La ANLA, balanza entre el desarrollo y el medioambiente

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) está encargada, desde 2011, de dar o denegar licencias para proyectos o actividades que tengan incidencia en el ecosistema colombiano. Su objetivo es que las obras contribuyan al desarrollo sostenible del país, generando un equilibrio entre la protección de la biodiversidad y el avance económico. Sin embargo, la tarea no es nada fácil, pues las comunidades se tornan reacias a permitir cualquier tipo de explotación.

A lo largo y ancho de Colombia se plantean proyectos de explotación minera, petrolera, hídrica, entre otros, por las posibilidades que ofrece el país en relación con su variedad en este tipo de recursos. Sin embargo, en el presente, los ciudadanos se preocupan cada vez más por las implicaciones que tienen estas actividades en materia medioambiental, pues muchas veces los efectos son irreversibles para los ecosistemas y desde luego para la población.

Los temores en estos aspectos se consideran normales, ya que las implicaciones no se limitan a los efectos en el entorno natural, sino que tiene consecuencias en el desarrollo social de las comunidades. Por ello, la ANLA, una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe actuar con firmeza para cumplir con su objetivo de proteger los intereses medioambientales y de la población en cada actividad de exploración, explotación, y construcción que puedan afectarla en cualquier etapa del proceso.

En este sentido, la Autoridad tiene un trabajo indispensable para asegurar la transparencia en las propuestas y tenacidad a la hora de exigir respuestas ante las fallas que se puedan presentar y de este modo, encaminar a Colombia en la sostenibilidad, pues las comunidades exigen y necesitan la protección de sus intereses, tal y como lo establece la Constitución.

Una entidad con transparencia

Ante la posibilidad de que se implemente el fracking en el país, la ciudadanía ha expresado opiniones a favor y en contra de los beneficios y desventajas de aplicar esa técnica en Colombia para extraer gas y petróleo del subsuelo, principalmente por las afectaciones medioambientales que se han presentado en países que han permitido su operación y que han orientado a otros, como Francia, a prohibirla.

Los proyectos de explotación de elementos, como los hidrocarburos, son fundamentales para el desarrollo económico del país, por eso deben realizarse bien.

En caso de que llegara a establecerse en el país, la utilidad económica sería significativa al existir la posibilidad de triplicar las reservas de petróleo, ya que hay indicios de que en los yacimientos no convencionales hay suficiente hidrocarburos como para que Colombia garantice el abastecimiento de combustibles en los próximos 25 años. Sin embargo, al tener en cuenta la experiencia internacional, es sumamente importante que la ANLA revise con lupa los proyectos que quieran obtener una licencia ambiental para extraer petróleo, a través de la fracturación hidráulica.

Para que el proceso de otorgamiento de licencias genere confianza y credibilidad institucional, la entidad ha adoptado un Código de Integridad que permite la “implementación de políticas y estrategias que cumplan la misión de conservar los ecosistemas y acatar los compromisos internacionales”, siempre preservando el derecho del público a contar con la información necesaria. Su director, Rodrigo Suárez Castaño, asegura que los pilares de este plan de acción estarán estructurados en la planeación, evaluación, seguimiento, orientación al usuario y gestión del conocimiento, tanto para los permisos y trámites ambientales. “Este es el primer paso para mejorar la coordinación y armonización de políticas interinstitucionales, cuyo fin es evitar reprocesos, generar sinergias, fortalecer la presencia en los territorios y realizar una gestión efectiva, entre otros”, sostiene.

Los ciudadanos importan

Las comunidades han visibilizado sus inquietudes frente a ciertos proyectos de exploración y explotación en sus territorios, mediante el uso de mecanismos como las consultas populares para rechazar las intervenciones que compañías mineras y de hidrocarburos desean hacer en sus regiones. No obstante, una sentencia de la Corte Constitucional las dejó sin sustento jurídico, por lo que habitantes de departamentos como el Cesar, Santander o Meta tendrán que manifestarse de otra manera.

Allí radica la importancia de que entidades como la ANLA asuman una política de transparencia y acceso a la información por parte de los ciudadanos. Aunque la legislación en materia ambiental es abundante, “no garantiza su efectividad y mucho menos la generación de una cultura y una apropiación de valores que promuevan el necesario equilibrio entre biodiversidad, economía y satisfacción de necesidades sociales”. De este modo, la ANLA tiene clara su hoja de ruta como una entidad “transparente, eficiente, oportuna y cercana al ciudadano y al usuario”, afirma Suárez.

Muchos ciudadanos rechazan la posibilidad de que se implemente el fracking en sus regiones.
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