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Negociadores, víctimas y ONG expresan su preocupación a la ONU por objeciones a la JEP

A través de una carta dirigida este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, negociadores, víctimas y organizaciones sociales, expresaron su preocupación ante el anuncio del Presidente Iván Duque de objetar seis artículos a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

En el mensaje, advirtieron que la medida presidencial puede lesionar gravemente la implementación del Acuerdo de Paz, así como el funcionamiento de la JEP y el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas.

“Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”, agregaron.

El siguiente es el texto de la misiva enviada a Guterres:

“El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.

El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”.

De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”.

En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el  señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”.

A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya  fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.

El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.

Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.

Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.

Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con  la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.

Señor Secretario:

Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.

PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

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