“LA CONSTITUYENTE ES LA ÚNICA SALIDA PARA REFORMAR LA JUSTICIA”

Congreso de la República Justicia La Revista

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Santiago Valencia, considera que la única salida viable para que el país tenga una verdadera reforma a la justicia es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En entrevista con la revista El Congreso, el senador del Centro Democrático dijo que el Congreso ha sido institucionalmente incapaz de hacer los cambios con la urgencia que se requiere. También dejó claro que la propuesta de crear una sola Corte no es descabellada ni revanchista.

Hemos liderado un número importante de reformas constitucionales y legales en la Comisión Primera del Senado, sin embargo, debo destacar que, durante mi presidencia hasta la fecha, se han radicado para la Comisión 110 iniciativas, de las cuales 85 son Proyectos de Ley y 25 Proyectos de acto legislativo. Hasta antes de iniciar el aislamiento preventivo obligatorio, declarado por el Gobierno Nacional debido al covid-19, se aprobaron 16 Proyectos en la comisión, 10 que son proyectos de Ley y 6 Actos o reformas a la Constitución. Con el liderazgo en la presidencia, y con el apoyo de las diferentes bancadas se logró que se sancionaran 8 Leyes de la República, en las que vale la pena resaltar la Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa ”, y la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social mediante la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y el registro de los conflictos de intereses”. Aunado a lo anterior, también se encuentran leyes de gran impacto social que logramos aprobar en esta legislatura que yo presidí, como la ley 2000 del 14 de noviembre de 2019, que reforma el Código Nacional de Policía y convivencia, en materia de consumo, porte, y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad, o la Ley 1993 de 2019, de la cual también fui ponente que modificó el porcentaje de participación para la conformación de áreas metropolitanas. Finalmente respecto de los actos reformatorios de la Constitución, debemos rescatar el acto legislativo 05 de 2019 por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política sobre el régimen de regalías y compensaciones, el acto legislativo 04 de 2019 por el cual se reforma el régimen de control fiscal, el cual es una herramienta fundamental que hoy está dando frutos y que le dio las medidas necesarias al contralor para poder adelantar control fiscal no solo posterior y selectivo sino también concomitante al gasto, que hoy mediante advertencias ha prevenido la perdida de importantes recursos públicos, y el acto legislativo 03 de 2019 por el cual se establece la segunda vuelta para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá. No obstante, quedaron en el tintero la reforma a la justicia y la reforma electoral que ya había sido anunciada por el Gobierno nacional pero debido a la pandemia producida por el covid-19, no alcanzaron a ser radicadas para su discusión.

El tema de la justicia no da espera, no obstante, es un asunto que tiene muchos frentes para abordar, no solo es que la justicia sea ágil, oportuna, dinámica y eficaz, sino que además debe observarse situaciones paralelas como el hacinamiento carcelario, la cantidad de jueces por número de habitantes, el presupuesto de la rama judicial, las facultades electorales de las al – tas cortes, en fin, es un abanico de problemas que se han venido observando y quien resulta finalmente afectado es el pueblo colombiano que demanda sus servicios. Sin embargo, tras varias reformas en el Congreso he llegado a la conclusión, que el mayor problema no es el número de magistrados, o las funciones políticas que ostentan, o el periodo de los mismos, que hemos errado al enfocarnos en la cabeza de la rama, y olvidarnos de la base, esos jueces de procesos de mínima cuantía, los promiscuos, los municipales, los que realmente le llevan justicia al ciudadano de a pie en el día a día. Es por esto que el verdadero reto de la nueva reforma, debe ser el acceso real y efectivo del ciudadano a una administración de justicia pronta, eficaz y eficiente.

Empezando a generar en la conciencia colectiva de todos los ciudadanos y de los operadores jurídicos que la justicia es un derecho Comisión Primera del Senado en sesión. Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. 14 fundamental. También se debe analizar la posibilidad de la desjudicialización de tantas conductas, procesos y actuaciones poco relevantes, que congestionan la rama y evitan la eficiencia y el acceso a la administración de justicia. Debe evaluarse la posibilidad de otorgar competencias jurisdiccionales a organismos diferentes de la rama, tales como notarios, procuradores o consultorios jurídicos, situación que puede ayudar a descongestionar la administración de justicia. Igualmente, es momento de reevaluar el excesivo formalismo que representan algunos procesos, y audiencias como las del procedimiento acusatorio, donde se evidencian infinidad de maniobras dilatorias de las partes o donde se alegan nulidades solo para prorrogar términos. Estos aspectos que pretenden descongestionar la administración de justicia, como los mecanismos alternativos de solución de conflictos, deben ser también llevados a las regiones, no puede ser posible que sean utilizados únicamente por grandes empresas y compañías, como si fuera una justicia para ricos, es nuestro deber acercarlos a lo rural y a toda la población.

El tema de la demora judicial obedece a varios factores, uno de ellos es la falta de uniformidad en las providencias judiciales, por eso una medida que se pretende adoptar es la obligatoriedad del precedente judicial y la unificación de la jurisprudencia. Deben los jueces aceptar y reconocer la obligatoriedad del precedente judicial cuando, al aplicar la ley en un caso, encuentren similitudes fácticas y jurídicas, haciendo prevalecer los principios como la igualdad de trato, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe depositada en la administración de justicia, ya que el precedente es considerado como las razones de derecho con base en las cuales un juez resuelve un caso particular. Entonces, debemos buscar un punto medio, donde sea obligatorio la aplicación del precedente judicial, pero sin que esto implique alguna afectación o modificación a las fuentes del derecho colombiano, donde prima la Constitución y la ley, recalcando que es el Congreso el único órgano llamado y destinado hacer las leyes, y que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, y la jurisprudencia es un criterio auxiliar. Igualmente, debemos trabajar para que las audiencias sean más cortas y más eficaces, limitar las medidas dilatorias que expertos abogados las manejan al derecho y al revés, e incluso juntar audiencias, porque en muchos casos son excesivas en número para un caso concreto. Debemos analizar la posibilidad de otorgar funciones jurisdiccionales a diferentes organismos del Estado, existen varios ejemplos que son muy exitosos, como las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, o las de la Superintendencia de Sociedades, entonces porque no para descongestionar y garantizar un mayor acceso a la administración de justicia, otorgar estas facultades a notarios, o procuradores judiciales, que están en contacto permanente con la ciudadanía.

Si bien es cierto, se critican las funciones nominadoras y electivas de las altas cortes, esto no debe centrar nuestra atención, toda vez, que esas funciones ya han sido discutidas y modificadas en anteriores reformas a la justicia, y no han producido mayor resultado de eficiencia, o eficacia en la administración de la misma, como lo he expresado a lo largo de esta entrevista, considero que el principal problema de la justicia radica en el acceso a ella para el ciudadano del común. Ese ciudadano que en varias ocasiones acude a la justicia y no encuentra respuesta, o tarda muchísimos años sin un fallo favorable o desfavorable, o el ciudadano que prefiere tomar justicia por mano propia, porque considera que la justicia es solo para cierto sector de la sociedad. Y eso no se contrarresta porque nueve magistrados en el caso de la Corte Constitucional, o 23 en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elijan o nominen a cierto candidato para ostentar determinado cargo. No obstante, si debe quedar clara la prohibición de la denominada “puerta giratoria en los altos tribunales”, y comprender que debe existir un cambio en la concepción de justicia, teniendo claro que no todos los conflictos se deben resolver a través del Código Penal o mediante el denominado populismo punitivo. Así las cosas, si una reforma a la justicia se presenta para discusión, seguramente la mejor alternativa si será la eliminación de las funciones electorales, porque así sea en menor medida, estas funciones afectan su normal funcionamiento de administrar justicia, y se centran es en politizarse y en lograr unos consensos y mayorías con fines eminentemente políticos, que en últimas generan es una deslegitimación de la justicia.

Respecto a esta pregunta debo plantearle dos puntos de vista, el primero respecto a la dificultad y resistencia que se ha generado para el Congreso plantear alguna modificación a la rama judicial, no solo por el hecho de la discusión y votación al interior de las sesiones de las comisiones y plenarias, sino por el control ejercido por la Corte Constitucional. Recordemos recientemente lo ocurrido en 2016 con la denominada reforma al “equilibrio de poderes”, donde tras largos y sesudos debates al interior del Congreso y llegar acuerdos, la Corte en el ejercicio de su control de constitucionalidad tumbó la creación del Consejo de Gobierno y dejó en firme la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con una votación de 7 a favor y 2 en contra. Ahora debo hacer una segunda observación frente al tema, las funciones de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberían ser realizadas, por una junta directiva de administración, o por una Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, que bien puede o no ser un cuerpo colegiado, pero si especializado en administración, por gerentes que hagan viable financiera y presupuestalmente la rama judicial. Ya se ha avanzado con el nuevo Director Ejecutivo de Administración Judicial, quien por primera vez es un economista y no abogado como siempre había ocurrido. Igualmente, no es un secreto que el Centro Democrático e incluso durante la campaña del Presidente Duque se ha propuesto la creación de una “Supercorte”, en la que se pueda transformar la Corte Constitucional y se logre unificar la Corte Suprema de justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, es apenas una propuesta que sigue en constante elaboración y mejora para poderse radicar. Pero no es una propuesta descabellada la de una sola Alta Corte, ni una propuesta revanchista como lo han afirmado algunos, sino que, haciendo un análisis al derecho comparado, se puede afirmar con certeza, que, entre los Estados miembros de la ONU, 146 tienen una sola corte. De los 10 países mejor calificados en el Índice de Democracia 2017, ocho tienen una sola corte ejemplo de ellos son: Gran Bretaña, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Australia, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Dinamarca, Costa Rica, Israel, India, Japón, México, Noruega, Uruguay y Croacia entre otros.

Sin duda, es un tema que debe analizarse en cualquier reforma a la justicia, ha sido un debate de innumerables horas al interior del Congreso, y, sin embargo, siempre la mejor opción será el mayor acercamiento a la meritocracia. El cartel de la toga, ha sido uno de los casos de corrupción que más daño le ha producido a la rama judicial, y considero que acudir a la meritocracia, mediante un concurso de méritos, puede ser la forma como se le podría poner final a los casos de corrupción en la elección de magistrados. Es momento de incentivar los principios rectores de la administración de justicia mediante la elección de los altos magistrados, la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de Administración de Justicia, pretende garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia en el momento que lo deseen y lo consideren pertinente, mediante un servicio gratuito, autónomo y eficiente, y esto no se vería afecta – do, por la incorporación de la meritocracia o concurso de méritos para sus magistrados, por el contrario garantiza que los mejo – res y más capacitados operadores jurídicos o miembros de la carrera judicial, puedan optar para ocupar tan altas dignidades. Es necesario fomentar la proactividad académica y jurídica de los aspirantes a ocupar las magistraturas y evitar las elecciones a dedo que en muchas ocasiones han sucedido.

Estoy completamente de acuerdo con que ha sido pobre la actuación que ha adelantado dicha Comisión, sin embargo, no debemos juzgarla sin entrar a analizar los supuestos facticos que ella representa. Recordemos que fue en virtud de la Constitución del 91 y de la Ley 5 de 1992 que el Congreso ejerce funciones judiciales en relación con los llamados aforados constitucionales, que son el Presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado , el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General, cuando uno de ellos come – te algún delito en ejercicio de sus funciones o incurre en indignidad por mala conducta, debiéndolo investigar la Cámara, por conducto 17 de la Comisión de Investigación y Acusación, y lo juzga el Senado, con el objetivo de garantizar el principio de separación de poderes y del denominado “Checks and balances”. Se han planteado varias salidas para reformar esta comisión, no obstante, pocos han observado que el Congreso es un órgano político, compuesto por políticos, que haciendo uso de las herramientas que permite la política, logramos cautivando a nuestros electores, llegar al máximo órgano de representación política de la sociedad, y, que no todos los congresistas son abogados o conocen y manejan el derecho penal, o tienen facultades y habilidades de investigación técnica y científica para investigar la comisión de un hecho ilícito, o que decir del limitado presupuesto o recurso para adelantar funciones de policía judicial. Una comisión cualquiera que sea del Congreso no cuenta ni con las instalaciones ni con el personal idóneo para adelantar estas funciones de investigación y de acusación, por eso yo he planteado que, si debe existir un tribunal de aforados, que implique sustituir, suprimir, o al menos cambiar radicalmente la vulnerable Comisión de Acusaciones. Es necesario dejar claro que este procedimiento no será sencillo, porque la Corte Constitucional en sentencia C-373 de 2016, declaró inexequible la comisión de aforados que se había creado vía acto legislativo, y parece entrever que solo será posible, mediante una asamblea constituyente que se cambie la forma de juzgamiento de los magistrados, y seguiremos por el momento con la inoperancia de esta comisión que a la fecha solo ha acusado formalmente a Rojas Pinilla y al exmagistrado Jorge Pretelt. Finalmente, quiero dejar de presente que a la Comisión de Acusaciones se le está imponiendo una carga para la cual no fue creada, ya que el juicio por indignidad política se debería adelantar únicamente al Presidente de la República o a quien haga sus veces, y no para otros aforados. De eso debería ocuparse una verdadera reforma a la justicia, para que los demás aforados si sean juzgados e investigados, pero por un organismo nuevo, aparte y diferente a la comisión de aforados, que, si tenga funciones judiciales, que tenga capacidad de investigación y que pueda sancionar por la comisión de delitos, y no obligar a un órgano político, a que haga un juicio jurídico a unas personas aforadas que no son políticos.

Esa es una afirmación que no comparto, considero que, si en algo hemos estado de acuerdo gobierno y Congreso, es en no alterar, ni modificar la acción de tutela, tanto así, que en el último ejercicio de proyecto de reforma a la justicia que adelantó la ministra Borrero, se acordó que la tutela no se tocaría. Debemos reconocer que la tutela es por mucho uno de los más grandes logros alcanzados por la Constitución del 91, y que ha sido una herramienta que ha acercado la ciudadanía a la administración de justicia, y esto lo compartimos con presidentes de las altas cortes, organizaciones sociales y legisladores. Por lo anteriormente expuesto, estoy seguro que el Congreso no permitirá la creación de ninguna limitación a los alcances o competencia para los jueces de tutela, y aunque en una propuesta futura se pretenda fortalecer esa figura, difícilmente será vista y votada a favor, ya que se ha convertido en un mecanismo de protección de derechos fundamentales, que no merece modificación. No obstante, quiero dejar presente que bien podría analizarse aspectos como: la legitimación por activa para interponerla, el termino o tiempo para su presentación, y la competencia del juez de conocimiento que podría pertenecer a la jurisdicción y especialidad que corresponda con el derecho objeto de amparo.

Con dicha afirmación me refiero a que efectivamente se está generando un sentimiento nacional transversal de desconfianza en el sistema judicial, y que mientras el Congreso y el Gobierno observan esa realidad, y se esfuerzan en preparar y presentar proyectos de reforma a la justicia, en instancias del control judicial resultan inexequibles los logros alcanzados. Por esto la rama judicial y la administración de justicia como la conocemos no aguanta más, ha tocado fondo, y la JEP la ha rematado, es imperativo reformarla para que todos podamos creer y sentir que no estamos sumidos en la más profunda impunidad. Debemos recordar que se han presentado 19 intentos de reformas, la mayoría fallidos, o como el último sin efectos debido al fallo de la Corte Constitucional, entonces debemos concentrarnos en comprender que esto ha sido en parte, culpa del mismo Congreso, porque él mismo se ha creado límites y se ha retirado funciones, demostrando que es institucionalmente incapaz de hacer verdaderas reformas de fondo a los organismos de la rama judicial, siendo evidente el desequilibrio de poderes en nuestro país. Y resulta peor, que entre más se demore el Congreso en hacer una reforma efectiva, y más intentos fallidos se tengan, más inminente será la necesidad de una Constituyente restringida que es mi propuesta. Mi propuesta concreta, la he expresado en diferentes escenarios y es que debemos convocar una Constituyente, no debemos permitir que fallos como los de la JEP que generan impunidad, que prohíben extradiciones a narcoguerrilleros, y prefieren dejarlos en libertad, son circunstancias que están afectando toda la institucionalidad del Estado. Necesitamos una Constituyente que analice si lo que hace la JEP en justicia transicional lo podría asumir la jurisdicción ordinaria, o si definitivamente hace falta un Supratribunal, la Corte Suprema, el cartel de la toga, la venta de tutelas y de sentencias en la Corte Constitucional, me llevan a pensar que la única solución es la Constituyente. No podemos quedarnos quietos y seguir observando como la impunidad ronda entre el 86% y el 94%, debemos liderar la reforma a la justicia a través de una asamblea nacional constituyente, que permita mediante la voluntad popular, crear puentes de consensos para una restructuración a la administración de justicia de nuestro país, y centrarnos en el gran problema del acceso a la justicia, no puede existir más marginación a sectores pobres, o apartados de la sociedad, no más justicia por propia mano, inclusión inmediata de mecanismos tecnológicos, expediente judicial digital, otorgamiento de facultades jurisdiccionales a diferentes organismos del Estado y atacar la congestión del sistema judicial, mediante la desjudicialización de conductas menores o procesos de mínima cuantía.

Considero que, frente a la grave crisis del sistema judicial, la única salida viable para reformar la justicia, y que luego no sea declarada inexequible, es la convocatoria a una asamblea constituyente restringida. Irremediablemente, se ha llegado a la necesidad de una Constituyente para hacer una reforma seria a la justicia, yo sé que esto genera controversia. No sé si sea el momento exacto, pero en algún momento vamos a llegar a eso. En los últimos años, cuando se ha tratado de hacer una reforma, siempre hay intereses de lado y lado que no permiten que el Congreso haga una verdadera y seria reforma a la justicia. Hemos hablado incluso de una Constituyente restringida, esa es una opinión personal que mi partido no comparte en su totalidad, pero va ganando adeptos. Considero que es la única salida al problema que hay, no solo en la JEP, sino en general en la justicia del país que lleva muchos años necesitando una reforma y que el Congreso de la República ha sido institucionalmente incapaz de hacerla con la urgencia que requiere el país. Soy consciente de que incluso si se permite hacer una Constituyente restringida a un tema, puede ser cierto que una vez instalada quienes la integren tienen plenos poderes para modificar la Carta Política del país. Yo no le tengo miedo a esto. El Gobierno lleva muchos años tratando de hacer reformas y no lo ha podido hacer: la reforma política, a la justicia, a la salud… Hay muchos temas que han estado en la agenda política del país y el Congreso no ha sido capaz de reformar satisfactoriamente por muchos aspectos.

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