El Congreso no debe descuidar EPM, para que siga siendo pública

Columnistas Opinión

Omar de Jesús Restrepo Correa
Representante a la Cámara, Partido FARC

Las Empresas Públicas de Medellín debieron aclarar a la opinión que “es y será una empresa cien por ciento pública”. Ello era necesario pues “La Junta Directiva de EPM autorizó a la Administración de la compañía para estudiar y evaluar eventuales enajenaciones de sus participaciones en empresas controladas y no controladas tanto en Colombia como en el exterior, hasta por un valor de tres y medio o cuatro billones de pesos.” Y ahora este permiso está también por ser tramitado ante el Concejo de Medellín, lo que, a pesar de sus afirmaciones, pone en duda el carácter público de la empresa, pues no basta con decirlo o parecerlo, también hay que serlo.

4.000.000.000.000 de pesos que ellos plantean usar, de los cuales cerca de 3 millones son para remediar los inconvenientes que han tenido producto de los percances que se han presentado por Hidroituango, y un billón como ahorro para la entidad el año entrante. Estos dineros pueden ser considerados un ahorro de la región y entrar a ser debatidos por los diferentes actores de las decisiones de EPM frente al destino que deben tener, pues si bien la problemática del proyecto hidroeléctrico ha sido importante y preocupante, hay que analizar las omisiones en este para que así mismo las responsabilidades civiles, públicas y económicas sean asumidas.

De lo propuesto por EPM, hay otros destinos iguales o más importantes, a saber, los seres humanos. Lo que queremos resaltar es que las inversiones de Empresas Públicas de Medellín, tanto adentro como afuera del país, representan un respaldo para la justicia social y la paz. Dichas operaciones se realizan con los excedentes producto del pago disciplinado de altas tarifas de los usuarios por servicios domiciliarios, el cual se realiza por un derecho más que por un servicio como lo han querido hacer ver. Derechos que, además, tienen como fuente los recursos naturales de la región y la nación. Por eso, tenemos una gran compañía que el año 2017 obtuvo 2.3 billones de pesos de utilidad neta, el puesto 4 entre todas las empresas, y es número 1 en el sector servicios públicos.

Estas cifras no estarían mal si no dejaran atrás indicadores negativos asociados al acceso a agua potable y energía para cientos de miles de personas que, se supone, somos dueños de esta multinacional, muchos ya desconectados de este derecho por falta de pago. Por eso sería fundamental aclarar si los cuatro billones tienen destinación específica obligada y estudios sobre lo necesario peso a peso para invertir de nuevo en el proyecto o, de lo contrario, si la región puede decidir democráticamente para la atención de prioridades y convertir una parte importante del ahorro en un impulso a la cuestión social, sin amenazar las finanzas de la empresa, pero sí discutiendo su crecimiento.


“…esta forma de gobierno de EPM nos traerá más problemas y nos llevará a la ruina sin siquiera haber gozado de las mieles del ‘crecimiento económico’”


Así como el destino, el origen de esos 4 billones es otro punto del debate. Enajenar acciones en empresas del sector de servicios públicos en Colombia es privatizar. EPM es de las pocas que aún es pública. No es difícil vender la participación de EPM en ISA, como no fue difícil vender ISAGEN. Pero en lo que sí no tenemos duda es que ese capital de EPM en otros países debe retornar para ser invertido en soluciones a los graves problemas de pobreza, acceso a servicios públicos y problemas generados por el megaproyecto, ese es parte del debate que proponemos.

Finalmente, queremos decir que esta forma de gobierno de EPM nos traerá más problemas y nos llevará a la ruina sin siquiera haber gozado de las mieles del “crecimiento económico”. Una situación similar a la que nos recuerdan algunas voces hipócritas que lamentan no haber aprovechado el boom petrolero para resolver problemas de pobreza en Colombia. Hoy, entonces, esa misma tecnocracia nos plantea el falso dilema entre gasto social vs. estabilidad económica.

Esperamos entonces que el Concejo de Medellín demuestre que es un actor importante en la toma de decisiones dentro de la Junta Directiva de EPM y que siente las profundas necesidades de sus representados. También, que los usuarios que vivimos con angustia para pagar una cuenta de servicios públicos domiciliarios podamos sentir como propia la empresa. EPM es pública. Las mismas directivas nos lo recuerdan, debido a que se comporta como una empresa privada. Sin embargo, la ciudadanía debe ser la primera que tiene que ser consciente de eso, que EPM es pública y que debe permanecer como tal.

 

 

 

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