Por qué están matando a los líderes sociales

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En lo corrido del 2018, han desaparecido a “cuenta gota” más de 123 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Un espiral de violencia que no cesa, con crecientes amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados, la mayor parte de ellos en territorios abandonados por el Estado. Según datos del Centro Nacional de Consultoría y Codhes, el 57% de los homicidios ocurrieron en los municipios que hacen parte de las Zonas Más Afectadas Por el Conflicto Armado (ZOMAC), donde se avanza en la reconstrucción de tejido social.

Temístocles Machado se encontraba la tarde del 27 de enero, como de costumbre, en el parqueadero del cual era propietario. Allí, muy cerca a la vía alterna del barrio Isla de la Paz en Buenaventura, se encontró con la muerte, después de esquivarla en varias oportunidades, tras recibir varios impactos de bala. Temis, como le decían sus allegados, representa a los más de 123 líderes sociales que han sido asesinados en todo el país en lo corrido del 2018.

Casos como el de este porteño se han presentado en departamentos afectados históricamente por el conflicto armado colombiano, como lo son Antioquia, Cauca, Chocó, Sucre y Norte de Santander, entre otros, en donde dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos han perdido la vida en su intento por visibilizar los problemas más sentidos de su región. “Hasta el momento, la Defensoría ha dicho que hay cerca de 282 muertos entre noviembre del 2016 y lo que ha pasado de este año. Nosotros en las cifras que manejamos decimos que superan los 400 en todo el país”, asegura el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla.

"El Presidente Duque debería reconocer el carácter sistemático de la persecución": Iván Cepeda

En primer lugar, reconocer la gravedad del fenómeno. Es una discusión que se ha venido librando durante ya largo tiempo sobre el carácter de estos asesinatos. Nosotros hemos señalado claramente que hay un perfil de las víctimas que no hace dudar. Es su labor social y política la que los lleva a ser asesinados, luego de haber padecido amenazas. Así que el Gobierno del presidente Duque bien haría con comenzar reconociendo el carácter sistemático de esa persecución.

 

En segundo lugar, por supuesto, hay que proteger a estas personas. Hacer que la unidad de protección esté encabezada por alguien que ofrezca garantías. Nos pareció en estos últimos días una decisión acertada el recapacitar sobre la posibilidad de que la señora Claudia Ortiz fuera quien estuviera al frente. Esperamos que su reemplazo sea una persona ecuánime y eficaz a la hora de proteger a los líderes sociales. 

Detrás de estos asesinatos no hay causas simplemente locales, o el hecho de que algún grupo armado quiera deshacerse de estos líderes. Uno de los ejes de esta campaña de asesinato es el tema de la restitución de tierra, se trata de líderes que son asesinados porque están al frente de procesos de restitución de las tierras que les fueron arrebatadas a los campesinos.

En segundo lugar, está el problema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Y ahí hay unas mafias que están unidas al narcotráfico, que no quieren que se produzca la sustitución de los cultivos. Otra situación claramente distinta, y que se ha querido encubrir con la minería ilegal, es la minería legal. Aquí no solamente están los mineros ilegales. Aquí hay macroproyectos petroleros, de explotación del oro, del carbón, del gas. No es solamente un problema de grupos u organizaciones criminales armadas.

 

 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre enero y marzo pasado, fueron asesinadas 56 personas, en su mayoría hombres, pertenecientes al sector rural y/o miembros de la comunidad de afrodescendientes. “Yo creo que estamos viviendo una nueva ola de violencia, no estamos hablando de un genocidio, pero sí estamos viendo una violencia generalizada que tiene como foco a los defensores de Derechos Humanos, activistas políticos y ahora periodistas. Esta es una situación que parece no tener fin o al menos la curva va a seguir creciendo de manera exponencial”, sostiene Carlos Guevara, representante del programa Somos Defensores, quien además considera que la respuesta del Estado ante estos hechos no ha sido lo suficientemente efectiva para frenar la crisis.

Según la organización no gubernamental, en lo que va del 2018, los asesinatos se duplicaron en número de casos con respecto al año 2017, lo cual representa un incremento de 130 puntos porcentuales. Para los investigadores, lo que resulta igual o más preocupante es que en el 55% de las muertes se desconoce la procedencia de los responsables. “La impunidad sigue siendo un factor principal de la continuidad de la violencia mientras no se sancione, investigue e individualice a los responsables”, sostiene Fabiola León, corresponsal en Colombia para la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

El proceso de paz entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la desmovilizada guerrilla de las FARC fue para muchos un alivio dentro de sus territorios. No obstante, desde el momento de la firma de los acuerdos, Colombia empezó a experimentar en mayor grado el asesinato y las amenazas desmedidas contra líderes sociales. La salida del escenario de la guerra en 2016 de uno de los principales actores armados del país dejó un vacío en las zonas que antes ocupaban sus integrantes, el cual ha sido aprovechado por bandas criminales al servicio del narcotráfico, para imponer el imperio de la ley o pasar “cuentas de cobro” a sus adversarios.

“Los acuerdos en sí mismos tienen una cantidad de instrumentos, para ser exactos, al menos 20 normas, leyes y/o disposiciones que hablan sobre el tema de protección a líderes”, asegura Guevara. Sin embargo, estas herramientas no se han podido poner a entera disposición de quienes se han visto amenazados en el ejercicio de su labor social, lo que, en su concepto, agudiza la situación. “Yo creo que es muy importante que se pongan a andar los sistemas de protección colectiva, que se dispongan los recursos necesarios, que se consigan las personas capacitadas para poner a marchar esta apuesta y que no se quede en el papel como está en estos momentos”, agrega.

 

La labor de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos es fundamental para garantizar la democracia dentro de una sociedad como la colombiana. Así como esta tarea es indispensable, lo es también el generar estrategias que aseguren la protección de quienes ejercen esa actividad. “Poder acabar con el número de asesinados y las respuestas preventivas a posibles ataques, son aspectos fundamentales en los que este nuevo Gobierno tiene que trabajar”, subraya Guevara.

De enero a marzo del 2018 se han presentado 66 amenazas y 12 atentados a líderes comunitarios y campesinos, situación que encendió las alarmas en el saliente gobierno, que para hacer frente a los ataques puso en marcha un plan de intervención en las zonas más afectadas por la violencia. No obstante, la nueva administración, en cabeza del presidente Iván Duque, ha manifestado su intención de actuar preventivamente, respondiendo a las alertas tempranas y aplicando una política pública que atienda la necesidad de proteger a quienes están en condición de vulnerabilidad.

Casos como el de Temístocles se han ido repitiendo sistemáticamente bajo un mismo patrón, el sicariato. Es así como en el mes de agosto se presentaron nuevas acciones de violencia que acabaron con la vida de Alejandro Jacanamejoy, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Leguízamo, Putumayo, y Emiliano Trochez, exgobernador del Resguardo Indígena de Guadualito, Santander de Quilichao, al igual que de otros que abanderaban la lucha por las tierras, la implementación del proceso de paz y que trabajaban por la sustitución de cultivos ilícitos en sus territorios.

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