Reflexiones sobre la reforma necesaria a la justicia en el bicentenario de vida republicana

Jaime Enrique Granados Peña Abogado

Es conocido que desde los albores del nacimiento de la República, el libertador Simón Bolívar, en uno de sus primeros esfuerzos por darle orden a la naciente institucionalidad, se preocupó por llevar a cabo la primera reforma a la justicia que daba cuenta de un régimen heredado propio de la monarquía española, que no podía ser reemplazado sin más consideración de un día para otro, por ello como sabemos muchos aspectos estuvieron rigiendo con posterioridad a la independencia por varias décadas.

Ya desde ese entonces se avizoraba un grave problema de congestión a la administración de justicia, desde la monarquía española prácticamente todos los esfuerzos de las constituciones que hemos tenido siempre han buscado mejorar este sistema. Nada más llamativo que lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado en lo que fue el proceso de la Constitución que hoy nos rige.

Pero, si algo nos llama la atención del esfuerzo de los constituyentes de 1991, fue que se trató de una solución de compromisos, de reformas que quedaron a medias en el pasado. Tan es así, que en poco más de una década después de entrar en funcionamiento, exactamente en 2002, ya se estaban presentando profundas reformas a la justicia, especialmente penal, que culminaron con el acto legislativo 003 de 2002 que creó el sistema acusatorio en Colombia, que fue luego desarrollada en la Ley 906 de 2004.

Uno de los primeros temas que siempre se debe reformar es el funcionamiento de la justicia penal, pero, desde 1996, después de lo que significó la crisis del llamado Proceso 8000, quedó claro que era necesario también reformar el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, aspecto que se agudizó después con la “parapolítica”.

Estas iniciativas, como hemos visto hasta ahora, no se han podido realizar con éxito. De esta manera, conviene reflexionar sobre qué aspectos y por qué razones es necesario adelantar ahora una reforma a la justicia, visualizar cuál podría ser el camino para lograr que se materialice de verdad y que pueda terminar siendo implementada exitosamente. Y, qué mejor ocasión que cuando conmemoramos nuestro segundo centenario de establecimiento como República para darnos esta oportunidad.

¿Por qué se requiere una reforma a la justicia hoy?

Pues habría muchas razones dadas por las informaciones disponibles en las publicaciones académicas y periodísticas actuales que dan un diagnóstico que nosotros conocemos de sobra.

Resulta indudable que el sistema judicial colombiano lastra la competitividad del país, y, ¿por qué lo lastra?, porque lo va frenando justamente por la inseguridad jurídica que generan las continuas variaciones de criterios, la falta de predictibilidad de los fallos y, sobre todo, los constantes cambios, incluso de carácter legislativo, que generan una permanente incertidumbre de cuál es el derecho aplicable. Pero, además, hay que decirlo: no se trata de un tema que solamente preocupa a unos empresarios o a unos actores económicos propios de una minoría, sino que en general constituye una realidad que todos los colombianos percibimos en nuestra convivencia diaria, que no podemos ocultarla y no sólo afecta las transacciones económicas de los conglomerados, sino el ciudadano de a pie, común y corriente que tiene dificultades para lograr que se cumplan los contratos, o para lograr acceder a la administración de justicia y tener una respuesta cierta, pronta y cumplida.

Colombia, en posiciones por mejorar

Uno de los más recientes informes sobre competitividad global, el “Global Competitiveness Report” del Foro Económico Mundial 20172018, ubica a Colombia en la posición 61 entre 137 países observados por su desempeño, es decir, que nos encontramos en un lugar medio, por no decir mediocre. Y sí, es cierto que hemos avanzado frente lo que había antes, pero podemos avanzar mucho más y por eso, resulta sin duda impostergable avocar las reformas que permitan que se logre una mejor competitividad, pues la administración de justicia es un factor que impulsa la competitividad, si no se constituye como un freno de la misma, que es lo que desafortunadamente viene ocurriendo con el caso colombiano.

Desde los inicios de Colombia como República independiente, se han requerido constantes mejoras al sistema judicial.

Un país en el que su sistema legal de resolución de disputas lo posiciona en el número 122 de 137 países observados, deja mucho que desear. En efecto, justamente una de las dificultades que ha tenido históricamente Colombia es que, al no tener un sistema judicial confiable para resolver las controversias, deviene en que se recurra a la justicia privada. Esto quiere decir que se acude a mecanismos alternativos en la resolución de conflictos: sistemas informales que generan, en el mejor escenario una solución, pero que en el peor y, desafortunadamente más frecuente, derivan en una conflictiva mayor, porque recurre a vías de hecho que desinstitucionalizan al sistema.

Conforme al mismo estándar encontramos que ubica la independencia judicial del sistema colombiano en el lugar 111 de 137 naciones que componen dicho ranking, estamos ocupando los lugares traseros, los últimos puestos del mundo comparativamente hablando en un aspecto crucial como es la garantía de independencia judicial, sin la cual no puede haber administración de Justicia sino reglamentaciones injustas, es decir, que hay falta de credibilidad acerca de la capacidad que tiene el órgano legislativo de reglamentar adecuadamente y el judicial de hacer cumplir los fallos y nos está colocando en ese ranking en la posición 105 a nivel mundial.

El sistema judicial como herramienta en contra de la corrupción y a favor de su credibilidad

Las instituciones no son objetos desechables, sino que tienen que buscar al máximo subsistir con todas las reformas y transformaciones que sean necesarias; llegó el momento de hacer cambios que ayuden a mejorar la competitividad global y la capacidad de gestión de los conflictos. Ahora bien, no solamente desde el punto de vista cuantitativo y, de alguna manera, cualitativo, puede mencionarse las inquietudes que generan y las necesidades de un cambio de sistema judicial. El fantasma de la corrupción llegó, se afianzó y, de los demás factores, es el que más conspira contra la credibilidad de la administración de la justicia, minando la confianza de los ciudadanos y sembrando dudas en la transparencia de los órganos públicos.

El sistema judicial tiene que convertirse en la herramienta insustituble, por virtud, del combate contra la corrupción y la lucha por la obtención de credibilidad hacia las instituciones; tiene que volverse la gran palanca sobre la cual se construya o se reconfigura la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Con ello quiero decir que no se trata simplemente que adoptemos un modelo como el norteamericano, el alemán, el francés, el español o el italiano para hacer frente a la necesaria reforma la administración de justicia; se trata de encontrar cuáles son las mejores prácticas, las mejores instituciones que permiten a los países ser más vigorosos y más competitivos a nivel global; ver cuáles de ellas son compatibles con nuestra naturaleza que, sin duda son la mayoría, y materializar esas instituciones en propuestas legislativas concretas. ¿Para qué?, para lograr un sistema sencillo, eficiente, independiente y ágil que les ofrezca a todos los ciudadanos la justicia que merecen: imparcial y oportuna, una en la que todos creamos.

De ahí que resulte inevitable que nos convenzamos que, si no es a través de una Asamblea Constituyente, no vamos a poder generar esa reingeniería de la justicia. Claro, hacerla crea también incertidumbres, pero, finalmente, si no confiamos en nuestro pueblo ni tampoco en el constituyente primario, ¿podemos realmente decir que somos una democracia? Desde ese punto de vista, en estas breves reflexiones, mi propuesta es que, a través de una constituyente restringida en los términos del artículo 376 de la Constitución y sobre la base de un temario concreto, se proceda a reconfigurar nuestro sistema de justicia para que pueda cumplir con los desafíos de nuestro tiempo.

La corrupción ha disminuido la credibilidad de los ciudadanos en la justicia, así como en otras instituciones del país.
Comparte este contenido en tus redes sociales