EL MATRIMONIO ENTRE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Columnistas Opinión


Hacemos un llamado por la unión sagrada que debe existir entre dos autoridades imprescindibles: los jueces de la República y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Solo estos dos actores institucionales, acompañados siempre de una ciudadanía activa y observante, pueden poner fin a la epidemia de violencia e impunidad que nos rodea.


Bien decía Álvaro Gómez Hurtado que no hay Estado de Derecho o Imperio de la Ley cuando a la gente la matan y sencillamente no pasa nada. Esta es la triste historia de nuestro país que encuentra en Gómez Hurtado y millones de víctimas anónimas la muestra fehaciente de nuestra decadencia moral e institucional, frente a la cual aún no hemos sido capaces de encontrar un antídoto contundente. Cada año asesinan en Colombia cerca de 12.000 personas, lo cual nos ubica en una tasa de homicidios de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha conceptuado que una tasa de este tipo, superior a los 10 asesinatos, debe ser considerada una “epidemia” y exige de las autoridades competentes acciones inmediatas. Esto nos refleja el gran reto que tenemos por delante en materia de seguridad y convivencia. Aunado a lo anterior, no es menos importante recordar que en nuestro país tenemos una tasa histórica de esclarecimiento de los homicidios cercana al 20%, según datos de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual concluimos que de cada 10 homicidios sólo dos logran esclarecerse, y el resto, por lo general, quedan condenados a la impunidad. Esta es la verdadera magnitud de la epidemia antes mencionada, cuyas víctimas deben convivir con el dolor de enterrar a sus seres queridos y saber que nadie responderá por el daño ocasionado. Es en medio de este contexto que los colombianos hacemos un llamado por la unión sagrada que debe existir entre dos autoridades imprescindibles: los jueces de la República y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Solo estos dos actores institucionales, acompañados siempre de una ciudadanía activa y observante, pueden poner fin a la epidemia de violencia e impunidad que nos rodea. Desde el Congreso de la República vemos con preocupación que la relación entre los sectores de la justicia y la seguridad en el país no es necesariamente la mejor. Es común oír al policía que se queja por capturar a un delincuente y presenciar cómo el aparato de justicia pronto lo deja en libertad, al tiempo que no faltará el juez o fiscal que se muestre desconfiado frente a la actuación de la fuerza pública por considerarla violatoria de los Derechos Humanos. Este sencillo ejemplo, se puede extrapolar a otros escenarios de mayor complejidad. ¿Cómo garantizar, entonces, la unión fraterna entre los estamentos de la justicia y la seguridad en Colombia? Seguramente la respuesta está en verificar qué ajustes en diseño institucional, financiamiento sectorial, sistemas de control, escenarios de articulación y coordinación, entre otras medidas, se pueden implementar para favorecer la actuación unificada de nuestras autoridades judiciales y de seguridad pública.

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha desarrollado un conjunto de acciones importantes para fortalecer el binomio justicia-seguridad, en el marco del componente de “legalidad” del Plan Nacional de Desarrollo. Muestra de ello son los esfuerzos que se están adelantando para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y orden público en todo el país, la superación del hacinamiento en cárceles, la descongestión judicial, el control al porte ilegal de armas y estupefacientes, el fortalecimiento de la tutela y otros mecanismos de justicia, entre otros. Así las cosas, confiemos presenciar prontamente el feliz matrimonio entre la justicia y la seguridad en Colombia, seguros que de esa unión obtendremos la anhelada paz.

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