un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente, a la comunidad internacional y a las comunidades catatumberas a cumplir y hacer cumplir los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo regionales tras las distintas movilizaciones campesinas, y  a que haya una implementación pronta y eficaz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pactado en La Habana: base para la vida digna y la construcción de la paz territorial.

 


1 Cifra de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
2 Según la Defensoría del Pueblo.

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