Representante Adriana Matiz en la vereda Palomar del municipio Anzoátegui, Tolima
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Antes de ser representante a la Cámara por el Partido Conservador, Adriana Matiz Vargas fue Contralora de Ibagué, la capital del departamento del Tolima. Además, se desempeñó como gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (Infibagué) y como secretaria de Inclusión social y Poblacional de la Gobernación del Tolima. Es abogada de la Universidad Santo Tomás y se especializó en derecho administrativo, tributario y aduanero. Con la convicción de que la actividad política permite realizar importantes acciones de índole social y económica en beneficio de la comunidad, decidió ser parte de las personas que dedican su vida al servicio de los demás. Desde los distintos escenarios en los que ha estado, la ahora congresista se propuso demostrar que la participación de las mujeres en los cargos de poder y decisión también es necesaria para promover leyes y cambios que impacten de manera favorable a la sociedad en general.

Actualmente, la representante trabaja en dos importantes iniciativas, la primera de ellas, una ley estatutaria que busca incentivar a los partidos políticos a inscribir un número importante de mujeres para los cargos de elección popular, así como garantizar mayores recursos para la financiación de los procesos políticos y electorales de quienes las representen, mediante el establecimiento de un porcentaje fijo para la formación y capacitación de las candidatas y mujeres electas a cargos de elección popular. Vale precisar que esta iniciativa había sido radicada, pero por términos no logró culminar su trámite legislativo. Adriana Matiz también trabaja en un proyecto que beneficiará a los pequeños productores y mujeres rurales, el cual establece que una vez sean cancelados sus créditos agropecuarios, se les eliminará inmediatamente de la base de datos de deudores morosos reportada en los bancos, para que así puedan acceder a nuevos préstamos. “Se espera favorecer a cerca de 800 mil deudores con créditos rurales, de los cuales aproximadamente el 10% tiene obligaciones entre 1 millón y 500 mil pesos. Con este proyecto de ley se va a habilitar la posibilidad de que los campesinos puedan acceder a los recursos financieros, garantizando la profundización del crédito en la ruralidad, especialmente en el marco de esta emergencia en la que es prioritario apoyar el campo colombiano”, destaca.

El Covid-19 ha generado una crisis sin precedentes y con efectos económicos devastadores, sobre todo en las regiones, donde sus rentas e ingresos se han disminuido en aproximadamente un 80%. Por ello, la legisladora considera fundamental el papel del Congreso de la República para visibilizar el problema que afrontan las finanzas territoriales por cuenta de las medidas sanitarias que se han adoptado para contener el avance del virus en los municipios y ciudades capitales. Es así como ha participado en distintos debates, en los cuales ha obtenido el compromiso del Gobierno Nacional de ayudar a las alcaldías y gobernaciones a mitigar el impacto negativo de la pandemia en sus proyectos y presupuestos. Aunque el Congreso se vio obligado a legislar de manera virtual y semipresencial por el alto riesgo de contagio, eso no fue impedimento para que Adriana Matiz hiciera control político al manejo de los recursos que se han destinado para fortalecer el sistema de salud y abastecer de mercados y de elementos de Gestió n 29 La congresista durante el encuentro con la comunidad del municipio de Saldaña, Tolima. La legisladora Adriana Matiz en la vereda Irco Dos Aguas del municipio de Chaparral, Tolima. bioseguridad a los sectores en condición de pobreza y vulnerabilidad. La congresista resalta el hecho de que en medio de la emergencia, se hayan aprobado iniciativas importantes como la de borrón y cuenta nueva, la prisión perpetua para violadores de menores y la creación del Sistema de Alertas Tempranas, entre otras.

La representante a la Cámara considera que la educación es la herramienta más efectiva para reducir la inequidad, por ello cree que en esta difícil coyuntura, el Gobierno Nacional y los entes territoriales deben garantizar mayor cobertura y recursos tecnológicos a los estudiantes y docentes. “Ello solo se logra mediante el establecimiento de metas cualitativas y cuantitativas, en favor de los grupos poblacionales más vulnerables como lo son las personas con discapacidad. Otro aspecto fundamental es la focalización del gasto público social en estos sectores, como quiera que para poder hacer efectivas las metas de cobertura y calidad se requiere de recursos. Fue esa la razón que nos llevó a ser parte de la Comisión Accidental de Discapacidad del Congreso de la Republica creada este semestre”, afirma. Matiz fue coordinadora y ponente de importantes iniciativas en beneficio de los niños y adolescentes colombianos, entre ellas el proyecto que hace imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, el cual considera se ha convertido en uno de los instrumentos más valiosos para que las víctimas no pierdan la posibilidad de que su victimario sea investigado, juzgado y sancionado en cualquier tiempo, ello en consideración a que la mayoría de las personas que experimentan abuso sexual en la infancia lo pueden exteriorizar hasta la edad adulta.

La legisladora está convencida de que el manejo de la emergencia ha sido acertado por parte del Presidente Iván Duque y de su equipo de Gobierno, puesto que ha realizado un trabajo conjunto con los mandatarios locales, sin ánimo de protagonismo, sino por el contrario buscando el fortalecimiento sanitario, económico y social de los departamentos y municipios. “Debo resaltar que ha venido dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con las regiones de aumentar la capacidad de las UCI en la medida de lo posible, pues a la fecha ha gestionado la adquisición de 4.658 ventiladores y ha realizado la entrega de transferencias monetarias como el Ingreso Solidario, el cual ha beneficiado durante sus desembolsos a más de 2 millones de hogares colombianos”. A ello se suman los subsidios y giros adicionales y extraordinarios en favor de los beneficiarios de los programas Familias y Jóvenes en Acción, que en sus primeras dos entregas tuvieron una inversión de más de 900 mil millones de pesos, “medidas que sin lugar a dudas han permitido sortear esta crisis, que hoy exige el esfuerzo de todos”, concluye.

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