Reforma a la justicia: una necesidad inminente

Reforma a la justicia: una necesidad inminente
Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior

El Estado, al actuar como un solo cuerpo, debe centrar sus esfuerzos en puntos esenciales que le permitan eliminar las trabas institucionales y, de esta forma, lograr consensos alrededor de una justicia accesible, oportuna y eficaz para todos los colombianos.

En ese orden de ideas, un punto fundamental, para generar verdaderos cambios, es eliminar las facultades electivas y nominadoras de las altas cortes, que politizan y alteran su función esencial, es decir la de administrar justicia. Además de esto, los aspirantes a determinada elección, se ven en la necesidad de realizar verdaderas campañas políticas al interior de las altas cortes, lo que redunda en una alteración de la independencia y autonomía de las mismas, deslegitima sustancialmente el proceso de selección y desnaturalizan su función esencial. 

En esta misma línea, el Consejo Superior de la Judicatura tiene actualmente una estructura de alta corte, motivo por el cual se dificulta el ejercicio efectivo de sus funciones y competencias. Esto podría subsanarse implementando un modelo más ejecutivo, en el que se suprima el Consejo Superior de la Judicatura, para dar paso a la creación de una Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, compuesta por una Junta Directiva, que asumiría el papel de máximo órgano de administración de la rama judicial y un Gerente –no abogado- encargado de materializar las decisiones asumidas por dicha Junta.

Mayor independencia

La reforma a la justicia debe establecer un único y máximo tribunal que concentre las jurisdicciones administrativa, ordinaria y constitucional, según la ministra

Asimismo, debería considerarse la eliminación del sistema de semicooptación entre las altas cortes, que también redunda en la politización de la justicia, pues concentra de forma mayoritaria grupos de interés y políticos que cooptan los mecanismos de elección, favoreciendo a personas de su mismo círculo y alterando así la autonomía de las altas cortes. Es por ello que pensar en un origen diverso de los candidatos a magistrados, podría garantizar independencia y objetividad de los mismos; una posibilidad es que las ternas fueran remitidas por la academia, el sistema de carrera judicial y el concurso de méritos equitativamente. 

La reforma a la justicia debe establecer un único y máximo tribunal que concentre las jurisdicciones administrativa, ordinaria y constitucional, tal y como existe en los Estados Unidos; es decir una verdadera Corte Suprema. Colombia requiere un órgano judicial idóneo, eficiente, oportuno y de cierre; integrado por salas especializadas correspondientes a las competencias constitucionales de las actuales altas cortes, esto encaminado a generar un verdadero precedente jurisprudencial, con el ánimo de mitigar la inseguridad jurídica derivada de las distintas decisiones judiciales de las altas cortes.

Seguridad jurídica

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, junto a los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara Restrepo y el secretario general de la Comisión I, Guillermo León Giraldo Gil.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, junto a los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara Restrepo y el secretario general de la Comisión I, Guillermo León Giraldo Gil.

Como factor determinante de la seguridad jurídica, también se requiere garantizar que los comunicados sobre las providencias de las altas cortes, únicamente puedan ser divulgados cuando el fallo haya sido suscrito por el funcionario competente y debidamente notificado o comunicado a los interesados.

Se requiere reevaluar y regular el procedimiento para la investigación y juzgamiento de aforados, así como crear una instancia independiente que forme parte de la estructura de la Rama Judicial para adelantar los procesos que correspondan, conservando el antejuicio político como garantía institucional. 

Una reforma de este alcance, requiere de una reingeniería constitucional profunda que contemple el levantamiento político del fuero de los congresistas, los magistrados, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y los demás aforados. Decisión que estará a cargo de la Cámara y el Senado, guardando siempre el fuero constitucional del Presidente de la República. 

Comparte este contenido en tus redes sociales