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“Nos hemos acercado más a la gente”

Todos los martes desde las 7 de la mañana, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Martínez Bravo, abre las puertas de su oficina para atender a la ciudadanía, cumpliendo así con una de sus promesas: acercar más la entidad a la gente. Pero su labor va mucho más allá. Por eso trabaja en fortalecer y mejorar los procesos contables y combatir de forma contunden la ilegalidad en el sector. El funcionario habló con la revista El Congreso sobre las políticas que se han puesto en marcha y la proyección que se tiene en el corto y mediano plazo.

Al asumir el cargo, usted anunció una vigilancia integral a los servicios de seguridad privada. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa dirección?

Se integró todo el tema de Sarlaft (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), hemos avanzado en prevención de la corrupción al interior de las empresas, donde se han emitido tres circulares, se han posesionado dos mil oficiales de cumplimiento al interior de las compañías y capacitado directamente casi cuatro mil personas en todo el territorio nacional. Hemos implementado de manera obligatoria la aplicación de las normas internacionales financieras y contables NIF, nos sometimos a que todas las empresas tenían que implementarlas. Esas han sido las conquistas, todo lo referente a la prevención de riesgos, lavado de activos, anticorrupción, la implementación de los procedimientos y todo lo referente a los conflictos de competencia.

Por ejemplo, en el componente de prevención de riesgos, se han hecho capacitaciones directas en las ciudades de Villavicencio, Barranquilla, Medellín, Cali y Pasto, y se han capacitado directamente a unas 3.800 personas al interior de las empresas. En el momento de renovar o de otorgar las licencias de funcionamiento se miran aspectos contables, financieros, administrativos y jurídicos, y ahí cobra mucho interés las NIF. En cumplimento con el Gobierno en línea y de acercamiento a la ciudadanía, creamos la figura de las mesas de trabajo, no solo directas, sino también virtuales. Es así como, a la fecha, llevamos 120 mesas de trabajo directas y 15 virtuales, lo que ha generado un contacto directo con la gente. La inspección y vigilancia es garrote, el control es acompañamiento, que se iguala a la prevención. Además, aquí se atiende todos los martes de 7 a 5 de la tarde a todo el mundo.

¿De qué manera se ha vinculado la Superintendencia al plan de seguridad que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional para combatir las distintas modalidades del delito?

Entendemos que este es un sector que tiene que trabajar de la mano con la seguridad ciudadana y la Policía. Nosotros somos rigurosos en el licenciamiento y en la renovación de las licencias, exigiendo la filiación a la red de apoyo, una figura que ya está creada. Todas las empresas tienen que estar vinculadas a la misma y calificadas por las redes de apoyo de cada ciudad. En eso somos estrictos.

Desde la Superintendencia se realiza el control para que la seguridad privada y las autoridades policiales trabajen en equipo para el bienestar de la población.
La vigilancia y seguridad privada ha ido profesionalizandose a través de los diferentes cursos que ofrecen las escuelas de capacitación.

Usted prometió mano dura a las empresas de vigilancia ilegales. ¿Qué balance se tiene de las acciones que se han emprendido para ponerlas en cintura?

A los empresarios se les ha dicho que puede llegar a desaparecer el sector si se le da más larga a los ilegales; por cada 100 legales que tenemos, pueden haber 30 ilegales. La norma nos dice que para combatir al operador no autorizado tenemos unas medidas preventivas que son la imposición de multas y la orden de terminar el contrato. Este año hemos  hecho 183 visitas a ilegales, sancionadas 60 con multas preventivas, y creamos un canal de quejas que se llama correo de ilegales. Pero he ido más allá, hemos hecho las visitas a los operadores no reconocidos, ellos están bajo la figura de una empresa constituida y registrada en cámara, pero no tienen la licencia. Lo mismo al empresario legal que se brinca las tarifas, eso lo hace una competencia desleal. Tenemos unas figuras terribles hoy en día, la ilegalidad y la competencia desleal.

¿Cuántas empresas con vigilantes y armas legalizadas están bajo control de la Superintendencia?

Hay 744 empresas de vigilancia, bajo la modalidad de limitadas y de S.A., hay 44 cooperativas, que reúnen entre 200 y 280 mil guardas, aunque la cifra es cambiante. Y en esas empresas están vinculadas 105 mil armas. Se están generando empleos directos a 265 mil hombres, más los empleos administrativos que se tienen. También vigilamos a otras empresas que ofrecen servicios de blindaje y capacitación en el sector.

¿Cómo ve la vinculación de guerrilleros reinsertados a la vida civil a empresas de seguridad privada?

En este momento, no se pueden incorporar porque la mayoría tienen antecedentes. No obstante, estamos en el cumplimento de un acuerdo y se tendrán que pasar unos procesos. Pueden llegar a tener todas las garantías ciudadanas, pero a la fecha, no, porque todos van a aparecer con antecedentes.

Las empresas de seguridad privada están generando 265 mil empleos directos al año.
¿Cómo está comprometida la Superintendencia con el país?
  1. En el tema de combatir la ilegalidad, hemos hecho este año 183 visitas a ilegales, y solo en los primeros 100 días del actual Gobierno llevamos 47 visitas a ilegales.
  2. Hay compañías que se les ha suspendido el servicio o negado su licencia, pero siguen prestando el servicio y quedan volando esas armas. En estos 100 días con las redes de apoyo, hemos decomisado 9 de ellas.
  3. El PEIS (Plan Educativo Institucional) se ha desactualizado, así que ya se proyectó la creación de un decreto para modificarlo y de esa manera adecuarlo a los adelantos institucionales y jurídicos.
  4. En el plan de inversión del año 2019, se tiene previsto destinar una suma considerable para actualizar y mejorar las herramientas tecnológicas que ayudan en los procesos contables y financieros de la entidad.
  5. La Superintendencia tiene un convenio con la Universidad Militar para capacitar a su recurso humano, con el fin de cumplir con el reto de brindar una vigilancia integral a las empresas.
  6. Con la Universidad Militar Nueva Granada, se va a crear el observatorio de vigilancia y seguridad privada. Es un centro de pensamiento para desarrollar política publica en compañía del sector educativo, con los investigadores semilla, directores de proyectos y con la información suministrada por la Superintendencia.
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