Las propuestas económicas gubernamentales han sido el centro de atención para la opinión pública y el Congreso en este inicio del Gobierno de Iván Duque, quien ha lanzado un programa de duro ajuste en lo fiscal y tributario y la profundización de medidas que deben “poner la casa en orden”, para contribuir a salir de graves problemas sociales cuya solución se ha aplazado por décadas sin que se logre dar un verdadero paso adelante.
Si para otros gobiernos recientes la seguridad o los procesos de paz fueron las prioridades, los 100 días del Gobierno de Iván Duque Márquez han mostrado que lo esencial será la economía, en parte porque se argumenta otra vez que hay reformas estructurales inaplazables y también porque se recibió un país con evidentes crisis en frentes como el económico y el social.
Por esto, el Presidente ha planteado una serie de debates en torno a temáticas que van desde sus propuestas de financiamiento del gasto público, que incluyen un ajuste notorio en IVA y renta, que pasan por la agilización de las relaciones entre ciudadanos, empresarios y Estado y que llegan a la forma como se profundizarán sus promesas de campaña en los pilares de emprendimiento y equidad.
Hay incertidumbre en el país por las decisiones que se tomarán en el alto Gobierno y en el Congreso de la República, pues nunca se había puesto sobre la mesa un paquete de medidas de tanto alcance e impacto en la población, pero el Presidente Duque ha expresado constantemente su convencimiento de que existe una necesidad inmediata de corregir el rumbo en materias que no dan espera para ubicar definitivamente a Colombia entre los países más competitivos de la Región y como un lugar atractivo y confiable para las inversiones y los negocios.
El mandatario ha insistido en la urgencia de corregir asuntos del pasado para construir el futuro y ha dicho que el país se ha caracterizado por llevar a cabo transformaciones tranquilas, sin caer en ninguna forma de populismo, a pesar de la complejidad territorial y de los fenómenos de violencia que ha tenido que asumir en las últimas décadas.
Se destaca en este mismo contexto que la economía colombiana ha resistido crisis históricas como la de 1929 y la de finales de los noventas y que aun en las más duras circunstancias ha registrado niveles de crecimiento aceptables que consolidaron la imagen y el respeto ante la comunidad inversionista internacional.
Un reflejo de esto se observó en los 100 días, cuando se hizo una emisión de deuda por cerca de 2.000 millones de dólares con ofertas por casi 9.700 millones de dólares, lo que fue calificado como una exitosa operación por el entrante equipo de Gobierno.
Además de los cambios en lo tributario y fiscal, estas primeras semanas han servido para presentar los derroteros y estrategias en una economía que ha sido descrita como de altísima informalidad, débil en competitividad por vacíos en servicios públicos, en logística y trámites, en procesos jurídicos y marcada por desequilibrios tributarios que impiden a los sectores generadores de empleo ser más efectivos.
Esa informalidad y las obstrucciones al desarrollo empresarial, según lo dicho por el Presidente Iván Duque en su balance, tienen un costo enorme en los propósitos de equidad. “No podemos seguir viendo al sector privado como parte de los ingresos fiscales, mejor que sea un socio”, dijo el gobernante al reivindicar el sentido social de las actividades de empresa que deben ser el origen de empleos formales, estables y de largo plazo.
En este sentido, se han sugerido importantes exenciones tributarias para inversiones en el agro y en la denominada Economía Naranja, que ha surgido como otro puntal de los proyectos de desarrollo del actual Gobierno.
En este ambiente de expectativa se han presentado también las bases del plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el que aparecen los fundamentos para el esperado repunte del emprendimiento y el fortalecimiento de la legalidad, que deben concluir en la conformación de una sociedad más justa e igualitaria. Lo que sigue del Plan es que se convierta en el más discutido en el territorio nacional para que se haga lo que más le sirva al país, evitando sesgos ideológicos y hablando sobre lo que une y no sobre lo que divide a los colombianos.
En estos comienzos, Iván Duque ha dejado claro que su Gobierno será “el de los grandes cambios”, tal como lo ha referido al reiterar que “se debe poner la casa en orden”.
En 100 días ha recorrido los departamentos en el avance de un esquema de trabajo que se concreta en los llamados Talleres Construyendo País y de los que ha organizado más de 15, en regiones que padecen fuertes problemas de seguridad y de necesidades básicas.
Para atender zonas conflictivas, se llevaron a cabo 18 consejos de seguridad y los datos oficiales ya registran éxitos de programas como El que la Hace la Paga, a cargo, entre otros, del Ministerio de la Defensa. Ha crecido el pie de fuerza en lugares donde se ha requerido y se empezó a estudiar cómo se resuelven casos de déficits hospitalarios o educativos.
Desde el Gobierno Central se ha advertido de un ahorro para 2019 de 1,2 billones de pesos, mediante un plan de austeridad que se concentrará en gastos de funcionamiento.
El Presidente ha asegurado en sus primeros meses de mandato que está dispuesto a confrontar la verdad con la popularidad para convencer al Congreso y a la ciudadanía en general de que es el momento de los cambios fundamentales.
En particular, ante el Legislativo se ha mantenido la actitud de desarrollar una relación transparente, sin dádivas y en la que se respete la independencia de poderes, pero siempre en procura del bien común.
Los proyectos de amplio alcance que se llevaron a consideración de Cámara y Senado han tenido un trámite quizás más lento de lo esperado, pero en estos 100 días se ha hecho un intenso trabajo sobre la Ley de Financiamiento, de gran impacto en la opinión, el accidentado paso de las normas anticorrupción y reformas como la de Justicia, que igual han necesitado de un debate pausado y lleno de interpelaciones.
Caso particular viene siendo el de la educación superior, que implica una deuda histórica de recursos y soluciones y que se ha discutido en medio de un paro de universidades públicas. Duque ofreció un presupuesto más alto en un acuerdo con los rectores que no fue aceptado por estudiantes y profesores.
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Gobierno ha reclamado que esta debe ganarse la credibilidad del país y ha advertido que continuarán las capturas de quienes no cumplan con lo acordado porque “nadie se burlará del pueblo colombiano”.
Como complemento, en seguridad se ha reportado una disminución de la actividad delictiva por golpes al Clan del Golfo, a la oficina de Envigado y a grupos como el ELN, al cual se le ha exigido liberar secuestrados y dejar las acciones violentas para volver a estudiar una negociación como la que hacía curso con este grupo ilegal.
A esta agenda, que resulta compleja y que exige un tratamiento responsable, se sumarán problemáticas como la pensional, el uso del glifosato, la forma como se disminuirán las hectáreas de cultivo de coca y la migración de venezolanos.
En pensiones habrá que mirar cómo se aumenta la cobertura puesto que el número de personas con acceso a una mesada pensional es bajo y el deterioro de las condiciones sociales es cada vez mayor. Por ahora, Duque ha dicho que cree en Colpensiones, pero es posible que se esté preparando otra reforma profunda.
Sobre la coca y la economía ilegal que genera, se estudian múltiples herramientas, pero el reto visto desde las posturas gubernamentales es en esencia la disminución de las 200 mil hectáreas sembradas, un número que es analizado excesivo y de graves consecuencias.
Lo de Venezuela ha ocupado un lugar especial en las relaciones internacionales junto a medidas como el retiro de Unasur o la defensa del ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La crisis migratoria ha sido señalada como el producto de “una dictadura oprobiosa que destruye capital humano y social” y que en su forma actual de gobierno no es reconocida por Colombia.
Soluciones y no agresiones, uno de los presupuestos del actual Gobierno colombiano que asegura que siempre estará abierto al diálogo y a la negociación. Sin embargo, la lista de puntos por tratar combina la inmediatez de problemas severos y la obligación de tomar decisiones, pues en muchos casos se puede llegar a un no retorno o a lo insostenible. Duque lo sabe y debe actuar en consecuencia.
