Columnistas Opinión

Formalización y flexibilización laboral, los grandes retos del cuatrienio

Por: Alejandro Corrales Escobar

Senador -Centro Democrático

La formalidad es una condición que se le atribuye a los negocios que cumplen con la normativa vigente que les aplique de manera obligatoria para el desarrollo de una actividad lícita en una economía de mercado (Schneider, 2006). Mientras tanto, la flexibilidad laboral se ha propuesto como una salida a las preocupaciones de las organizaciones por su competitividad y viabilidad económica, a partir de la globalización de la economía. (Gomez, 2013).

 

En Colombia, vemos como la informalidad afecta más campos de la economía. Sin embargo, hasta el momento, las políticas que buscan promover la formalización empresarial no han obtenido los resultados esperados.

Según el DANE, se estima que tres de cada cuatro empresas no figuran en el Registro Único Tributario (RUT), ni en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Los datos sugieren que el incumplimiento es aún más alarmante en el caso de la afiliación y cotización de los trabajadores al sistema integral de protección social, los estándares sanitarios o la declaración y pago de impuestos (DANE, 2016).

 

Entre los colombianos permanece la idea de lo costoso en términos de tiempo y recursos que resulta obtener un permiso, licencia o certificación para desarrollar una actividad económica determinada, lo que no está alejado de la realidad, y de esto se desprende un cuestionamiento sobre el cumplimiento de las funciones propias de las autoridades gubernamentales, consecuencia de un mandato legal o constitucional, pues podría entenderse que tal cantidad de trámites a cargo de los particulares es el modo en el que las autoridades demuestran que están dando estricto cumplimiento a sus obligaciones. Sin embargo, ese cumplimiento reposa en el traslado de las cargas de los entes públicos a los ciudadanos.

 

En consecuencia de lo anterior, es necesario plantear alternativas para dar solución a esta problemática, que en ningún momento puede consistir en crear más normas y seguir contribuyendo a la ineficiencia, sino, en encontrar las medidas para que la obtención de permisos, licencias y certificados sea práctica y eficiente.

Es absolutamente claro que la equidad consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus condiciones, por lo que se hace fundamental aplicar esta definición a la realidad de país que encontramos, pues es imposible negar que en Colombia la diversidad es lo que prima, no solamente en términos económicos y sociales, sino en aspectos tan amplios como la geografía. Esto impide que lo que es eficiente en una zona sea idénticamente aplicable en otra, y en este sentido debe haber una adaptación de los trámites y procedimientos, de manera que los requisitos que deben seguir los ciudadanos para obtener un permiso, licencia o certificación esté acorde con el tipo de necesidad a atender y se encuentre a su alcance para el cumplimiento de los requerimientos respectivos.

En Colombia vemos como la informalidad afecta más campos de la economía. Sin embargo, hasta el momento, las políticas que buscan promover la formalización empresarial no han obtenido los resultados esperados.

Por lo anterior, la propuesta consiste en flexibilizar los trámites y procedimientos, para lograr la eficiencia en las gestiones que afectan a los ciudadanos emprendedores, evaluar los requisitos que se exigen para así fomentar la formalidad, y paralelamente implementar medidas que permitan la vigilancia y control eficaz sobre las actividades de los particulares.

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