La brecha que no ha sido posible superar

Columnistas Opinión

Por: Gloria Betty Zorro Africano

Representante a la Cámara por Cundinamarca Cambio Radical

La pobreza es la principal consecuencia de la desigualdad; existen diferentes tipos de divergencias en los territorios y graves diferencias de tipo económico, social, educativo, de género, legales y ambientales. Sin embargo, quiero en esta columna de opinión detallar las brechas socioeconómicas de los municipios colombianos.

Y es que aunque no deberían existir, son alarmantes las proporciones en términos socioeconómicos a partir de las cifras suministradas por el DNP en su portal Terridata, donde nos encontrarnos con una preocupante realidad: algunos municipios con indicadores altos y otros en una considerable colección de diferentes estados o con una situación muy preocupante.

No podemos tener ciudadanos de primer nivel y otros de segundo, los bienes públicos, en resumen, deben distribuirse con criterios de equidad y sin diferenciaciones sustanciales, las diferencias en la garantía de los derechos, no pueden tener distingos regionales.

El panorama está latente en los 32 departamentos del país. En Cundinamarca, para ilustrar la problemática, municipios como Cajicá o Chía presentan coberturas de acueducto cercanas al 100%, mientras que Tabio, Fusagasugá, Quebradanegra o Viotá cuentan con un cubrimiento de entre el 50% y 52%.

En temáticas como sistemas de salud y seguridad social, las cifras varían exorbitantemente. La tasa de mortalidad infantil en niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos en municipios como Tocancipá, Cota o Tabio para el 2015 fue inferior a 5, pero en Fómeque, Chocontá o Soacha fue de entre 13 a 14 y en Beltrán, Manta y Nariño se alcanzaron tasas superiores a 50.

Las anteriores cifras son tan solo en el principal departamento del país; ahora miremos otras más extremas en municipios como Magüí, Nariño (111,11 de cada 1.000 niños), Bajo Baudó, Chocó (156,86 de cada 1.000) y Alto Baudó – Chocó (239 de cada 1.000). Cifras aterradoras…

Podemos sin duda alguna seguir detallando los ejemplos de estas diversidades socioeconómicas, que son bastantes y en diferentes temas. El Estado realmente no cumple con equidad a todos los habitantes del país de forma eficiente y con equidad.

Podría haber excusas si las brechas fueran generadas por el mercado; podríamos excusarnos en la “mano invisible”, la oferta o la demanda de conformidad con la capacidad adquisitiva de sus habitantes, pero estamos detallando bienes públicos, que son los necesarios para garantizar derechos de raigambre constitucional; de su correcto uso, desarrollo y planificación depende la calidad de vida de la población. No debería existir diferenciación, es decir, la zona geográfica en la que un ciudadano resida no tiene porqué ser determinante en la clase de educación que reciba o en la expectativa de vida que reciba; No podemos tener ciudadanos de primer nivel y otros de segundo, los bienes públicos, en resumen, deben distribuirse en criterios de equidad y sin diferenciaciones sustanciales, las diferencias en la garantía de los derechos, no puede tener distingos regionales.

El problema que quiero señalar es que en Colombia las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos tienen distingo regional, porque si se vive en Soacha o en Sibaté, los bienes públicos como la infraestructura vial, el agua potable, el alcantarillado o la calidad de la educación o de salud pública que reciben sus habitantes es inferior a la de los residentes de sus vecinos del Distrito Capital de Bogotá, o a la de los municipios que han aglutinado una mayor concentración industrial y de viviendas de estratos altos. Estas dinámicas deben cambiar.

En esta estructura, el Gobierno Nacional debería corregir este tipo de dinámicas, no obstante, una de sus herramientas para esto se encuentra completamente desaprovechada. Por el contrario, en muchas de las intervenciones del Gobierno se ha evidenciado aumento en las brechas socioeconómicas.

Por ejemplo, en Cundinamarca, en los municipios de mejores índices socioeconómicos, se concentró y direccionó la infraestructura para la productividad y la generación de tributos e impuestos (mejores vías nacionales, zonas francas, mayor conectividad con la capital, planes de Regiotram y estructura aeroportuaria), todo ello favorable a la mejora de la actividad económica, junto con la localización de viviendas de estrato alto. Entre tanto municipios como Soacha, con un gran potencial de generación de riqueza por su capital humano, fue punto de concentración de altas cantidades de viviendas de interés social, que menor capacidad de pago de tributos presenta y que ocasionan una mayor demanda de bienes públicos. Esos mismos que ya no tienen cómo ser financiados por la baja dinámica económica y la baja capacidad de generación de rentas propias.

El Plan Nacional de Desarrollo que fue radicado por el Gobierno Nacional el día 6 de febrero en el Legislativo tiene dos pilares (legalidad y emprendimiento), que juntos deberían dar como resultado la anhelada equidad que cerraría las grandes brechas. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno habla en todo el documento de la necesidad de cerrar las brechas regionales, debe ser más específico e incisivo en llevar infraestructura para la competitividad y la generación de empleo a las regiones más deprimidas y con ello propiciar aglomeraciones sostenibles de inclusión productiva en las mismas. Sólo así se podrá realmente eliminar las grandes desigualdades que dividen un país donde hay regiones marginales de primer nivel.

Sueño con una Colombia equitativa, seguiré desde la Cámara de Representantes haciendo hincapié en que el equilibrio socioeconómico debe ser una realidad.

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