IMPLEMENTAR EL ACUERDO PARA HACER REALIDAD LA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Por, senador Iván Cepeda Castro

Partido Polo Democrático Alternativo
Iván Cepeda Castro

Transcurridos los primeros diez meses desde que se firmó el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia FARC-EP, el balance es agridulce. Según el Observatorio de la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), la implementación apenas alcanza un 17% con una característica especifica: el estado actual de esta tiene que ver más con los puntos que tienen relación con la dejación de armas y la conversión de las FARC en partido político, en menor proporción con los temas de reforma política y, mucho menos, con los puntos referidos a los derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto.

Este porcentaje de implementación pone de manifiesto que falta voluntad política y articulación del Estado para cumplir con el Acuerdo Final. No hay avances sustanciales del Estado para implementar el Acuerdo en los territorios más afectados por el conflicto armado: ejecución del Fondo de Tierras, catastro multipropósito, jurisdicción agraria y sustitución concertada de cultivos ilícitos y aún no se pone en marcha el Sistema de Verdad Justicia y Reparación para las víctimas.

Las Farc han cumplido con el cese al fuego y de hostilidades, la concentración de la tropa en zonas veredales, el desarme, la entrega de niños, niñas y adolescentes, la entrega del listado de combatientes y milicianos, la ubicación de caletas de armas y municiones y la entrega del listado de bienes para efectos del Fondo de Reparación de las Victimas y la conversión de guerrilla en partido político para hacer política sin armas.

El Estado ha avanzado con la aprobación por parte del Congreso de la República de un Acto Legislativo que permite facultades extraordinarias al presidente de la Republica para dictar decretos (con fuerza de Ley y ordinarios) y al Congreso Nacional el tramite expedito de leyes, ordinarias y de reforma constitucional, para poner en marcha la implementación del Acuerdo. Estos mecanismos han permitido avanzar en un marco normativo, presupuestal y administrativo para poner en marcha el complejo tramado institucional del Acuerdo. No obstante, en asuntos agrarios los avances tienen que ver más con los decretos dictados por el presidente que con la labor del Congreso.

Los obstáculos tienen que ver con la aprobación por parte del Congreso de la Justicia Especial de Paz (JEP), la reforma política, la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, es decir, el paquete de actos legislativos que garantizan lo sustancial del Acuerdo de Paz.

Hay incertidumbre e inconformidad en las regiones cocaleras. De un lado, se dialoga y se firman acuerdos para la sustitución voluntaria, gradual y concertada de los cultivos y, de otro, se procede a la erradicación forzada y la represión.

Mientras tanto, la libertad de los exguerrilleros de las Farc sigue un trámite largo y tortuoso. Al 24 de agosto de 2017 habían sido excarcelados 2294 exguerrilleros, de un listado de 3843 guerrilleros. Es decir que 1569 siguen privados de la libertad. El 23 de septiembre murió en la cárcel Roberto Antonio Sepúlveda Muñoz, conocido como Arturo, comandante de las Farc, quien a pesar de haber sido designado como gestor de paz desde el pasado 28 de julio y de su deteriorado estado de salud, no recibió la amnistía prevista y falleció en las instalaciones de la Carcel El Barne, en Combita, Boyacá.

Las Farc han admitido la existencia de disidencias, especialmente en el departamento del Guaviare, y la deserción de uno de sus comandantes (Rodrigo Cadete) que ya había dejado las armas y se encontraba participando del proceso de conversión de las Farc a partido político.

En cuanto a la implementación del punto 2 de Participación Política del Acuerdo Final, los proyectos de Reforma Política y de Circunscripciones Especiales de Paz están estancados en la Cámara de Representantes. De no aprobarse, o de aprobarse con modificaciones que niegan el espíritu de profundización de la democracia, estaríamos ante una negación del Acuerdo Final por parte del Congreso.

Muy grave que 58 líderes sociales y defensores de derechos humanos hayan sido asesinados en los primeros nueve meses de 2017, una práctica sistemática de eliminación física de quienes disienten que aún no termina en Colombia.

La suerte del Acuerdo en términos de consolidar una paz sostenible y duradera se mide en el primer año de la implementación. Los tiempos de las facultades extraordinarias del ejecutivo ya pasaron, el fast Track se agota (30 de noviembre), la revisión que ejerce la Corte Constitucional sobre las normas expedidas han generado dudas sobre el blindaje jurídico del acuerdo, el Congreso legisla con lentitud en temas cruciales, hay signos preocupantes sobre la economía y el país entra en un periodo electoral que pone en cuestión la coalición de gobierno que apoya el Acuerdo y exacerba los ánimos de la oposición.

Es preciso cumplir y blindar el Acuerdo de manera integral y no solo en los asuntos del desarme, la desmovilización y la reincorporación. Las elecciones para elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente generan incertidumbre alrededor de la suerte del Acuerdo y de su implementación, pero ese escenario electoral le otorga, otra vez, a las ciudadanías el poder de decidir su propio futuro: consolidar el fin del conflicto armado para avanzar hacia una paz sostenible y duradera o retroceder a un pasado de confrontación y violencia.

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