MÁS RECURSOS PARA LAS VÍCTIMAS

Por, Representante Clara Rojas

Clara Rojas

En el Congreso de la República se inició el estudio del proyecto que establece el Presupuesto General de la Nación para el próximo año y que asciende a más de 235 billones y medio de pesos.  La iniciativa que comenzará a discutirse en las Comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes, contiene recortes sustanciales en varios sectores debido, según el ejecutivo, a la difícil situación fiscal de Colombia.

En relación con la vigencia fiscal de este año, el monto del presupuesto se incrementa en 3 billones de pesos, es decir, un 1% respecto de 2017, teniendo en cuenta que inicialmente el presupuesto para 2017 era de 224 billones 421 mil millones, pero fue aprobada en el Congreso en junio de 2017 una adición por 8 billones 056 mil millones de pesos, con lo que la cifra final fue de 233 billones de pesos para este año.

El  Gobierno justificó el incremento en apenas el 1% del presupuesto al  cumplimiento de la  meta de reducir el déficit fiscal de 3,6 % en 2017 a 3,1 % en 2018. Igualmente, es inferior a la inflación esperada para final de 2018 de 3,5 %, al tiempo que anunció recortes del orden de $5,5 billones en inversiones y gastos del funcionamiento de Estado, lo que significa la prohibición a las entidades de comprar nuevas sedes o carros, de gastar en las llamadas nóminas paralelas y  reducir los viáticos.

Aunque nos parece loable la intención de reducir los gastos para lograr un equilibrio fiscal, creemos que hay sectores en los cuales se deben aumentar o, al menos, mantener las partidas presupuestales  para que no se afecten los programas en marcha como el caso de la atención a las víctimas, la recuperación del río Bogotá y la labor que viene adelantando El Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado  en materia de desaparecidos, entre otros.

  • Víctimas

 

En relación con las partidas para la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se destinarían recursos por un valor de 1 billón 890 mil millones de pesos, lo que significa un aumento del 7% con respecto a los recursos asignados para la vigencia anterior que fueron de 1 billón 756 mil millones de pesos. Adicionalmente, en el Plan Operativo Anual de Inversión para 2018, se encuentran proyectos de inversión por valor de $ 4 billones, para atender a la población víctima del conflicto armado interno (con financiamiento de la nación y recursos propios).

Sin embargo, en el proyecto de presupuesto no se mencionan partidas presupuestales para la indemnización administrativa en el marco de la Reparación Integral a las Víctimas, aunque entendemos que dentro del rubro de gastos de funcionamiento está establecido el rubro para ese fin. En el auto 206 de 2017 de La Corte Constitucional, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas afirma que en la actualidad no cuenta con el presupuesto suficiente para pagar la indemnización administrativa a favor de todos los solicitantes que cumplen con los requisitos exigidos reglamentariamente para ser priorizados. Actualmente, existen 1´779.024 hogares víctimas de desplazamiento forzado pendientes por indemnización y teniendo en cuenta que el auto 206 de abril de 2017, proferido por la sala especial de seguimiento a la sentencia T – 025 de 2004 de la Corte Constitucional, ordena la reglamentación de la indemnización administrativa como parte de las medidas de reparación que debe recibir toda víctima de desplazamiento forzado y el derecho de Las víctimas de desplazamiento forzado a la reparación integral por vía de una indemnización justa, pronta y proporcional. Por lo tanto, solicitaremos en el debate del proyecto asignar los recursos necesarios para cubrir estas necesidades.

 

  • Río Bogotá

 

El Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2018 reduce las partidas presupuestales de las entidades del sector de medio ambiente y desarrollo de $755 miles de millones a $564 miles de millones, lo cual representa una disminución del 25% de la inversión en proyectos de recuperación y protección de recursos no renovables en el país. La reducción del presupuesto al sector ambiental, particularmente al Ministerio de Ambiente al que se le recortan recursos por un valor de más de 50 mil millones de pesos y a las Corporaciones Autónomas Regionales, afecta el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014, expediente AP-25000- 23-27- 000-2001- 90479-01 para la ejecución del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación del Río Bogotá. Solicitamos al Gobierno revisar y reasignar la cifra correspondiente para que haga efectiva la recuperación del Río Bogotá y asignar los recursos para la protección de los 46 municipios de la cuenca hidrográfica del mismo.

 

  • Medicina Legal

 

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018 aumenta el monto de transferencias que se le asignarán al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año fiscal 2018. El Presupuesto del INMLCF se incrementó de 198 mil 607 millones de pesos en 2017 a 217 mil millones de pesos en 2018, lo que representa un incremento de 18 mil 432 millones de pesos. Sin embargo, ni en el Plan Operativo Anual de Inversiones ni en las metas y recursos de inversión para 2018 se encuentran proyectos o programas para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses.

Teniendo en cuenta que durante el conflicto armado en Colombia, según la Unidad de Victimas, el número de víctimas ha incrementado a 8`186.896 personas y se han registrado 978.108 homicidios y 166. 970 casos de desaparición forzada, es necesario reevaluar el esfuerzo y la necesidad de recursos trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el contexto del posconflicto y la reparación integral a las Víctimas. Por eso solicitamos que se revise y se aumente el presupuesto del Instituto de Medicina Legal.

Esperamos que en desarrollo de la discusión del Presupuesto General de la Nación sean atendidas nuestras proposiciones para que se garanticen los recursos y no se afecten los programas que se vienen desarrollando en sectores que creemos vitales para la protección de las víctimas, los desaparecidos y el medio ambiente, entre otros temas y programas como la equidad de género y el metro de Bogotá.

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