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El problema de las redes sociales llega a la Corte Constitucional

En una audiencia donde participan personas a las que se les ha vulnerado sus derechos en redes, así como también los presuntos infractores a la ley, la Corte busca aclarar si las diferentes plataformas digitales pueden o no actuar en estos casos.

“Para la Corte es claro que la circulación de información y la presencia de un destacado avance en la tecnología, nos ha convertido en ciudadanos digitales”, aseguró el Magistrado José Fernando Reyes, quien agregó que las libertades ahora son mayores y deben ser protegidas.

Por su parte, Ricardo Villegas, representante de Google, aseguró que “los administradores de plataformas no son responsables por los contenidos de terceros”, dejando claro que cada usuario debe responsabilizarse por los mensajes compartidos.

La afirmación de Villegas fue secundada por Luis Alfredo Barragán de Facebook, quien agregó que esta red social es solo un intermediario y por ende “no debe ser quien determine la verdad”.

“La seguridad y confianza son esenciales, Facebook reitera su compromiso con la libertad de expresión”, afirmó su representante y agregó que “existen más de 15.000 personas dedicadas a monitorear los contenidos en la red” con el fin de asegurarse que sean acordes a sus políticas.

Respecto a la posibilidad de retirar contenidos a partir de una orden judicial, Barragán aseguró que la publicación a remover tiene que ser puntualizada. “La orden no debe extenderse más allá del contenido específico pues se caería en monitoreo proactivo, el cual puede desconocer la libertad de expresión”, agregó.

Por su parte, el Procurador General, Fernando Carrillo, consideró “inaceptable que las redes sociales se conviertan en escenarios de odio e insultos. Para el jefe del Ministerio Público, otro desafío se encuentra en entender “cómo el poder de la tecnología ha aumentado sobre todo en recopilación de datos” y su manejo debe ser realizado con el rigor adecuado.

“Las redes no pueden servir como apología al delito ni para delinquir”, aseguró por su parte el Fiscal General , Néstor Humberto Martínez, quien agregó que la libertad de expresión tiene un límite en derechos a la honra y el buen nombre.

Según Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los estados no pueden imponer restricciones a contenidos que no lo respeten. Privatizar el problema de la censura solo lo complica”. Lanza también defendió el anonimato en redes.

Para Pedro Vaca Villarreal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, “el anonimato es una opción dentro del ejercicio de la libertad de expresión. El derecho al desahogo existe” y debe ser respetada en la red.

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