“Nadie está por encima de la ley”

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Hace mucho tiempo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó de ser una entidad de bajo perfil para convertirse en un órgano independiente, visible, fuerte y contundente en su tarea de proteger a los consumidores colombianos. En esa labor ha sido fundamental la gestión desarrollada por el pereirano Pablo Felipe Robledo.

La Superintendencia de Industria y Comercio salió del ostracismo gracias al temple y firmeza de Pablo Felipe Robledo para evitar que se violara en el país la libre competencia y se desconociera el derecho de los consumidores a contar con un producto de buena calidad y un valor real. Es así como ha destapado la existencia de grandes carteles que acordaban precios como el de los pañales y el papel higiénico, en perjuicio del mercado y de millones de usuarios colombianos. Pero su gestión se ha enfocado en varios frentes.

Desde que llegó a la SIC, este abogado y profesor universitario, con amplia experiencia en el sector público, se ha dedicado a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y a promover leyes importantes a través del Congreso para proteger al consumidor. Además, ha adelantado innumerables investigaciones y aplicado sanciones a quienes han venido violando el derecho a la privacidad de los datos personales. Los resultados de la labor ejercida en ese campo han sido significativos.

Lo más importante es seguir consolidando esa política pública. Para nadie es un secreto que la entidad, que este año llega al medio siglo, pasó durante mucho tiempo como una institución desapercibida. “En el último quinquenio, la Superintendencia ha logrado tener un papel protagónico en la vida nacional, ya que hemos hecho lo que los países desarrollados llevan haciendo en 50 años”, en beneficio de la población, sostiene el funcionario.

Precisamente, la línea de acción sobre la cual se ha trabajado, le ha servido a Robledo para destapar los más sucios carteles empresariales que por años estuvieron operando en Colombia sin una entidad que los regulara. Los esfuerzos de la SIC están dirigidos no solo a proteger la libre competencia, sino también a blindar la economía de mercado y a los millones de usuarios que están expuestos cada vez más al ejercicio de prácticas desleales. “Nosotros protegemos ese sistema económico que adoptó Colombia que es la economía de mercado; sin embargo, eso no se protege con un artículo de la Constitución, eso se protege defendiéndola todos los días de los ataques que esa economía de mercado tiene. No hay para la Superintendencia una misión en el corto plazo más aspiracional que consolidar una política pública”, asegura.

Pablo Felipe Robledo admite que para el año 2010 la capacidad sancionatoria de la Superintendencia era irrisoria. “Trabajaban 400 personas y teníamos 38 mil millones de pesos de presupuesto anual. Hoy, ocho años después, la capacidad sancionatoria de la entidad es la más alta de todas las superintendencias. Tenemos más de 1.400 personas laborando, hemos más que triplicado el número de quienes trabajan aquí y tenemos un presupuesto cuatro veces superior al de hace ocho años”, destaca el funcionario.

Reconoce también que la institucionalidad en torno al fortalecimiento de la Superintendencia ha venido siendo infinitamente superior a lo que era en el pasado. Según el superintendente, esa efectividad se logró por una política pública en el Plan Nacional de Desarrollo de 2010 cuando empezó el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en la que se priorizó a la entidad como protectora de la libre competencia, de los consumidores y del Habeas Data. Años después, en el ranking que hacen los organismos internacionales, posicionan a la SIC al nivel de sus autoridades homologas de Europa.

La cartelización es una de las prácticas anticompetitivas más dañinas para los mercados y tiene un alto impacto en los consumidores. En los últimos años, las violaciones a la libre competencia se han hecho más visibles, puesto que las autoridades tienen bajo la lupa a las empresas y han dado a conocer sus hallazgos. Los avances en investigaciones a los carteles han permitido que Colombia sea uno de los países líderes en la región junto con Brasil, México y Chile.

AÑO

VALOR GLOBAL DE MULTAS

2012

$60.582 millones

2013

$175.571 millones

2014

$194.840 millones

2015

$364.348 millones

2016

$535.171 millones

2017

$345.257 millones

“La cartelización es una tentación para los empresarios porque, renunciando a competir y amangualándose, pueden dormir tranquilos. El sistema económico lo que necesita es que los empresarios estén preocupados por competir, por ser mejores, por ganarle al otro y en esa lucha al final son mejores empresarios”, señala Robledo.

La Superintendencia ha visibilizado un fenómeno que estaba presente pero escondido. “Hemos impuesto sanciones sin importar lo poderosas que sean o se crean. Hay empresarios que se creen que están por encima del Estado y las instituciones, y lo que le hemos demostrado nosotros es que nadie está por encima de la institucionalidad y el cumplimiento de la ley”, advierte Robledo.

Desde que asumió las riendas de la entidad, puso en la agenda pública la importancia de la libre competencia y la protección de los consumidores. Con esa visión, ha recorrido cada rincón de Colombia para hablar con los empresarios, dictar conferencias y asistir a reuniones. “No existe un país desarrollado en el mundo que no tenga una fuerte autoridad de protección de la libre competencia con gran capacidad sancionatoria. Esos países entendieron que para ser desarrollados hay que hacer respetar el modelo económico”, agrega.

Según Robledo, Colombia es una nación que cree cada día más en la importancia de proteger la libre competencia y sus consumidores. Reconoce que buena parte de la polarización del debate político, que existe hoy en día, gira en torno a saber qué país queremos. En su concepto, lo importante es que exista una autoridad que día y noche trabaje para su única misión: blindar el modelo económico escogido para superar la pobreza y avanzar hacia el progreso.

El superintendente admite que el tema de la corrupción, que incluye la existencia de los grandes carteles empresariales, ha afectado la percepción de los ciudadanos frente al futuro del país. Es así como el 2017 cerró con un ambiente de pesimismo, situación que poco a poco se está revirtiendo, gracias a las señales de recuperación.

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