PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL POR ETAPA DEL POSACUERDO

El informe señala que la voluntad política, la fuerza de la oposición y el creciente paramilitarismo han dificultado el proceso de implementación.

La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos divulgó este lunes un informe en el que expresa su preocupación por la lenta implementación de los acuerdos de paz en Colombia, tras la visita de una delegación de la Unión Europea entre marzo y abril de 2017 al país.

El reporte advierte la falta de voluntad política para facilitar el reingreso de la exguerrilla de las FARC a la vida civil, así como la presencia de “una extrema derecha anacrónica”, que ha dificultado el proceso de  reincorporación política para esa agrupación.

“Observamos una fuerte oposición a los acuerdos por parte de sectores poderosos del país representados principalmente por una extrema derecha anacrónica empeñada en hacer descarrilar el proceso unidos a sectores de la Fiscalía y la Judicatura”, señala el informe.

La comisión reportó, además, que existen “pésimas condiciones de habitabilidad” para los excombatientes en las zonas de concentración, a quienes tampoco se les están dando las condiciones de seguridad o garantías jurídicas en la etapa del posacuerdo.

Agrega la investigación que existe una creciente presencia de grupos paramilitares en el país, que amenaza no solo los integrantes de la nueva organización política de las FARC, sino también a líderes sociales y comunidades.

A pesar de ello, el Gobierno mantiene una actitud de negación del fenómeno paramilitar, calificando a estos grupos como “bandas criminales” o “grupos armados organizados”, sin enfrentar el problema en sus dimensiones reales”, denuncia el informe.

La delegación señaló, finalmente, que ha habido un debilitamiento de la comunidad internacional, que durante todo el proceso fungió como acompañante de las negociaciones e hizo un llamado para que los países europeos hagan un mayor seguimiento de los recursos que están entregando para el posconflicto.

“La Comisión considera que es necesario un mayor control de la comunidad internacional sobre la actuación de las empresas europeas y de otros países que tienen intereses en Colombia y que, demasiado a menudo, se convierten en generadores de violencia y expolio”, concluye el informe.

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