Más transparencia en los recursos del posconflicto


Columnistas Opinión

Clara Rojas González
Representante a la Cámara, Partido Liberal

Un eje fundamental del fortalecimiento de la paz en Colombia está relacionado con la atención integral a las víctimas y a la ejecución de planes de inversión en las zonas afectadas por la violencia que padeció el país durante más de 50 años.

Y es importante porque se trata de resarcir no solo a las más de 8 millones 666 mil 577 personas sujetas de asistencia y reparación, de acuerdo con las cifras entregadas por la Unidad de Víctimas, sino también a las diferentes regiones que necesitan obras de infraestructura y atención para su recuperación socio-económica.

La ley 1448 de 2011 estableció que se consideran  víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 en hechos ocurridos  con ocasión del conflicto armado interno.

La norma prevé que las víctimas tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Para lograr la financiación del programa se creó un Fondo Especial por más de 7.9 billones de pesos en 2011.

A pesar de los esfuerzos presupuestales, solo el 7% de las víctimas han sido indemnizadas según un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley. Eso quiere decir que el Estado ha invertido más de $3,1 billones para indemnizar a 503.716 víctimas. Adicionalmente, advirtió que ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva han terminado.

Es necesario que el Estado le cumpla a las víctimas que son el eje central de la finalización del conflicto armado, así como la garantía de reparación y no repetición a la que está obligado el grupo armado causante de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Pero, si la reparación a las víctimas necesita más eficiencia, preocupan las recientes denuncias por presuntos malos manejos de los recursos para el posconflicto, dineros que provienen no solo del Presupuesto General de la Nación sino de la cooperación internacional. Son recursos destinados para la atención de las comunidades afectadas por el conflicto.

Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación deben avanzar en las investigaciones para aclarar lo que está sucediendo con estos recursos. El Gobierno Nacional debe seguir dando las explicaciones sobre el manejo de los mismos de manera detallada y por esa razón en el debate de control político que se realizó el pasado 2 de mayo en la Comisión Primera de la República solicité que el ministro de Posconflicto entregue las explicaciones del caso en una sesión posterior, debido a que no pudo asistir por razones de salud.

Se trata de un tema delicado ya que se trata del manejo de millonarios recursos.  A la fecha al presupuesto autónomo del Fondo Colombia en Paz se han asignado 875 mil 671 millones de pesos.  Para funcionamiento 17 mil 935 millones de pesos. A las subcuentas misionales que administra el fondo en conjunto con las demás entidades designadas por el Gobierno Nacional se han asignado otros 857 mil 763 pesos.


 Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación deben avanzar en las investigaciones para aclarar lo que está sucediendo con estos recursos.


Un informe de la Contraloría General de la República entregado al Congreso de la República durante el 2017 se asociaron 89 proyectos al acuerdo de paz por un valor de un billón 18 mil millones de pesos. La ejecución presupuestal es de 67 % al 31 de diciembre.

El Fondo Colombia en Paz, recibió $875.671 millones, de los cuales se comprometieron $727.046 millones al 13 de abril de 2018; el Fondo Multidonante recibió US$89 millones, de los cuales se han ejecutado US$67,2 millones, a través de 69 proyectos;  el Fondo Unión Europea recibió $94 millones de euros y se han ejecutado $56 millones de euros y en el Fondo Colombia Sostenible se recibieron US$210 millones, lo cuales no se han ejecutado a la fecha.

Entre los proyectos ejecutados, está el de apoyo a la implementación de la JEP por US$4,7 millones, de los cuales se han ejecutado US$4,3 millones, del total de estos recursos 46 % se destinó a contratación de personas individuales y 37 % a firmas consultoras (US$1,6 millones).

Durante el debate en la Comisión Primera sobre el manejo de estos recursos, me impactó positivamente la intervención del Fiscal General de la Nación porque reveló detalles de estas investigaciones en las que se encontrarían involucrados alcaldes y otros funcionarios locales en estos hechos. Esperamos que avancen las investigaciones y las capturas porque, según dijo el Fiscal, informó al Gobierno lo que estaba pasando.

Por eso, es necesario que el gobierno de las explicaciones en detalle de cómo se han venido manejado esos recursos del caso, ya que se nos presentaron unos cuadros con el 86% de inversión pero es una información muy generalizada y existen denuncias que esos recursos no han llegado a las regiones.

Pedimos que haya transparencia y una permanente vigilancia de los organismos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Las acusaciones son graves. No podemos taparnos los ojos ante esta realidad, por eso se deben asumir las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.  Pero también debemos mirar hacia el futuro de manera que los recursos se inviertan realmente en el posconflicto.

Esta crisis debe ser una oportunidad para enderezar el rumbo, que sean castigados los responsables y que los recursos lleguen a las comunidades que las necesitan porque son ellas las principales afectadas por los 50 años de conflicto y que derivaron en un atraso en obras de infraestructura como vías, colegios y escuelas, vivienda, salud y educación.

 

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