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La reforma electoral no da espera

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, es partidario de reformar la institución para garantizar un funcionamiento transparente, eficiente e independiente. La experiencia que le da el haber sido parte por largo tiempo de la entidad, le otorga la autoridad suficiente para hablar sobre lo que la organización electoral necesita en el contexto colombiano.

Armando Novoa

Actualmente ejerce como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Abogado de la Universidad Externado de Colombia con énfasis en Derecho Social. Se destaca por haberse desempeñado como Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y por ser Embajador Plenipotenciario ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. En sus más de 20 años de experiencia, ha sido conjuez del Consejo Superior de la Judicatura de la sala disciplinaria y consultor del Banco Mundial.

Novoa se ha destacado por ser un hombre crítico en sus comentarios sobre la gestión de la institución a la que pertenece. Sus posturas han sido firmes y sin titubeos, las ha dado a conocer a la opinión pública, lo que le ha generado enfrentamientos y a veces la censura de sus compañeros.

Frente a la percepción que se tiene en el país sobre la institución, considerada por muchos sectores de la opinión pública como débil a la hora de tomar las decisiones, el magistrado cree que es urgente reformar la organización electoral para recuperar la confianza y la credibilidad. “Yo rescato los esfuerzos que han hecho algunos registradores y miembros del CNE, pero aquí no estamos hablando solamente de buena voluntad, sino también de buenos diseños institucionales”, afirma Novoa al defender su reestructuración.

La organización electoral tiene un gran reto de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Y si de buenos diseños institucionales se trata, el también abogado colombiano ha considerado los aspectos que podrían otorgarle a la institución bases sólidas para su correcto funcionamiento. “Una reforma en la organización electoral implica fortalecer su autonomía, independencia, separar el origen de su integración de las injerencias partidistas, además de la modernización y la tecnificación”, señala.

Aunque reconoce que su origen es político, ya que su postulación estuvo a cargo de la Alianza Verde, Polo Democrático y MIRA, el magistrado tiene claro que el ejercicio adecuado de sus competencias debe estar al margen de cualquier interés partidista.  Por eso considera que el primer paso para una reforma es “separar a los partidos de la decisión política sobre la composición de la organización electoral”.

Para Novoa, en cumplimiento de la democracia y su defendida Constitución Política de 1991, los ciudadanos también deben ser protagonistas de la política participativa y contar con las “garantías para ejercer su voto en condiciones de libertad y autonomía”. 

Para el fortalecimiento de la organización electoral, el magistrado plantea controles externos a los propios operadores electorales, es decir, “una entidad o un sistema técnico que permita recomendar y advertir los problemas en los que se pueda incurrir”. Esto, a propósito del impasse presentado con la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones legislativas del 11 de marzo pasado, por la falta de tarjetones electorales en varias mesas de votación durante las consultas interpartidistas para escoger los candidatos presidenciales de los sectores de la izquierda y la derecha.

Para Novoa es importante consolidar la organización electoral en su conjunto, a través de la implementación de un “sistema de auditoría especializada a los recursos y las políticas que esta entidad adopta para atender los procesos electorales”. Una de las razones fundamentales es porque el CNE depende administrativa, financiera y operativamente de la Registraduría. Cumplir con su tarea de inspección y vigilancia le resulta muy complejo a la institución por la falta de independencia para ejercer su función. “La organización electoral tiene una cabeza muy poderosa que está en la Registraduría, pero un cuerpo muy débil que es el CNE”, asegura el magistrado.

La Registraduría puso en aprietos a los colombianos por falta de tarjetones el pasado 11 de marzo.
La reforma buscaría garantizar independencia en las decisiones que se tomen.

Pero la frágil institucionalidad de la que goza el Consejo Nacional Electoral no solo se debe a la falta de autonomía, sino a los intereses con los que son manejados los procesos de control, los cuales son provechosos para muchos sectores.

Precisamente, por advertir sobre esos intereses, Novoa admite haber tenido muchas discrepancias con sus compañeros de sala. “Lo de Odebrecht (firma brasileña acusada de pagar sobornos a políticos y contratistas para acceder a obras de infraestructura vial en Colombia) fue un caso no cerrado aún, porque mis compañeros decidieron separarme de esa investigación”, sostiene.

Sin embargo, el no hacer parte del proceso, le ha dado libertad para afirmar que hay un pacto de silencio dentro del CNE, con el fin de proteger las campañas de los entonces candidatos a la Presidencia, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, las cuales, presuntamente, recibieron apoyo económico de la empresa extranjera para su financiamiento en las elecciones del 2014.

“No se ha discutido el proyecto que se relaciona con el tema de la campaña del presidente Santos, ni en el 2010 ni el 2014; ni el recurso de reposición que presentó la Procuraduría General de la Nación con relación a la campaña del candidato Zuluaga en el 2014. Nadie en la sala se atreve a preguntar por esto, porque es un tema sobre el cual hay un acuerdo táctico de no hablar”, asegura el magistrado.

Pese a la necesidad de una reforma que garantice el cumplimiento de las funciones de la organización electoral para elecciones futuras, es evidente que no se contará con una reestructuración en el corto plazo. La única manera de garantizar su buen funcionamiento, según Novoa, es con el compromiso del Consejo Electoral de comportarse de una manera “decorosa y abiertoa al control ciudadano”.

Sin embargo, reconoce la buena voluntad de algunos de sus funcionarios. “No todo es malo, hay que hacer una corrección de fondo, pero a veces también hay que advertir que hay unas bondades”, concluye el magistrado.

El magistrado afirma que hubo un pacto de silencio dentro del CNE en el caso de Odebrecht.
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