EL VIACRUCIS de los alcaldes

Columnistas Editorial Opinión

Por: Álvaro Erazo Paz

el 2018 será un año de transición, en el que se elegirá un nuevo Congreso y se escogerá al presidente que gobernará el país en el próximo cuatrienio, con la consolidación de la paz como el reto principal. En esa tarea será fundamental tener a los alcaldes como aliados, si se tiene en cuenta que la construcción del tejido social se debe hacer desde las regiones, donde las secuelas de la guerra han sido mayores y donde a gritos se reclama autonomía e independencia para el manejo de los recursos destinados a proyectos de inversión en salud, educación, vivienda y malla vial. Pero el gran obstáculo para dinamizar el trabajo de los mandatarios locales y avanzar hacia un país mucho más productivo, competitivo y equilibrado en lo social sigue siendo la centralización.

Los alcaldes, por su contacto permanente con la gente, deben contar con las herramientas necesarias para responder de manera ágil y eficiente a los problemas de su comunidad. No obstante, se encuentran maniatados, con una carga presupuestal adicional que les genera ahora el posconflicto y con limitaciones en recursos para dar cumplimiento a sus programas de gobierno.

Aunque el Estado se ha comprometido a fortalecer su presencia en municipios que por décadas sufrieron los embates de la guerra, no es suficiente.

A las autoridades civiles se les han encomendado nuevas responsabilidades para las cuales no estaban preparadas ni económica ni administrativamente.

Es el momento de dotar a los mandatarios de los instrumentos indispensables para poder garantizar la ejecución de las obras en lo que les resta de gestión.

El modelo centralista de los recursos debe revisarse para beneficio de las regiones o, de lo contrario, el atraso de los proyectos será evidente.

Un problema más que se suma al viacrucis que viven los alcaldes desde que se posesionan por el engorroso empalme en el primer año de administración, la “olla raspada”, la amenaza de revocatoria del mandato a la que están acudiendo sus opositores para interrumpir su gestión y la realización de las elecciones al Congreso y a la Presidencia (en primera y segunda vuelta), que los obliga a someterse a la “Ley de Garantías”, lo que dificulta el proceso de contratación.

Un sinnúmero de problemas que se les atraviesan a los mandatarios para ejecutar sus planes de desarrollo como quisieran, por falta de presupuesto y poco tiempo para gobernar.

Con el reloj en contra, las administraciones municipales esperan que el nuevo Congreso, que será elegido este 11 de marzo, y quien asuma la Presidencia en agosto próximo, se pongan

manos a la obra para buscar soluciones en el corto plazo. Por lo pronto, se ha pedido, desde las regiones, abolir la “Ley de Garantías”, que restringe la contratación estatal durante el período

preelectoral, por inconveniente, inútil e improductiva.

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