La verdadera autonomía del Consejo Nacional Electoral

La verdadera autonomía del Consejo Nacional Electoral
El Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve miembros elegidos por el Congreso de la República, los cuales cumplen su designación como servidores públicos durante cuatro años, teniendo las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha hecho parte de la composición de la Organización Electoral desde el 16 de diciembre del año 1948, fecha en la cual nació a la vida pública con el objetivo de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad política del país, además de brindarle a la sociedad colombiana la garantía de una votación transparente y totalmente representativa de la ciudadanía. Por aquel entonces, era llamada la Corte Electoral y, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, conformaba la Organización Electoral.

Fue hasta la expedición de la Ley 96 en el año 1985 que entonces pasó a denominarse Consejo Nacional Electoral, como hoy se le conoce y se fijaron las condiciones para que, en uso de facultades extraordinarias, el Presidente de la República expidiera una reglamentación para la actividad electoral, una hoja de ruta que le permitiera al país tener la garantía de que una institución independiente, transparente y capacitada, legitimara las decisiones democráticas que en las urnas tomaba la ciudadanía. Fue así que a través del Decreto 2241 del año 1986 se expidió el, hasta hoy vigente, Código Electoral. 

Aunado a lo anterior, la Constitución Política de 1.991 elevó a rango constitucional la existencia, composición y características de la Organización Electoral, determinando que el Consejo Nacional Electoral gozaría de autonomía presupuestal y administrativa, y le otorgó a éste una serie de atribuciones especiales con el objetivo particular de garantizar el cumplimiento de los principios y deberes que le corresponde a los partidos y movimientos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos, a sus representantes legales, directivos, y candidatos, y en general a todos aquellos que se involucran o intervienen en los procesos electorales del país.

Composición

Hoy en día, el Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve miembros elegidos por el Congreso de la República, los cuales cumplen su designación como servidores públicos durante cuatro años, teniendo las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los que componen la corporación y fueron elegidos mediante un proceso democrático para el período 2018-2022. 

Tras la posesión frente al Presidente de la República, los Magistrados del Consejo Nacional Electoral asumieron sus responsabilidades y evaluaron las condiciones en las que se encontraba la corporación, encontrándose con varios obstáculos y dificultades por sortear para cumplir a cabalidad con la tarea titánica que les había impuesto la Constitución Política con la misión de alcanzar el anhelo democrático de una garantía real y efectiva de los procesos electorales. 

Una institución con procesos supremamente arcaicos y sin sistemas de gestión, con asuntos sin resolver de procesos electorales antiguos, con una estructura orgánica inestable y recursos físicos y humanos limitados tomó por sorpresa a estos nuevos magistrados; sumado a esto, el obstáculo para solventar los problemas eran aún mayor: el CNE se encontraba supeditado presupuestal, administrativa y financieramente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y por lo tanto, la capacidad de decisión para enfrentar estas adversidades y superar la crisis en que se recibía la corporación era casi nula. 

Frente a éste panorama, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió designar como Presidente al Magistrado Heriberto Sanabria Astudillo, quien asumió el compromiso de liderar un proyecto encaminado a revertir la situación y cambiar la imagen de una institución desprestigiada frente a la sociedad. De igual forma, los magistrados conformaron equipos de trabajo que lideraran proyectos para solucionar uno a uno los problemas institucionales, y ante la carencia de recursos físicos, técnicos y humanos, la disposición de cada uno de los funcionarios de la corporación ha sido base fundamental de lo conseguido hasta el momento.

Alcance tecnológico

Al día de hoy, a pesar de la limitación en los recursos de que dispone, el CNE ha implementado con éxito una herramienta tecnológica que le permite a los magistrados y a los funcionarios de cada despacho gestionar los asuntos que le son asignados para su conocimiento, mejorando la eficacia y eficiencia en los tiempos de respuesta, brindando a los ciudadanos una atención oportuna. Así mismo, ha venido depurando los asuntos que se hallaban pendientes de decisión con respecto a procesos electorales antiguos, particularmente los correspondientes a reposición de votos e informes de ingresos y gastos de las campañas electorales, con el objetivo de brindar mayores garantías en cuanto a la agilidad de estos mismos procesos de cara a las elecciones locales que se desarrollarán en el mes de octubre del presente año. 

Esto, sin embargo, es solo el desarrollo de la fase inicial de un proyecto pensado a gran escala dentro de los cuatro años en el que los magistrados que hoy componen la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral se han comprometido a cambiarle la cara a ésta corporación a partir de la visión que tienen de la misma como una institución que promueve la cultura democrática, fortaleciendo la participación política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional, en el marco del sistema político y electoral colombiano. Esta visión se cumplirá en la medida en que se logren establecer procesos y procedimientos dirigidos a la razón de ser toda entidad pública: la atención eficaz, eficiente y oportuna a los ciudadanos.

Mejorar la percepción hacia las autoridades electorales

Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente Consejo Nacional Electoral (CNE).

La necesidad de mejorar la percepción que la sociedad tienen con respecto de las autoridades electorales se basa, entre otras cosas, en darle garantías a la misma con respecto al desarrollo de los procesos electorales, los cuales históricamente no han sido ajenos a la criminalidad e injerencia de distintos agentes que operan con el objetivo de poner en riesgo la transparencia de los mismos y, en consecuencia, se ha desarrollado una percepción negativa en los electores, respecto de los resultados que avalan a los ciudadanos declarados elegidos en los cargos o corporaciones de elección popular. 

Nuestro Estado Social de Derecho a través de las distintas ramas del poder público, con el propósito de erradicar prácticas que contrarían los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, ha adoptado estrategias y medidas de prevención y sanción frente a la existencia de responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales y administrativas que surgen antes, durante y después de los procesos electorales. 

De tal modo, el CNE como máximo órgano que regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad electoral, una vez conoce las presuntas faltas cometidas en contra de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios en materia electoral, inicia las actuaciones administrativas sancionatorias y así garantiza que los intervinientes en las contiendas electorales, participen en igualdad de condiciones en la divulgación de sus propuestas.

Reglamentación electoral

Con ocasión al proceso de elección de mandatarios locales fijado para el presente año, el Consejo Nacional Electoral ha expedido oportunamente la reglamentación en lo atinente a: i) límites de gastos de campañas a cargos uninominales y corporaciones públicas; ii) valor de las pólizas de seriedad que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos; iii) valor del voto válido obtenido; iv) número máximo de cuñas en televisión, radio, de avisos en publicaciones y de vallas publicitarias. 

Como primicia, respecto del proceso electoral fijado para octubre de este año, el Presidente del CNE, liderando un equipo conformado por distintos servidores públicos de la Corporación, radicó y fue aprobado por la sala plena actos administrativos regulatorios de asuntos como: i) medidas para garantizar la transparencia de los escrutinios; ii) reglamentación d la actividad de los testigo electorales y auditores de sistemas; iii) creación y reglamentación de veedurías electorales ciudadanas; iv) regulación para propiciar el acceso a la información electoral en la población con discapacidad auditiva y; v) adopción de medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas; propuestas dirigidas para garantizar la transparencia del proceso electoral y que la contienda se rija bajo los principios de igualdad, imparcialidad y de pluralidad. 

De otro lado, en lo relacionado con los delitos contra mecanismos de participación democrática, contenidos en el Código Penal, recientemente modificados y agregados por la Ley 1864 de 2017, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación suscribieron un acuerdo de cooperación con el objeto de desarrollar pedagogía, labores de prevención e intercambio de información para garantizar un proceso electoral transparente y legítimo; en efecto, se han habilitado para el servicio de la ciudadanía correos electrónicos para recibir denuncias sobre posibles irregularidades electorales y la FGN dispuso de un centro de contacto 24 horas de línea nacional y vía celular. 

A pesar de los esfuerzos expuestos para fortalecer la institucionalidad del CNE, éste seguía teniendo frente a sí el obstáculo de no disponer de autonomía para la toma de decisiones. 

Funciones

Sede del Consejo Nacional Electoral.

Como se mencionó, el Consejo Nacional Electoral constitucionalmente tiene la función suprema de “regular inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos”. Con el objeto de solventar las necesidades ciudadanas que se causen en la realización de procesos electorales. De tal modo, la carta constitucional determinó que gozaría de autonomía presupuestal y administrativa. 

Sin embargo, su autonomía presupuestaria y administrativa, ha sido gestionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por tal razón, como Presidente del CNE manifesté al alto Gobierno, al ministerio del Interior, al ministerio de Hacienda y al Congreso de la República, que con el objeto de cumplir las funciones constitucionales y legales depositadas en la corporación, se requiere con urgencia lograr la autonomía y obtener un fortalecimiento institucional conforme a las necesidades del servicio. Petición también soportada en el informe final de la “Misión de expertos electorales de la Unión Europea (MEE.UE) Elecciones Colombia 2018”, quienes señalaron dificultades para el cumplimiento de funciones del CNE por la carencia de estructura y de autonomía presupuestaria. 

En consecuencia, se logró incorporar y aprobar dentro de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” un artículo que para efectos de la autonomía administrativa y presupuestal de la Corporación, se revistiese al Presidente de la República, de facultades extraordinarias para que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la ley, adopte la estructura y organización del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta los estudios que ha adelantado esta institución con el Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual modo, fue aprobada la futura asignación presupuestaria necesaria, dentro del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

De manera que, el nuevo CNE que se está construyendo y reinventando, ha dado un gran paso para estar a la altura de una autoridad electoral que cumple con sus funciones y garantice a la ciudadanía y al pueblo colombiano, que la toda la actividad electoral, se encuentra vigilada y controlada en términos de equidad, transparencia y pluralidad. Aun así, para los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral, es claro que resta superar obstáculos y metas con las cuales se pretende recuperar la confianza ciudadana. 

Finalmente es menester aclarar que, en Colombia, cualquiera que sea su autoridad electoral, debe poseer autonomía administrativa y presupuestal y no se puede judicializar la política ni politizar la justicia, especialmente la electoral. 

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