RECUPERAR LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA, UN PASO HACIA UNA INSTITUCIONALIDAD LIBRE DE LA CORRUPCIÓN

Por, representante a la Cámara Eloy Chichí

Eloy Chichí

El segundo delito que más crece en el país es la corrupción contra la administración pública, es por eso que las noticias sobre este tema no se han hecho esperar en el país, demostrando cómo la corrupción sigue capturando las instituciones del Estado de Derecho.

Escándalos como los sobornos de la multinacional Odebrecht a algunas autoridades nacionales, los sobrecostos de la refinería Reficar, el indebido uso que presuntamente realizó Electricaribe a los subsidios de energía eléctrica, entre otros, han provocado que la ciudadanía pierda más su credibilidad en las entidades y autoridades  públicas.

Hoy día, ni la rama judicial, institución que durante años contó con el más alto prestigio y aprobación de los colombianos, se salva de los serios cuestionamientos que por las prácticas corruptas de algunos altos funcionarios judiciales ha hecho la Fiscalía General de la nación.

Esta situación, que escandaliza cada día más a los colombianos, hace necesaria una reflexión nacional sobre el funcionamiento del actual sistema de controles públicos, pues, al parecer, la forma como está diseñado no responde con eficacia al propósito de evitar el menoscabo del patrimonio público.

Lo anterior ha logrado que día a día haga más eco en nuestro país la necesidad de devolverle la función de advertencia a la Contraloría General de la República; esta función consistía en la posibilidad de advertir a las autoridades sobre operaciones o procesos en ejecución con el fin de prever graves riesgos que comprometieran el patrimonio público. La función de advertencia fue sorprendentemente suprimida por la Corte Constitucional en el año 2015 y dejó al órgano de control fiscal sin una de las herramientas más eficientes en la lucha contra la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos.

Es por eso que se debe resaltar que uno de los actores públicos que más ha reclamado la necesidad de devolverle tan importante herramienta a la Contraloría ha sido el propio contralor, el doctor Edgardo Maya Villazón, quien en distintos medios de comunicación y eventos académicos ha señalado que en este país se deben robustecer las funciones de los órganos de control y no debilitarlas, como mal ha venido sucediendo con decisiones tan infortunadas como la del alto tribunal en el 2015.

Por lo anterior es que en el Congreso de la República varios senadores y representantes a la Cámara hemos radicamos el proyecto de acto legislativo 007 de 201, iniciativa parlamentaria que busca reformar la Constitución Política de 1991 para devolverle la función de advertencia a la Contraloría General de la República.

Esta propuesta se diferencia de la derogada función de advertencia del 2015 en que propone elevarla a rango constitucional y contempla que la función de advertencia sea de carácter excepcional, en cabeza únicamente de la Contraloría General de la República y con dos límites claros: solo procederá frente a situaciones que generen graves riesgos al patrimonio público y no podrá traducirse en una forma de co-administración o injerencia en las funciones de las demás autoridades públicas.

Con iniciativas como esta, buscamos mejorar la arquitectura institucional para la lucha contra la corrupción y el detrimento del patrimonio público. Aunque somos conscientes de que la corrupción no solo se combate con reformar legales, sino también con un cambio en el comportamiento ciudadano y en la forma de concebir lo público, el fortalecimiento de nuestras instituciones, principalmente de los entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, despejan el camino para una nueva institucionalidad de transparencia y buen uso de los recursos públicos.

Confiamos en que este Proyecto de Acto Legislativo se convierta en una herramienta más de las distintas acciones que desde el Congreso de la República se vienen adelantando para combatir la corrupción y promover el buen manejo de los recursos públicos.

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