Feliciano Valencia
Senador del partido MAIS
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, los pueblos indígenas fuimos reconocidos como sujeto colectivo de derechos. Ese reconocimiento del Estado colombiano nos generó un sinfín de expectativas. Por fin el Estado reconocía nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestros territorios y nuestros gobiernos. Sin embargo, ya han pasado 27 años y aún no se ha desarrollado una legislación acorde a los pueblos indígenas, que garantice nuestros derechos y nuestra supervivencia. Por eso, pongo al servicio de las comunidades étnicas del país esta curul que hoy represento para que desde aquí podamos, junto con el pleno del Congreso de la República, legislar en favor de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia. Mi curul está también puesta al servicio de las comunidades afrodescendientes y sectores campesinos del país.
En esta reflexión llamaré la atención sobre los instrumentos de interlocución del Estado con los indígenas en Colombia; no son los únicos -los pueblos indígenas han venido construyendo autónomamente espacios de diálogo-, pero sí los que el Gobierno de Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, del ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón, la ministra de Educación María Victoria Ángulo y el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, deben poner mayor acento para la garantía de sus derechos. Reconociendo que el pleno del Estado colombiano debe atender sus demandas.
El primer instrumento es la Mesa Permanente de Concertación (MPC), espacio donde confluyen las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas del país y es fruto del Decreto 1397 de 1996. Este decreto, resultado de la movilización de las comunidades étnicas, ha permitido desde su creación la interlocución con los sucesivos gobiernos colombianos, recogiendo desde las regiones las iniciativas que los pueblos indígenas han trabajado, de tal manera que lo construido desde lo local tenga repercusión en los espacios de discusión nacional.
Este mismo Decreto, constituyó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, espacio donde se discuten asuntos relacionados con los lugares de asentamiento de las comunidades étnicas del país y que algunos gobiernos no han valorado suficientemente, dejando de lado un tema que es de trascendental importancia para los pueblos nativos, pues son los territorios la garantía para su supervivencia y cultura. No se concibe la vida indígena sin concebirse los territorios. Ahora que en el país avanza la economía extractivista, es importante que el Gobierno Nacional respete el ordenamiento territorial que los pueblos indígenas han realizado como parte de la defensa y autonomía territorial.
“…es el Gobierno de Iván Duque quien debe, a partir del diálogo con los pueblos indígenas y sus formas propias de organización y de autoridad, garantizar el cumplimiento de la Constitución”.
En medio de las movilizaciones de aquel momento, el Decreto 1396 de 1996 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el programa especial de atención a los mismos. Instrumento que hoy debe tener la mayor relevancia por la situación de crisis humanitaria que padecen distintas comunidades en Colombia. La existencia del conflicto armado y la presencia de grupos armados en sus resguardos, el confinamiento, el desplazamiento forzado, el riesgo inminente de desaparición de algunos pueblos, la minería y el asesinato de líderes sociales en Colombia deben ser tema de atención prioritaria por parte del Estado. Es urgente que el Presidente Iván Duque atienda la situación de las comunidades indígenas que se sienten hoy amenazadas por parte de diversos actores.
La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), creada por el Decreto 2406 de 2007, debe continuar en el actual Gobierno con los avances hechos para la formulación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), de tal manera que contribuya a la formación de los pueblos indígenas, respetando sus culturas, costumbres, tradiciones y autoridades educativas. Asimismo, se debe garantizar la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, creada según Decreto 1973 de 2013, donde se ha venido construyendo un sistema respetuoso de la medicina tradicional y los saberes ancestrales de las étnias, sirviendo a la consecución de un modelo de salud preventivo.
Finalmente, el Gobierno debe garantizar la Comisión Mixta entre los pueblos indígenas del Cauca y el Gobierno Nacional, creada a partir del Decreto 1811 de 2017, constituida para darle solución a las problemáticas de las comunidades nativas que fueron presentadas desde el año de 1999 y que las sucesivas administraciones no han atendido, demostrando así la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano.
Así pues, es el Gobierno de Iván Duque quien debe, a partir del diálogo con los pueblos indígenas y sus formas propias de organización y de autoridad, garantizar el cumplimiento de la Constitución, para, de una vez por todas, hacer realidad los compromisos que el Estado y la sociedad colombiana asumieron con la firma del pacto social.