Es hora de parar la violencia contra mujeres y niños

Álvaro Erazo - Editorial
Editorial

S e retomó el debate sobre la necesidad de acudir a figuras como la cadena perpetua para castigar a los violadores y asesinos de menores de edad en Colombia. Coincido plenamente con el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en que se deben dar sanciones ejemplarizantes a quienes incurran en este tipo de conductas aberrantes. 

Y es que es inadmisible que cada vez aparezcan más niñas expuestas a situaciones de abuso sexual en el país, y lo que es peor, en la mayoría de los casos, ligadas a su entorno familiar. Según cifras de Medicina Legal, en 2018 se tenía un registro de más de 23 mil víctimas en Colombia, de las cuales 20 mil eran menores de edad. El mayor número tenía entre los 10 y 13 años, en un altísimo porcentaje mujeres. Por eso considero que ha llegado el momento de examinar la conveniencia de aplicar penas mucho más severas para los responsables, como la cadena perpetua. 

Sé que han sido varios los intentos por establecer esa figura en el país sin ningún éxito hasta ahora, en los que han pesado razones de tipo jurídico y político. El más reciente de ellos corrió la misma suerte, luego de que el acto legislativo que buscaba instaurarla, fuera retirado al no contar con el respaldo suficiente de los partidos en el Congreso. Pero tras el crimen en el Guaviare de Sharik Alejandra Buitrago, de 10 años, el debate público sobre los castigos a violadores y asesinos de niños en el país, tomó un nuevo aire. 

Aunque los expertos la consideran una medida “populista e inútil” porque, en su concepto, no atacaría de raíz el problema y sí iría en contravía de la Constitución y del sistema penal colombiano, considero, al igual que el Presidente de la República, que llegó el momento de evaluar la conveniencia de contar con la prisión perpetua. Desde el Legislativo también se han escuchado voces a favor y en contra de establecerla como sanción. Mientras unos piensan que en Colombia ya existen penas hasta de 60 años para delitos graves como ese, que se pueden aplicar sin beneficios ni reducción, otros ven posible instaurar esa polémica figura a través de una reforma constitucional.

Uno de los obstáculos que se presentaría en el camino, según los constitucionalistas, serían los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado Colombia, los cuales tras su ratificación por el Congreso, prevalecen en el orden interno. Bienvenida la controversia alrededor de un tema que merece la atención de todos los sectores del país, sin excepción. Las medidas para frenar el nivel de violencia contra las mujeres y los menores de edad, que ha venido en ascenso en los últimos años, no dan espera ante el alto riesgo que están enfrentando. Con tristeza hay que admitir que existe una crisis de valores en nuestra sociedad, que debemos superar cuanto antes con el aporte de toda la institucionalidad.

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