La Procuraduría lanzó este jueves un S.O.S. por la calidad del aire que respiran los colombianos y exhortó a las autoridades a reforzar de manera urgente el control a los miles de vehículos que circulan a diario por las vías del país.
El Ministerio Público advirtió que de no haber cambios inmediatos se seguirá poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones del medio ambiente, lo que de paso dejará a Colombia en un nivel de atraso frente a los estándares internacionales que actualmente se aplican. En el país anualmente mueren alrededor de 11.000 personas por causa del material particulado presente en el aire.
“El contaminante que más afecta la salud de los colombianos en las grandes ciudades es el material particulado (PM2.5) emitido principalmente por camiones, volquetas, motos 4T, buses, autos, motos 2T e industrias”, señala la Procuraduría en un boletín de prensa difundido en su página web.
Por ello, hizo un llamado a los ministerios de Transporte, Ambiente, Salud, Industria y Comercio y Minas, así como a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las corporaciones autónomas regionales y los alcaldes municipales, para que den estricto cumplimiento a las normas que buscan reducir las concentraciones de contaminantes que afectan la salud humana y la calidad del ambiente.
También exhortó a las autoridades locales a cumplir con su deber de exigir la reposición del parque automotor que haya cumplido su vida útil de 20 años y a vigilar el trabajo que realizan los centros de diagnóstico.
Pidió, además, verificar que los carros que circulen cumplan con los requisitos técnicos correspondientes, teniendo en cuenta que, según información de la Superintendencia de Puertos y Transporte, alrededor de 5.9 millones de vehículos en Colombia evaden su obligación de realizar la Revisión Técnico Mecánica.
Recordó que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 122 facultó a las autoridades a sancionar a los conductores, propietarios y empresas transportistas, por la violación de las regulaciones, prohibiciones o restricciones sobre emisiones contaminantes. Los castigos pueden ir desde la amonestación, multa e inmovilización del vehículo, hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducción.