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El presidente electo, Iván Duque, llega con un paquete de reformas bajo el brazo, que aunque muy seguramente contarán con el apoyo de las mayorías en el Congreso, generarán polémica por su impacto en el proceso de paz, el funcionamiento del Estado colombiano y el sistema judicial, así como en el modelo de educación y salud a implementar. Pero tal vez el tema que más levantará ampolla será el de los ajustes al regimen pensional.

El nuevo mandatario ha sido uno de los promotores de la Economía Naranja en el país.

Aunque en campaña el entonces candidato uribista tomó como bandera las eventuales modificaciones a los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el saliente gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC, los cambios que tiene en mente ejecutar en distintos frentes pasan por una lucha frontal contra la corrupción y el clientelismo, un reordenamiento profundo de la administración del Estado con base en las necesidades actuales de los colombianos, la revisión a fondo del sistema de salud, la reactivación del crecimiento con menores impuestos a las empresas y el estímulo a la inversion.

Ante las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, Iván Duque se propone la expansión y profundización del Gobierno en Línea, así como la profesionalización y formalización de la fuerza laboral pública. La idea es poner fin a la informalidad, acabar con las nóminas paralelas y avanzar hacia en Estado con un alto grado de excelencia y eficiencia. Para conseguirlo, trabajará sobre los siguientes principios:

-Ministros de 4 años para tener un equipo estable en la ejecución de las políticas públicas, en las que se garantizará la transparencia y resultados.

-Presentación rigurosa de la agenda del gobierno y su contratación. 

-Un Gobierno y presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución, así como la rendición constante de cuentas a la ciudadanía. 

-Creación en la Presidencia de la República de la Unidad de Desempeño y Ejecución que monitoreará el cumplimiento de todas las metas gubernamentales trazadas.

Para proteger la política de la presencia de dineros de dudosa procedencia y de futuros escándalos de corrupción, el presidente electo prepara una serie de medidas, entre ellas la financiación por parte del Estado de las campañas para cuerpos colegiados legislativos del orden nacional y territorial, y la pérdida de personería jurídica para los partidos que se les compruebe que gastaron recursos adicionales.

En la reforma se establece, además, que ninguna persona podrá estar por más de tres períodos consecutivos, que las campañas a gobernaciones y alcaldías solo podrán recibir aportes de personas naturales y que la  representación en juntas directivas de empresas públicas se definirá mediante una política de Estado en la cual se determinará los perfiles profesionales para cada caso, así como las funciones y términos. Los candidatos deberán someter sus hojas de vida al escrutinio público en una plataforma definida por la Presidencia de la República.

Los funcionarios que reciban sobornos perderán todos sus privilegios y no podrán volver a contratar con el Estado u ocupar cargos públicos. Se eliminará la llamada “mermelada” en el presupuesto y no existirán partidas globales por regionalizar.

Sin duda la medida más fuerte para combatir la malversación y desvío de fondos públicos es la cárcel, tras barrotes, de quienes incurran en actos de corrupción. En consecuencia, se acaba la prisión domiciliaria para los implicados, al igual que los beneficios penales. Además, sufrirán la extinción de dominio para reparar con sus bienes lo que se robaron, según se desprende de las propuestas que presentó el entonces candidato del Centro Democrático en campaña.

Como primer paso, se generará un ajuste a la Regla Fiscal y a los mecanismos de evaluación para generar estabilidad presupuestal, con un enfoque que genere ahorros en tiempos de bonanza y permita expansiones sostenibles del gasto en periodos de recesión. El nuevo gobierno le apuesta

a la simplificación del sistema tributario para empresas y personas naturales, con tarifas competitivas, mínimas distorsiones, digitalización total de las plataformas y automatización de los procesos de devolución. Se trata de reactivar el crecimiento con menores impuestos a las empresas y menos excepciones para estimular las inversiones.

En el frente económico, se plantea también racionalizar el gasto publico y crear herramientas para su ejecución transparente, privilegiando la inversion y generando alertas tempranas para evitar el despilfarro y los proyectos desfinanciados.

Llama la atención la diferenciación que se pretende hacer de las cargas impositivas en la que se considere el tamaño de las empresas y prioricen los procesos de formalización y desarrollo de oportunidades laborales. La estructuración de un mercado de capitales para el sector minero, la creación del viceministerio de Economía Naranja, el no cobro de seis días de IVA al año, y un mayor uso de medios de pagos electrónicos, forman parte del paquete de medidas que se propone implementar el nuevo gobierno.

Esta es tal vez la reforma que más generó polémica durante la campaña presidencial por la propuesta inicial de crear una supercorte que unifique los altos tribunales que funcionan en Colombia. Aunque Duque prometió que no revocará las cortes, si consideró necesario que el país someta a un debate la conveniencia de juntarlas. Pero son varios los puntos que se contemplan en materia de justicia, entre ellos la prohibición a quienes hayan ocupado la cabeza de los organismos de control, para aplicar a puestos de elección popular por cuatro años después de dejar el cargo.

Entre las reformas propuestas, figuran la unificación de criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes, simplificando procesos, generando seguridad jurídica y aumentando la confianza en el sistema judicial colombiano, así como los reconocimientos y ascensos basados en la meritocracia, “restaurando la mística de servicio, elevando la calidad de los jueces y acabando con las denominadas puertas giratorias y los carruseles”. El nuevo mandatario también le apunta a reforzar la Acción de Tutela para que haga más de lo que le corresponde (proteger derechos vulnerados o en riesgo), y a remover las facultades nominativas o injerencias de la cortes en la elección del Procurador, Fiscal y Registrador.

Bajo el gobierno de Iván Duque, la educación media tendrá en los tres últimos años de formación, titulación técnica en competencias afines con la vocación económica de cada región, mientras que la fase preescolar se centrará en el desarrollo de capacidades cognitivas y no cognitivas de los niños. “Nuestros mejores profesores deben concentrarse en la educación preescolar, y una porción importante de las regalías se enfocará en crear un fondo que haga de esto una realidad sostenible”, afirma el electo mandatario.

Pero la estrategia va mucho más allá. Se crearán escuelas de familia, particularmente en zonas marginales que necesitan aprender a desarrollar capacidades constructivas para la educación de las siguientes generaciones, se establecerá un vehículo financiero para el fortalecimiento de las universidades públicas y se fomentará un ahorro programado accesible para la educación superior, con el fin de que la clase media garantice la culminación de sus estudios.

En cuanto al Icetex, se condonará parcialmente la deuda de aquellos estudiantes que luego de recibir el crédito, obtengan en sus carreras grados Magna Cum Laude o promedio de honores (puede ser con base en los resultados comparables de los ECAT). Adicionalmente, se identificarán nuevas y mejores ofertas de plazo y tasas de interés para los alumnos de menor ingreso. Duque también buscará estimular las universidades agricolas, en concordancia con el objetivo de convertir a Colombia en una potencia agropecuaria, así como establecer la jornada única para todos.

El futuro mandatario anunció una reforma pensional que focalice los subsidios en los más vulnerables, eliminando distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual. “No voy aumentar la edad. Hay que hacer una reforma para garantizar la sostenibilidad financiera. El tema principal es cómo aumentar la cobertura y tener más cotizantes, es decir sumar en número de afiliados”, subraya.

En cuanto a las Empresas Prestadoras de Servicios de salud (EPS), Duque considera que deben remunerarse por calidad y no solo por cantidad.

Es por ello, que se establecerán sistemas de remuneración para que no solo dependan del número de afiliados. En adelante los pagos atrasados no justificados que se comprueben entrarán en la categoría de morosidad y el control de la Superintendencia de Salud. Todo el sistema (EPS, IPS y agentes gubernamentales) estará en línea y será coordinado y evaluado mediante el uso de Big Data. Así se evitarán abusos anticipadamente y se propondrán soluciones según observaciones en tiempo real. Las historias clínicas serán cien por ciento digitales y estarán al alcance de los profesionales de la salud, donde y cuando lo necesiten los usuarios.

La integración vertical será revisada con lupa para castigar excesos y garantizar la protección de los afiliados, la calidad del servicio y unos costos sensatos en el funcionamiento del sistema. Se establecerá un acuerdo de punto final para determinar el valor de la cartera del sector y definir las alternativas de reconocimiento. La administración hospitalaria estará en manos de profesionales serios, escogidos por méritos y evaluados con regularidad, de acuerdo con los cambios propuestos.

Las modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su competencia frente a la figura de la extradición y su conocimiento de los procesos a militares que estuvieron ligados al conflicto, han generado malestar en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), por lo que se esperan candentes debates y discusiones sobre el tema en la legislatura que arranca. Aunque Duque ha manifestado que durante su gobierno preservará “el deseo de desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla”, las dudas sobre el futuro que puede tener el proceso en estos cuatro años, se mantienen. “No se trata de hacerlo trizas”, sino de corregirlo”, sostiene.

Entre los ajustes que se harían a lo pactado en La Habana en 2016 entre el saliente mandatario Juan Manuel Santos y el entonces grupo insurgente, está el hacer que los responsables de delitos de narcotráfico no puedan beneficiarse de amnistías, así como convertir en obligatorios los acuerdos para erradicar y sustituir los cultivos ilícitos, que ahora son voluntarios. Duque se opone a que los jefes de las FARC con procesos pendientes por delitos de lesa humanidad, participen en política sin que hayan pasado antes por la justicia. “Todos (los colombianos) queremos la paz, la diferencia está en que nosotros queremos una paz sin impunidad y hay otros que por la paz están dispuestos a sacrificar el orden institucional”. Por eso es claro en señalar que actuará de manera decidida contra la impunidad, asegurando que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan aspirar a cargos de elección popular, luego de un proceso de desmovilización, sin haber cumplido una pena efectiva y proporcional.

El partido de las FARC ha expresado su plena disposición para dialogar con el electo presidente sobre la implementación de los acuerdos de paz, no sin antes advertir que “no se pueden burlar” los compromisos adquiridos por el Estado. “El novedoso y esperanzador sistema de justicia transicional, que fue diseñado para conocer la verdad plena, garantizar la justicia y asegurar la reparación de forma expedita y eficaz (…) tristemente quedó convertido en un mecanismo de guerra jurídica dirigido exclusivamente contra el antiguo grupo insurgente”, dijo el exguerrillero Carlos Antonio Lozada.

De prosperar las modificaciones que le hizo el Congreso a la JEP, en la antesala de la llegada de Duque al poder, habrá un tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública. Por lo pronto se logró que sus procesos sean congelados hasta que el Legislativo cree una sala especial. Para Lozada, con los cambios que se pretenden introducir a los acuerdos, se profundizará aún más la division y desconfianza entre los colombianos.

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