Partido Farc denuncia asesinato de dos exguerrilleros en proceso de reincorporación


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“Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”: partido Farc.


El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves que dos de sus miembros fueron asesinados mientras se encontraban en el proceso de reincorporación a la vida civil.

El cuerpo sin vida de Sebastián Coy Rincón, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Mariana Páez” ubicado en el departamento del Meta, fue encontrado en la zona rural del municipio de Uribe, luego de que el exguerrillero fue reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre. En circunstancias similares, afirmó la bancada, se halló el cadáver de Ángel Aleyser Meléndez en la vereda el tablón del municipio de Leiva, Nariño.

“De acuerdo con la información suministrada por pobladores de estas dos regiones del país, en el caso de Sebastián Coy, el hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampados integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta; respecto de Ángel Meléndez llama la atención que pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, aseguró la colectividad en un comunicado.

Los miembros del partido le solicitaron al Presidente Iván Duque Márquez una reunión con el fin de poner sobre la mesa “acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas a quienes fuimos firmantes del Acuerdo (de paz) y los miles de líderes y lideresas sociales que realizan su actividad en los territorios”.

Ante este panorama, el pasado lunes, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos (PAO), con el fin, según lo afirmó el jefe de Estado, de prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales.

No obstante, ante esta realidad, la bancada pidió “de inmediato” la intervención de la comunidad internacional, especialmente de los países garantes, con el fin de demandar del Estado colombiano el cumplimiento del Acuerdo firmado por ambas partes en La Habana, Cuba, en 2016.

“No vamos a permitir que se siga arrebatando la vida a los constructores de Paz mientras las estructuras paramilitares se fortalecen en territorios “consolidados” por el Gobierno Nacional”, concluyó la misiva.

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