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Partido FARC radica proyecto de ley para dar tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos ilícitos

El partido FARC y la Convergencia por la Paz, la vida y la Democracia, radicaron este miércoles el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito. “En respuesta a la insistencia del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, de recurrir a la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha contra el narcotráfico, y dando continuidad a lo establecido en el Acuerdo de Paz”, se presentó una propuesta construida en diálogo con varias organizaciones sociales para proteger a las “familias campesinas que no vieron más alternativa económica en un campo azotado por la crisis, que el cultivo de coca, marihuana o amapola”, anunciaron a través de un comunicado.

Según la propuesta, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) identificará quienes puedan beneficiarse del tratamiento penal diferencial y que siguientes requisitos tendrían que cumplir:

1. Que se trate de la comisión de alguna de las conductas punibles previstas en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000.
2. Que se trate de pequeños agricultores o agricultoras, pequeños productores o los sujetos que tengan la calidad de intervinientes en el primer eslabón de la cadena de producción de cultivos de uso ilícito.
3. Que no se les demuestre pertenencia a grupos armados organizados .
4. Que se manifieste ante la Dirección del PNIS, o quien haga sus veces, o ante cualquier autoridad estatal, una declaración voluntaria para ser acogida dentro de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y oportunamente suscriba un acta de compromiso ante las autoridades administrativas competentes.
5. Que no se reincida en la comisión de las conductas punibles.
Se exonerará de sanciones penales a pequeños cultivadores que hayan manifestado la voluntad de sustituir sus cultivos y se priorizará en la atención a mujeres en condición de pobreza y a los pueblos étnicos.

El partido aseguró que espera poder aprobar este proyecto y así “dar confianza y garantías a las familias que ya están participando en los programas de sustitución concertada y que necesitan una inversión social comprometida con el desarrollo y los derechos de las comunidades”.

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