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Pacto por la legalidad

El Plan Nacional de Desarrollo -“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” -ha sido construido sobre bases de pactos estructurales en los que hemos plasmado nuestras ideas para el ejercicio del Gobierno en los próximos años. En este plan, la legalidad se construye a partir de un matrimonio feliz e indisoluble entre la seguridad y la justicia; porque la seguridad garantiza o debe garantizar ausencia de violencia y la justicia debe encarnar la aplicación objetiva a cualquier persona que trasgreda la ley, quien debe responder por ello.

La justicia es uno de los más importantes objetivos del Estado, porque sin ella no podremos materializar las palabras Libertad y Orden, contenidas en nuestro escudo. En la Casa de Nariño me acompaña la figura siempre ferviente y gloriosa de José Ignacio de Márquez; un gran jurista que acompañó al Libertador y que sobre sus hombros están los primeros visos de la institucionalidad jurídica de la Patria. 

De Márquez es un Presidente, que quizás no ha sido lo suficientemente estudiado por los historiadores, pero a quien siempre recuerdo cuando decía que “la Justicia es Justicia cuando realmente logra que la sociedad la cumpla y la aplique por el imperativo moral de hacer de ella un contrato social”. 

Por este motivo, tenemos que entender que la justicia no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas públicas, por lo que hoy Colombia requiere un debate serio en materia de legalidad. La legalidad de nuestro país tiene que ser una conquista permanente en todo el territorio y mucho más cuando se ha olvidado por parte de algunos que han pretendido desde la criminalidad amenazar la institucionalidad. 

Debemos ratificar a diario que la legalidad no está sujeta a negociación y que es la propia Constitución la que nos exige hacerla cumplir en todo el territorio con el precepto de proteger la vida, honra, bienes y libertades de todos los colombianos. Por eso lo que tenemos que buscar todos unidos es que la legalidad triunfe. Y esto implica que entendamos que la discusión no es solamente sobre los derechos, sino también sobre los deberes.

Imperio de la Ley

Con el Pacto por la Legalidad, se busca recuperar la seguridad con autoridad y orden.

Bajo la premisa de los derechos y los deberes, construimos el Pacto por la Legalidad, que busca la seguridad efectiva y la justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia, así como la consolidación del Estado Social de Derecho para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. En este Pacto, manifestamos nuestras acciones decididas para recuperar la seguridad, con autoridad y orden, nuestra alianza contra la corrupción y la línea de acción sobre el imperio de la ley y la convivencia. 

Hemos destinado un presupuesto de 132,7 billones de pesos para esta línea, uno de los más altos entre los distintos sectores. Con estas acciones, buscamos que la dignidad humana y las libertades individuales y colectivas se garanticen de conformidad con la ley y una justicia cercana a la gente, moderna, efectiva y oportuna. Por ello, nuestros objetivos están enfocados en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con apego a la ley, el mejoramiento de la gestión del Sistema de Justicia, el fortalecimiento de los mecanismos de defensa jurídica del Estado y la implementación de una política criminal integral coherente con la realidad nacional. 

En procura de lograr estos objetivos, implementaremos la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos; avanzaremos en la construcción de modelos de justicia local y rural para lograr rutas de acceso; consolidaremos el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; impulsaremos reformas para endurecer las penas contra los corruptos y disminuir la reincidencia en delitos y promover la resocialización de sus autores. Asimismo, fortaleceremos el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en vía de prevenir el delito en nuestros jóvenes, especialmente en los más vulnerables. 

Nuestros avances

Operativo de la Policía Nacional contra el microtráfico de drogas.

El camino para el cumplimiento de estas metas ya se inició. Durante estos meses de Gobierno, por medio de la política ‘Ruta Futuro’, nos hemos ocupado de los problemas de consumo, lavado de activos, oferta de drogas, cultivos ilícitos, crimen organizado y transformación del territorio. 

Hemos alcanzado importantes logros en esta lucha contra el narcotráfico, como la erradicación de alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos y el decomiso de más de 3 millones de galones de insumos líquidos, el equivalente a casi cinco piscinas olímpicas. Más de 4.500 laboratorios y otras infraestructuras para el procesamiento de drogas ilícitas han sido destruidos así como unas 414 toneladas de clorhidrato de cocaína han sido incautadas por las autoridades. 

Con el Plan Cárceles hemos avanzado en el cumplimiento del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Hemos entregado más de 300 obras de mejoras en las cárceles. Además, el Ministerio de Justicia ha potenciado en este tiempo los métodos alternativos de resolución de conflictos: más de 120 mil casos para conciliaciones han sido registrados. 

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha estrenado ministra: la doctora Margarita Cabello Blanco, quien tiene la responsabilidad de avanzar en todas las reformas necesarias para alcanzar una visión moderna del aparato judicial. También le hemos encomendado la tarea de continuar la implementación de la política ‘Ruta Futuro’ y de liderar todos los esfuerzos para combatir con efectividad el narcotráfico desde el punto de vista normativo. 

La justicia, como pilar de la legalidad, cuenta con nuestro firme compromiso que se materializa en el Plan de Desarrollo, en sus iniciativas y políticas y en su efectivo liderazgo sectorial.

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