¿Llegó La Hora De Replantear Relaciones?

Aunque para el Gobierno esta legislatura fue positiva porque se logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque Márquez en estos cuatro años, algunos congresistas creen que el balance no es el esperado, porque en su concepto, el Ejecutivo no ha logrado construir la gobernabilidad que se requiere para garantizar el trámite de iniciativas importantes como las reformas política y judicial.

La postura de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U -con las mayorías en el Legislativo- de distanciarse del Gobierno le restaron capacidad de maniobra al mandatario, quien se resistió a darles participación a las fuerzas políticas en su administración, como parte de su nuevo estilo de gobernar, en el que priorizó el nombramiento de ministros y funcionarios técnicos durante sus primeros meses de gestión. Analistas consideran necesario un replanteamiento en las relaciones con el Congreso de la República, pensando en los proyectos que se vienen y en la campaña electoral que se cruza con la próxima legislatura, en la cual estará en juego el poder regional. 

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de impulsar y coordinar las iniciativas y acciones del Gobierno ante los congresistas, admite que el esquema que se planteó era distinto, pero muy positivo para la democracia colombiana. “Creo que eso es constructivo para el país y eso es una relación sana de respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es la separación real de poderes”, afirma. 

Y es que a pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en este periodo de sesiones. Según la jefe de la cartera de asuntos políticos, el PND era la gran apuesta oficial para este semestre y con su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes se legisló para los próximos cuatro años, luego de una concertación con las regiones y los sectores políticos, económicos y sociales del país. 

La reforma política se quedó sin aire

Ante el poco ambiente en el Congreso para salvar la reforma política, que había sido modificada en sus partes sustanciales, la ministra del Interior desistió de continuar con su trámite. Las pocas probabilidades que existían de revivir las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas llevaron a la funcionaria a darle sepultura a la iniciativa en esta legislatura. “Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el Gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter. 

Con el proyecto, se buscaba depurar el ejercicio de la política, eliminando el voto preferente con el cual obtienen una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos, sin importar el orden en que aparezcan registrados en el tarjetón electoral. Ello ayudaría a evitar prácticas como el clientelismo o la compra de votos. 

La reforma, una de las promesas del entonces candidato Iván Duque, hacía parte del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer los partidos, reducir los costos de las campañas y garantizar transparencia en la forma de hacer política en Colombia. Pero el Gobierno no se da por vencido y desde ya buscará el apoyo de las distintas bancadas para impulsar un nuevo proyecto a partir del 20 de julio.

Un cambio necesario

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, espera el apoyo de los partidos a la reforma política que se presentará en julio próximo.

Para garantizar el trámite de los proyectos del Gobierno, incluida la reforma política que será presentada nuevamente en la próxima legislatura, es indispensable un replanteamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República lo antes posible para poder avanzar en las iniciativas que aún están pendientes. Así lo considera el politólogo y académico, Fernando Rojas, quien ve poco probable que se mantenga el modelo con el que el Presidente Iván Duque Márquez ha querido gobernar por el costo político que le puede generar. “Le toca hacer un giro para lo que quiere, porque a pesar de las buenas intenciones, su estilo no le ha dado los resultados esperados”, señala.

Aunque se logró la aprobación del PND, en el que se establecen los objetivos, programas e inversiones para el cuatrienio, el analista cree que el Gobierno “no logró encontrar el camino para sacar adelante los demás temas de la agenda legislativa (en este periodo de sesiones), ni tampoco generar confianza”. Por eso coincidió en que un acuerdo con las fuerzas políticas es el camino para destrabar los proyectos clave, como las reformas a la justicia y las pensiones o de lo contrario, habría dificultades para garantizar la gobernabilidad en lo que resta de gestión. Desde ya se rumora sobre una reestructuración de la relación con los partidos tradicionales que podría derivar en una crisis ministerial, así como en su participación en la administración, ad portas de cumplirse un año del ascenso del entonces candidato del Centro Democrático al poder. La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea, es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso.

A pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Lo que si se descarta es un revolcón. En caso de presentarse los cambios en el gabinete, estos se darían de manera gradual. La reestructuración habría comenzado con la salida de Gloria María Borrero del Ministerio de Justicia, quien renunció al cargo en mayo pasado, y fue sustituida por la expresidente de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, con un alto reconocimiento en la Costa Caribe. Además de ser excelentes profesionales, quienes lleguen al Gobierno deben saber de manejo político para entenderse con el Legislativo de cara al trabajo que se viene en la próxima legislatura, según afirman congresistas. Para el senador de La U, José David Name, la lección que queda del periodo de sesiones que termina, es que debe existir una mejor relación con el Congreso, para lo cual el Ejecutivo tendrá que darles -según los analistas- mayor protagonismo a las fuerzas políticas que contribuyeron al triunfo electoral de Duque en segunda vuelta. 

Ambiente para el diálogo

Aunque los partidos Cambio Radical, Liberal y La U se alejaron del Gobierno en el arranque de la administración, mantuvieron su disposición al diálogo para legislar sobre temas que contribuyeran al desarrollo económico y social del país. “El Gobierno debe establecer cuáles temas son su prioridad en el Congreso para articular la gobernabilidad y sacar adelante esas prioridades”, afirmó el senador Berner Zambrano, quien esta convencido de que quienes están perdiendo en este momento son los colombianos por la ausencia de reformas claves para la nación. 

El senador liberal, Rodrigo Villalba, considera, por su parte, que es hora de que se fije una nueva agenda, tras las polémicas discusiones que se dieron sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pensando en el bienestar del país. “Tenemos que reconocer y tomar conciencia que esta polarización no le sirve a nadie, ni a los partidos políticos, ni al Gobierno, ni al Presidente Duque y mucho menos a Colombia”. Y es que ese partido ya hizo pública su disposición de trabajar para que salga adelante el proceso de paz, al que según sus dirigentes, se le deben hacer modificaciones convenidas con todas las fuerzas políticas para darle solidez. Por lo pronto ha ofrecido un proyecto de ley que resuelva cualquier preocupación sobre el uso de facultades para el tema de extradición.

Para el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, la relación actual entre el Estado y los partidos políticos es distinta, y aunque es difícil, tiene cosas positivas como devolverle la independencia al Congreso de la República. 

Lo único cierto es que a pesar del “tire y afloje” que caracterizó esta legislatura, nadie se ha cerrado a la banda a acompañar al Gobierno en lo que resta de administración, con excepción de las fuerzas que se han declarado en abierta oposición, como el Polo Democrático, la Alianza Verde, la Unión Patriótica (UP), la Lista Decente y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), este último partido surgido de los acuerdos de paz que se firmaron en 2016. “El gran reto que tendría el Presidente es lograr que su colectividad, que ostenta un alto número de cargos burocráticos, acepte que otras organizaciones tengan participación política en el Gobierno”, asegura Rojas.

La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso.

La campaña electoral en el medio

La campaña electoral para renovar alcaldías y gobernaciones se cruzará con el período de sesiones.

Una de las mayores dificultades para el desarrollo de la agenda legislativa es la campaña electoral que se ha iniciado para renovar alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales en todo el país, pues muchos de los temas a debatir en el Congreso de la República, estarán supeditados a las actividades de los parlamentarios en sus regiones para respaldar a sus candidatos a las distintas corporaciones. Además de cruzarse el periodo de sesiones con la contienda política, las alianzas que se han comenzado a gestar entre los partidos Cambio Radical, Liberal y La U para ampliar su poder en municipios y ciudades, podrían llevar a un cambio en el mapa electoral y servir de abrebocas de lo que será la elección presidencial del 2022. “Si el Centro Democrático no logra tener resultados relevantes (en los comicios locales del 27 de octubre) y los otros partidos se apoderan de plazas importantes, sería un mensaje complicado para el Gobierno”, sostiene el analista Fernando Rojas. 

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los colombianos tienen la responsabilidad de definir 20.428 cargos de elección popular (32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.063 concejales y 6.814 ediles), por lo que las fuerzas políticas tanto tradicionales como independientes y de la oposición, han intensificado los contactos en las últimas semanas para armar coaliciones que les permita fortalecer su presencia a nivel regional. Con una campaña electoral de por medio, la aprobación de leyes no parece estar en la agenda de los parlamentarios en este segundo semestre y más aún cuando la clase política le está apuntando con todo a ganar las elecciones de octubre, que, sin lugar a dudas servirán de termómetro para lo que se viene en los próximos años.

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